Tres expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaboraron un informe contundente sobre la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en su mina Veladero de San Juan. Derrames, agua con cianuro y mercurio, silencio mediático e inacción de gobiernos y jueces. Y una población que dice no a la megaminería.

Escrito por Darío Aranda, Tierra Viva

"Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente", afirmaron tres relatores especiales de Naciones Unidas en un escrito de diez carillas repleto de cuestionamientos y advertencias por el accionar de Barrick Gold en su mina Veladero en San Juan. Con al menos cinco derrames en los últimos ocho años, desde la ONU alertan: "Expresamos nuestra grave preocupación por la afectación sobre los derechos humanos ocasionada por derrames de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas de la mina Veladero".

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para temas específicos. Es la primera vez que tres relatores especiales de Naciones Unidas se expiden, y de forma crítica, sobre un megaproyecto minero Argentino. "El agua que las comunidades rurales utilizan para la irrigación de cultivos ha sido contaminada por mercurio y otros metales pesados. Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el Gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames", denuncia la carta firmada por Marcos Orellana (Relator Especial sobre las implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión de sustancias peligrosos), Fernanda Hopenhaym (Relatora del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales) y David Boyd (Relator Especial sobre obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con un ambiente sin riesgos).

La denuncia recae sobre la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold en sociedad con la empresa china Shandong Gold Mining. Y los cuestionamientos son también para los gobiernos de Argentina y de San Juan. "Nos preocupa especialmente que estos derrames afecten severamente al derecho a la vida, al derecho al más alto nivel posible de salud, al derecho a la alimentación, al derecho de acceso a la información, al derecho a la justicia ambiental, al derecho al agua potable, y a condiciones de trabajo seguras, y al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y libre de sustancias tóxicas", alertan los especialistas de Naciones Unidas. Y recuerdan que los derrames de sustancias peligrosas requieren de respuestas "basadas en derechos humanos, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y de reparación integrales por parte del Estado y la empresa, así como medidas de prevención y garantías de no repetición".

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"No queremos ser otro Minamata"

Ante la gravedad de los hechos, y la poca repercusión mediática, las organizaciones internacionales Mining Watch Canadá y Earthworks —junto con la Asamblea Jáchal No Se Toca— convocaron a una conferencia de prensa en diciembre pasado. "No queremos ser otro Minamata. No queremos que nuestros niños sufran los efectos terribles del mercurio", reclamó Saúl Zeballos, de la Asamblea de Jáchal. Recordó que el agua contaminada con mercurio llega, sin dudas, a la ganadería y al agro de la región.

Jan Morrill, coordinadora de Campaña de Relaves de la organización Earthworks, afirmó que es una política de Barrick Gold negar los impactos que produce y no proveer información sobre su accionar. "Hay muchas similitudes, por ejemplo, con su actuación en República Dominicana, donde también contaminó el agua del lugar y obligó a que la población reciba agua embotellada", precisó. Y marcó una contradicción de la empresa, que al mismo tiempo muestra una reiterada práctica corporativa: "La compañía pidió que no se difunda la carta de los Relatores con la denuncia. Es muy curioso porque, justamente, uno de los pedidos a la empresa es la transparencia y que la población pueda acceder a la información. Y Barrick intenta silenciar a los Relatores".

También destacó una particularidad de la empresa en Argentina: "No habíamos visto que una mina esté dentro de una Reserva de Biósfera y dentro de zona periglaciar, zonas donde no debiera haber megaminería. Nos impacta que Barrick Gold imponga sus operaciones aún en zonas protegidas".

Viviana Herrera, coordinadora del Programa de Latinoamérica de la organización MiningWatch, señaló que la carta de los Relatores tuvo impacto en Estados Unidos y Canadá, pero llamó la atención sobre el "cerco mediático" que existe en Argentina respecto a los impactos de las empresas mineras. Citó como ejemplo, además de Barrick en San Juan, lo que realiza Pan American Silver en Chubut, con su proyecto Navidad y los continuos intentos de modificar leyes y desoír los reclamos de las comunidades locales. "Es bastante único el caso argentino respecto al silencio mediático, nos preocupa porque esta información debiera llegar a la población argentina para que se conozca lo que producen estas empresas", señaló.

Destacó que los impactos ambientales y sanitarios de las mineras "son cada vez mayores" y afirmó que las consecuencias se puede agravar si en San Juan avanza el proyecto Josemaría, de la minera canadiense Lundin. Recordó que el 60 por ciento de las mineras del mundo están en Canadá (de un total estimado en 1400 empresas) porque el país les asegura impunidad ante la violación de derechos humanos y de contaminación en otros países.

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