Los 5 de Santa Marta se enfrentan a un nuevo juicio por cargos con motivación política que se remontan a la guerra civil, a pesar del veredicto unánime que confirmó su inocencia en octubre de 2024

San Salvador y Washington, D.C. – Mientras el presidente Nayib Bukele ofrecía subcontratar a Estados Unidos parte del mortífero sistema penitenciario de El Salvador durante la visita del lunes del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un grupo de defensores del medio ambiente salvadoreños, internacionalmente reconocidos, desafiaron públicamente la legitimidad del sistema judicial del país al negarse a comparecer como acusados en un caso contra ellos políticamente motivado.

En enero de 2023, la policía detuvo a cinco destacados defensores del agua de la comunidad rural de Santa Marta por cargos que presuntamente se remontaban a la guerra civil del país y los mantuvo incomunicados durante más de ocho meses. Los cinco habían desempeñado un papel decisivo en la heroica y exitosa lucha del país para aprobar en 2017 una histórica ley que prohibía la extracción de metales tóxicos en El Salvador, prohibición que Bukele y su partido revocaron recientemente.

Cuando finalmente fueron juzgados en octubre de 2024, el tribunal desestimó todos los cargos contra ellos por falta de pruebas. Sin embargo, en una sentencia que ha sido ampliamente condenada como una parodia de la justicia, un tribunal de apelación anuló el veredicto de inocencia, permitiendo a la Fiscalía General juzgarlos de nuevo por los mismos cargos a partir del 3 de febrero.

En la mañana del juicio, en ausencia de los defensores del agua, los miembros de la comunidad leyeron en voz alta una carta abierta que habían escrito “al movimiento ecologista, al movimiento social salvadoreño, a las iglesias, a las universidades, a los académicos y a la sociedad en general.”

"Hemos decidido no prestarnos a que continúe el juego de los magistrados de la Corte de Apelaciones y del gobierno para manipular este caso", escribieron los 5 de Santa Marta, como han llegado a ser conocidos internacionalmente. Calificaron el nuevo juicio como "una decisión política, no jurídica", escribiendo que los magistrados del tribunal se han "prestado" a una "manipulación del proceso judicial, evidenciando una total dependencia del sistema judicial al poder ejecutivo". Como resultado, escribieron, "no hay garantías de un juicio justo y legal y exponernos a esta decisión política pone en riesgo nuestras vidas."

"Esta decisión", continuaron, "es una acción de resistencia contra los abusos y la arbitrariedad judicial … Somos inocentes y no queremos convalidar una farsa de Sistema de Justicia cooptado por el régimen de turno y que no ofrece ninguna garantía de un  debido proceso y de nuestra seguridad e integridad, por ello hemos decidido resguardarnos para proteger nuestra integridad."

Antes de la audiencia programada, más de 300 organizaciones y 180 académicos de 44 países pidieron al gobierno que retirara los cargos y rechazara la minería metálica a raíz de una nueva ley aprobada en diciembre de 2024 que permite el regreso de la minería al país, omite las evaluaciones de impacto ambiental, carece de información transparente sobre las actividades mineras y no exige la consulta y el consentimiento de las comunidades que se verán afectadas.

En respuesta a la noticia desde el exterior del tribunal, los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, que lideraron la iniciativa, declaró: "Aunque nos sorprende la noticia, entendemos la decisión de los defensores del agua, dado que los riesgos a los que se enfrentaban al entrar en esta farsa de juicio farsa eran tremendos. A pesar de haber demostrado ya su inocencia ante el tribunal, podrían haber sido encarcelados inmediatamente por un delito que no cometieron y, una vez más, se les habría negado el acceso al debido proceso. Dada su avanzada edad y su grave estado de salud, ser encarcelados de nuevo equivaldría a una sentencia de muerte. Estos cinco no son sólo defensores del agua; son defensores de la justicia".

Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han documentado la muerte de más de 300 personas detenidas desde que Bukele suspendió los derechos constitucionales y el debido proceso en virtud de un "estado de excepción" que se renueva mensualmente desde marzo de 2022.

Como dejaron claro los defensores del agua en su carta abierta que fue leída a la multitud que se había concentrado frente al palacio de justicia ayer por la mañana: "Desde el inicio de esta persecución política en nuestra contra, hace más de dos años, advertimos que la verdadera razón [detrás de las detenciones] era la intención de reactivar la minería metálica. El anuncio presidencial de derogar la ley que prohíbe la minería en el país pocos días después del fallo que nos liberó, no deja lugar a dudas de que los intereses extractivos están detrás de esta criminalización en nuestra contra… Nuestro verdadero delito es oponernos a la contaminación y destrucción ambiental de los proyectos mineros que atentan contra el agua, la salud y la vida de la población del departamento de Cabañas y de todo nuestro país".

En una rueda de prensa celebrada en enero, un portavoz de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta denunció que miembros de las comunidades cercanas han informado de un aumento de la presencia militar en las zonas previamente identificadas por los intereses mineros.

"Estamos muy preocupados por la seguridad no sólo de los 5 de Santa Marta, sino de todas las comunidades que están en primera línea para proteger las frágiles vías fluviales de El Salvador", declaró John Cavanagh, del Institute for Policy Studies. "Hacemos un llamamiento al gobierno salvadoreño para que no tome ningún tipo de represalia contra la comunidad de Santa Marta por la decisión que tomaron los cinco de proteger sus propias vidas, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los gobiernos de todo el mundo para que se mantenga alerta y atenta a la seguridad de las comunidades de esta zona en los días, semanas y meses por venir”.

Contacts de Prensa:

• John Cavanagh, Institute for Policy Studies (IPS), co-autor (con Robin Broad) de Defender el Agua: Como la gente de El Salvador enfrentó la codicia empresarial (1-202) 297-4823, johnc@ips-dc.org
• Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), (503) 7498-4423, stopesmining@gmail.com
• Christie Neufeldt, La Iglesia Unida de Canadá, cneufeldt@united-church.ca
• Aideé Irina Tassinari Azcuaga, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aidee.tassinari@uacm.edu.mx