Antecedentes:

• El 8 de septiembre, en las redes sociales de la empresa minera canadiense Solaris Resources Inc. se emitió una comunicado de prensa para su accionistas que anuncia la firma del “Acuerdo de  Cooperación, Beneficios y Acceso para el Proyecto Warintza” con los Centros Shuar de Warints y Yawi.
• En el documento se señala que entre el Acuerdo están “compromisos y beneficios para las comunidades incluyen: mitigación de impactos, empleo, educación, capacitaciones y talleres, desarrollo de infraestructura y beneficios financieros”
• Según el documento el Sr. Daniel Earle, Presidente y CEO, manifestó que: “(...) El acuerdo se basa en la confianza establecida a través de la Consulta Comunitaria y nuestro Memorándum de Entendimiento (...)”.  
• Finalmente el documento señala que “El Acuerdo formaliza compromisos para apoyar nuestras comunidades asociadas en sus prácticas sociales y culturales. Además, prevé la eliminación o mitigación de impactos adversos (...)”

(Sucúa, Ecuador) Ante lo cual el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA), máxima autoridad organizativa, representante único, legal de las 47 comunidades y 6 Asociaciones que conforman el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), que incluyen los centros shuar Warints y Yawi, y que fue elegido legítimamente en Asamblea General el 31 de Marzo del 2019 y aprobado por la Secretaría  de Derechos Humanos y Culto el 27 de diciembre de 2019, en cumplimiento del mandato y atribuciones conferidas en los Estatutos de la organización y el Plan de Vida, damos a conocer a la Junta de Solaris Resource Inc y a la opinión pública que:

1)     Rechazamos rotundamente el “Acuerdo de Cooperación” suscrito entre la “Alianza Estratégica” presidida por el Sr. Vicente Tsakimp, expresidente del PSHA y los Síndicos de los Centros Warints y Yawi, con la empresa canadiense Solaris Resources Inc. sobre el Proyecto Warintza, ya que:

a.     La denominada “Alianza Estratégica”, de la que supuestamente forman parte los centros Warints y Yawi, es una fabricación ilegítima de la empresa minera para que a costa de ofrecimientos de beneficios manipular a los shuar y así avalar su presencia y explotar nuestro territorio. 

b.     Esta “Alianza Estratégica” no es un “relacionamiento innovador” como lo señala Solaris, es la misma estrategia que han utilizado empresas mineras y petroleras para avanzar con sus proyectos sin importarles el respeto a las estructuras legítimas y tradicionales de las organizaciones indígenas, lo que constituye una violación a los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador, artículo 51, numeral 1: “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.” y en el Artículo 5, numeral b del Convenio 169 de la OIT que señala que se “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos”.

c.      La “Consulta Comunitaria”  que señala el Presidente de Solaris, es un engaño más y constituye una seria violación a nuestro derecho al consentimiento, previo libre e informado que dicta que estos procesos deben “realizar las autoridades competentes” del Estado ecuatoriano y NO una empresa minera (artículo 57, numeral 7, Constitución del Ecuador), pero además los estandares internacionales, de obligatorio cumpliento, establecen que la consulta previa se debe realizar “a través de sus instituciones representativas” (artículo 6, Convenio 169 de la OIT)  y NO a través de instituciones inventadas por la empresa minera. La única institución representativa es el Consejo del Pueblo Shuar Arutam y su máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea.

d.     Debemos recordar a los Accionistas y CEO de Solaris Resources Inc., y las instituciones del Estado ecuatoriano que situaciones similares ya han sido superadas por las organizaciones indígenas, asistidos por sentencias en la justicia nacional e internacional, como la del Caso Sarayaku vs Ecuador , que no solo reconoció la vulneración del derecho al consentimiento previo, libre e informado sino que estableció estándares de obligatorio cumplimiento para el Estado y conllevo la salida de la empresa petrolera, con lo que fracaso del proyecto. Esta situación se ha repetido a lo largo de la Amazonía ecuatoriana y es que los pueblos indígenas nos mantenemos firmes en nuestra decisión de no a la explotación minera y petrolera en nuestros territorios. 

2) Exigimos a la empresa Solaris Resources Inc que se abstenga de continuar con estas acciones de manipulación a las comunidades, en vista de que ocasiona impactos sociales en las comunidades y está generando mucha tensión y conflicto, provocando fracturas a nuestro tejido social.  Requerimos su salida inmediata de nuestros territorios. En caso de no dar el cumplimiento se tomará otras medidas en base al ejercicio del derecho constitucional a la resistencia (Artículo 98). 

3) El  accionar de esta empresa trasnacional es totalmente repudiable y va en contra de nuestra histórica lucha, la que que hemos mantenido durante más de 25 años, en donde en  Asamblea tras Asamblea, las 47 comunidades del PSHA hemos manifestado un no rotundo a las explotación minera en nuestro territorio ya que somos defensores de la vida y de la Cordillera del Cóndor. Lucharemos por la defensa de nuestro territorio, nuestros bosques y la revalorización de nuestra cultura. La humanidad debe tomar en cuenta que nuestros territorios, nuestros bosques y nuestro conocimiento son de vital importancia para hacer frente a la crisis climática que está ocurriendo en el planeta. Nos declaramos en defensa de la vida y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional que se sumen a esta lucha por los bosques, el territorio, el agua y los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades. 

4) Solicitamos a los organismos de protección de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a Naciones Unidas, tomen atención sobre las violaciones a los derechos de los pueblos y naciones originarias que está cometiendo la empresa Solaris Resources Inc. con complicidad del Estado Ecuatoriano al sobreponer proyectos extractivos en nuestros territorios sin garantizar el fiel cumplimento de nuestros Derechos Colectivos. 

Sucúa a 23 de Septiembre del 2020

Firma, Prof. Josefina Tunki, Presidenta CGPSHA