“No hay delito que perseguir”: Organizaciones internacionales aplauden el fallo del tribunal salvadoreño que declara inocentes a los cinco defensores del agua salvadoreños de los falsos cargos que se les imputan

Los cinco destacados Defensores del Agua que se enfrentaban a acusaciones bajo motivos políticos son héroes de El Salvador - y nunca deberían haber sido detenidos.

San Salvador y Washington, D.C. – El 18 de octubre, el tribunal que preside el juicio en El Salvador de cinco destacados Defensores del Agua dictaminó que los cinco son completamente inocentes de los dos cargos falsos de asesinato y asociación ilícita que se les imputaban.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que no apele esta decisión a fin de garantizar la libertad definitiva de nuestros compañeros lo antes posible”, declaró la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), entre cuyos líderes se encontraban enjuiciados. “En lugar de insistir en prolongar más este proceso, la Fiscalía debe pedir disculpas a los cinco y a la comunidad, y dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres que se cometieron contra Santa Marta y otras comunidades.” ADES celebró una rueda de prensa a las puertas del tribunal y hará pública una declaración más detallada hoy mismo.

En respuesta a la decisión, una coalición internacional de 14 grupos (enumerados al final) liderada por Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador emitió la siguiente declaración:

Los cinco destacados líderes comunitarios conocidos como los “5 de Santa Marta”, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, desempeñaron un papel decisivo en la exitosa campaña para salvar los ríos de El Salvador de la amenaza de la minería de oro. Con una votación unánime en la Asamblea Nacional de El Salvador en marzo de 2017, El Salvador se convirtió en la primera nación de la tierra en prohibir todo tipo de minería metálica.

Desde la detención de los cinco defensores del agua en enero de 2023, bajo cargos con motivos políticos, destacadas organizaciones e individuos han liderado una campaña nacional e internacional en 31 países exigiendo que se retiren los cargos falsos y denunciando las motivaciones políticas detrás de su detención ante la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

Más allá de la falta de pruebas, la persecución de este caso por parte del Fiscal General de la República ha asestado un duro golpe a la credibilidad del gobierno salvadoreño y a su afirmación de que sigue siendo una democracia y que no hay presos políticos. La presión valiente e incansable por parte de las organizaciones sociales y populares de El Salvador – en concierto con la solidaridad internacional-  puede haber funcionado hoy a favor de los Defensores del Agua, pero cientos de opositores políticos, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos siguen encarcelados. El movimiento de defensores del agua – liderado por las comunidades – se mantiene firme frente a cualquier intentol futuro para debilitar las protecciones del agua y de las tierras para comunidades en El Salvador. 

Nuestras organizaciones apoyan el llamado de los organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para que el Fiscal General de El Salvador pida disculpas a los cinco acusados, cuya salud ha sufrido enormemente durante los últimos 21 meses en los que han permanecido acusados y encarcelados por cargos falsos, y a la comunidad de Santa Marta, que sufrió auténticas atrocidades militares durante la guerra civil salvadoreña de 1980 a 1992.

Como se destaca en un crucial reporte de investigación de enero de 2024, las campañas nacionales e internacionales también han condenado la criminalización de defensores y defensoras del medioambiente, la falta de derechos legales y del debido proceso bajo el actual “régimen de excepción” impuesto por el gobierno salvadoreño, y han advertido sobre la intención del gobierno de El Salvador de revertir la histórica prohibición nacional a la minería metálica de 2017. 

Los cinco Defensores del Agua nunca deberían haber sido acusados, y la voluntad del gobierno salvadoreño de continuar con estas acusaciones a pesar de su clara inocencia indica una preocupante voluntad de perseguir al movimiento que representan estos cinco defensores del agua. Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que renuncie a futuros enjuiciamientos falsos y defienda el estado de derecho democrático en la futura búsqueda de una justicia verdadera.

Una delegación internacional de observadores formada por académicos y abogados de Canadá, Estados Unidos y México pudo observar la audiencia de vista pública y observóvarias transgresiones por parte de los fiscales durante los procedimientos. No sólo violaron la reserva en el caso, exponiendo imprudentemente las identidades de testigos y observadores, sino que mostraron un “comportamiento excesivamente agresivo” hacia los testigos.

El movimiento de solidaridad internacional apoya el llamamiento de la sociedad civil salvadoreña y de las organizaciones de derechos humanos para que se ponga fin al actual “régimen de excepción” en El Salvador, que se libere a miles de personas que han sido encarceladas injustamente y que se garantice la vigencia de la histórica prohibición nacional de la minería metálica de 2017. 

