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Comunicado

La familia Abarca presenta su notificación a la Corte Federal de Apelación de Canadá, Exhortando que Se Investigue la Embajada Canadiense en México

Source: 
Family of Mariano Abarca – Justice and Corporate Accountability Project – Otros Mundos Chiapas – Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – MiningWatch Canada

(Ottawa/Mexico City/Tuxtla Gutiérrez) La familia de Mariano Abarca, quien fue asesinado hace casi 10 años por su liderazgo en protestas contra los impactos ambientales y sociales de una mina canadiense en Chiapas, México, entregó su notificación de casación con la Corte Federal de Apelación en Ottawa. Están apelando la decision en julio del juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Bowell, quien admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”, y aún rechazó ordenar una investigación.  

 “No aceptamos la última decisión de la Corte Federal por lo cual insistimos a la Corte Federal de Apelación que tome en serio nuestra petición. Hay evidencia sustancial que la embajada canadiens en México aumentó el peligró que enfrentaba mi papa y urge una investigación para asegurar que esto no vuelva a pasar”, sostuvo José Luis Abarca, hijo de Mariano.

La familia Abarca junto con un grupos de organizaciones mexicanas y canadiense entregaron su denuncia original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018 en base de documentación obtenida a través de una petición bajo la ley de transparencia en Canadá. Los documentos revelan que la embajada brindó apoyo esencial a la empresa Blackfire Exploration de Calgary, Canadá para que pudiera operar su mina de barita. Luego, seguía dando apoyo a la empresa – inclusive pidiendo que las autoridades de Chiapas callaran protestas de las comunidades – a pesar de su conocimiento sobre la intensificación de amenazas y criminalización que Mariano Abarca estaba enfrentando en las semanas y meses antes de su asesinato.

 “Este caso lleva a la luz el asunto de los estandardes eticos que los funcionarios publicos de Canada tiene que alcanzar con respecto al peligro para las defensoras de derechos humanos en el contexto de los intereses canadienses en el sector extractivo en el mundo", comentó abogado de derechos civiles Yavar Hameed de Ottawa quien representa a la familia.

Las decisiones del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública y de la Corte Federal de Canadá con respect a la petición de la familia Abarca para una investigación pone en cuestión si los funcionarios públicos tiene obligación de seguir políticas publicados en el sitio web del gobierno canadiense o anunciado en público. En este caso, su responsibilidad de seguir políticas relacionados con la responsabilidad empresarial social, la corrupción y los defensores de los derechos humanos ha sido citado por los litigantes. Ninguna autoridad ha sido dispuesto realizar una evaluación sera de los argumentos en base del interés public para abrir una investigación.

 “Este caso no es el único en donde hemos visto que la embajada canadiense sale a defender sus inversionistas mineros en medio de conflictos fatales en México. Tampoco nos sorprende la dura lucha que significa pedir esta investigación en Canadá cuando estamos hablando del rol del estado, pero es sumamente importante que las cortes canadienses tomen cartas sobre el asunto cuando el bienestar de comunidades actuando en defensa de su salud y su territorio por los daños mineros en México y en otras partes del mundo está en el balance”, dijo Gustavo Castro de Otros-Mundos Chiapas, otro litigante en el caso.

“Como familia estamos unidos en nuestra decision de persistir con esta lucha, convencidos que las autoridades canadienses tienen cierta responsabilidad por la injusticia que sufrió mi hermano hace diez años y la importancia de asentar un precedente para otros”, comentó el hermano de Mariano, Uriel Abarca.

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá, presentamos una queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciamos nuestra intención de llevar la denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendamos nuestro compromiso para lograr se efectúe la rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, estamos preparándonos para ejercer nuestro derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.