OTTAWA - Han pasado más de tres meses desde la detención arbitraria de cinco defensores del agua de Santa Marta en El Salvador y organizaciones canadienses e internacionales están marcando este momento como parte de una Semana Internacional de Acción para pedir urgentemente su liberación.

En un pronunciamiento publicado hoy, 38 organizaciones canadienses advierten que la detención de los defensores del agua constituye una violación directa del Acuerdo de Paz de 1992 y de la Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador, y piden al gobierno canadiense -quien en su momento apoyó plenamente el acuerdo- que se pronuncie al respecto. Al seguir con la detención y el proceso  en contra de los cinco defensores del agua, el gobierno salvadoreño se arriesga a violar un acuerdo que puso fin a una de las guerras civiles más sangrientas de Centroamérica, sentando un precedente perjudicial para la paz internacional.

Conocidos coloquialmente como los "5 de Santa Marta", Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez llevan años abogando por la protección del agua. Ellos desempeñaron un papel clave en la histórica decisión de El Salvador de 2017 de prohibir la minería de metales. Los cinco integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta fueron detenidos el 11 de enero de este año bajo cargos falsos por un presunto delito que se remonta al conflicto armado interno de El Salvador, cuando eran combatientes del FMLN, hace más de 30 años.

El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA), MiningWatch Canadá y la Iglesia Unida de Canadá se encuentran entre los firmantes de la carta abierta publicada hoy en la que expresan su profunda preocupación por la motivación política de las detenciones. Informes recientes indican que el gobierno salvadoreño busca reanudar las actividades mineras en este pequeño país centroamericano con escasez de agua.

Para Vidalina Morales, integrante de la Junta Directiva de ADES, estas detenciones representan un retorno a la persecución política y un esfuerzo para desmovilizar la fuerte oposición comunitaria contra a la minería en este momento crítico: "Su delito es luchar por unas mejores condiciones de vida y desafiar al poder corporativo, como las empresas mineras transnacionales". Los 5 de Santa Marta han sido trasladados a un centro de detención preventiva donde, al igual que otros miles de presos del país, corren el riesgo de ser heridos o asesinados antes de llegar a juicio. "No sabemos absolutamente nada sobre su estado actual de salud desde que fueron trasladados hace más de un mes", afirma Morales. "Estamos profundamente preocupadas".

"Las declaraciones realizadas por el fiscal en los días posteriores a las detenciones demuestran una falta total de pruebas en contra de ellos", afirma Luis Parada, abogado internacional que representó a El Salvador cuando fue objeto de una demanda multimillonaria de arbitraje internacional por parte de la empresa minera canadiense Pacific Rim. Parada, que ha seguido de cerca el caso de los 5 de Santa Marta, afirma que este caso se caracteriza por la falta de información y de garantías procesales y está rodeado de secretismo.

"Existe un claro patrón de criminalización de los defensores del agua y otras personas que se manifiestan en contra de la minería en toda la región", afirma Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. "Hacemos eco de las preocupaciones de nuestras contrapartes salvadoreñas de que estas detenciones tienen motivaciones políticas, ya que las empresas mineras, muchas de las cuales son canadienses, están viendo al país como un destino minero."

Christie Neufeldt, de la Iglesia Unida de Canadá, señaló que las organizaciones canadienses están participando en una Semana Internacional de Acción liderada por los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, como un seminario web celebrado recientemente y otras acciones que "instan al gobierno canadiense a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, abogar por la aplicación continua del Acuerdo de Paz, y utilizar todas las herramientas a su disposición para asegurar su liberación."

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Contactos para los medios de comunicación:

• Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canadá,  [email protected], 438-993-1264
• Christie Neufeldt, Iglesia Unida de Canadá, [email protected], 416-213-7680 ext. 4078
• Laura Avalos, convocante del APG Mesoamérica, [email protected], 819-319-0904
• Luis Parada, Abogado internacional que representó a El Salvador en el exitoso caso de arbitraje de 2016 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), [email protected] 
• Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, [email protected], +503-7498-4423