“Aplaudimos este veredicto como señal de que la justicia debe prevalecer en El Salvador. Los cinco destacados Defensores del Agua que se enfrentaron a acusaciones por motivos políticos son héroes de El Salvador, y en primer lugar nunca deberían haber sido detenidos”, ha declarado John Cavanagh, asesor principal del Instituto de Estudios Políticos. “Estos cargos tienen claras motivaciones políticas, y a través de ellos, el Fiscal General salvadoreño mostró una asombrosa falta de respeto por los derechos humanos y el medio ambiente en El Salvador. Pero la lucha no ha terminado – tenemos que asegurarnos de que la persecución de estos líderes comunitarios y del movimiento ambientalista no continúe, y que ellos y otros defensores puedan continuar su trabajo con seguridad. Desde el inicio, el hecho de haber llevado este caso muestra la voluntad del gobierno salvadoreño de intentar revertir las protecciones bajo la histórica prohibición a la minera metálica en 2017.”

“Agradecemos a las cientos de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que trabajaron incansablemente durante más de 20 meses para denunciar esta injusticia. Un fallo condenatorio habría sido una sentencia de muerte para nuestros compañeros, ya que las condiciones inhumanas de las cárceles salvadoreñas se han convertido en una trampa mortal para las personas de edad avanzada que padecen enfermedades crónicas”, declaró Vidalina Morales, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES). “Instamos al Fiscal General a no apelar esta decisión ante los tribunales superiores, pero estamos dispuestos a acudir al sistema internacional de derechos humanos, si es necesario, para defender su inocencia y su vida”.

“Tal como habíamos advertido, la absolución de nuestros defensores ambientales era la única resolución legal y justa. Se ha impuesto también el interés nacional y el bien del país,” continua Morales. “Reconocemos el profesionalismo, la independencia y la valentía de las juezas que integran el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, quienes aplicaron correctamente la ley y no han cedido a la presión de intereses y poderes extrajudiciales que conspiraron para inventar este caso.”

“Aplaudimos el veredicto. Es una victoria importante para la justicia ambiental y los derechos humanos”, dijo Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Nos unimos a la sociedad civil salvadoreña, en particular a las organizaciones ambientalistas como ADES, que han trabajado arduamente en el caso, y esperamos que siente un precedente para cualquier caso futuro de defensores del agua que enfrenten un enjuiciamiento por motivos políticos en El Salvador”.

“A través de la unidad, la convicción y la valentía, y con un abrumador apoyo internacional, el movimiento popular salvadoreño ha detenido hoy una grave injusticia”, ha declarado Alexis Stoumbelis, director de organización del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). “No deberían haber sido necesarios más de veinte meses de una masiva campaña nacional e internacional para liberar a estos líderes comunitarios cuando no había pruebas de que se hubiera producido un delito, y todo el mundo lo sabía. Por ello, las organizaciones internacionales y los gobiernos también deben unirse al llamado en favor de la libertad y la justicia para las decenas de dirigentes sindicales, defensores de la tierra y líderes comunitarios que han denunciado ataques contra sus derechos y su democracia y que ahora están en la cárcel, se enfrentan a cargos falsos o se encuentran en el exilio, y para las decenas de miles de personas que han sido detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción. Sus vidas corren peligro cada día que permanecen en prisión”.

Esta declaración es endosada por: Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, Americas Policy Group/Groupe d’orientation politique pour les Amériques (APG-GOPA), Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Common Frontiers, CoDevelopment Canada, el Proyecto de Comercio y Minería del Institute for Policy Studies, InterPares, MiningWatch Canadá, Pax Christi International, La Iglesia Unida de Canadá, la Fundación SHARE, Hermanas de la Misericordia – Equipo de Justicia, y la Sociedad Ética de Washington.

Contactos de Prensa:

• John Cavanagh, Institute for Policy Studies: [email protected], +1 (202) 297-4823
• Pedro Cabezas, Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, y Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN),  [email protected], +503-7498-4423
• Alexis Stoumbelis, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), [email protected], + 1 (202) 521-2510 ext. 205
• Olivia Alperstein, Institute for Policy Studies: [email protected], +1 (202) 704-9011
• Viviana Herrera, MiningWatch Canada: [email protected], +1 (438) 993-1264
• Christie Neufeldt, Iglesia Unida de Canadá: [email protected], +1 (231) 7680 ext. 4078 
• Profesor Jorge Cuellar, Miembro de la delegación internacional de observación del juicio, [email protected]
• Profesor Bernie Hammond, Miembro de la delegación internacional de observación del juicio, [email protected]