Chubut-Ottawa: 115 organizaciones, sindicatos y coaliciones argentinas e internacionales expresan profunda preocupación por la criminalización de defensoras/red ambientales en relación con su defensa del agua frente a la minería canadienseen una carta abierta a las autoridades provinciales de Chubut. Las organizaciones instan a poner fin a la criminalización de la protesta social en Chubut, respetar el debido proceso, las leyes y acuerdos internacionales y retirar los cargos que tienen motivaciones políticas en contra de las y los 6 condenados el 22 de abril.
La carta es enviada en el marco de una presentación judicial solicitando la impugnación y nulidad de las sentencias impuestas por la jueza Eve Ponce en contra de los seis ciudadanos de la provincia de Chubut. Además, se solicitó la recusación de la jueza. A los defensores y defensoras se les condena por delitos menores, en un proceso irregular, con escasas pruebas, y durante el cual se los estigmatizó, hostigó y criminalizó como violentos e incluso terroristas. Los delitos por los que se le acusa supuestamente fueron consumados durante la histórica protesta provincial, conocida como el Chubutazo, en defensa del agua de diciembre de 2021 que logró frustrar los intentos del Gobierno de imponer un proyecto de Ley para la zonificación que pretendía habilitar la explotación minera en la meseta central de la provincia. Un proyecto de ley que hubiera dado luz verde al proyecto minero de la empresa canadiense Pan American Silver.
“Estamos a la espera de que acepten la impugnación y recusación presentada por los abogados defensores porque claramente la jueza cometió arbitrariedades contra nosotros. Por estos días además siguen aprobando leyes a escondidas del pueblo. Particularmente, no pertenezco a ningún espacio político, pero no por eso soy ignorante de lo que pasa en Chubut y lo que pretenden hacer con nuestro río. Soy un vecino común y corriente pero consciente del mal que se nos viene por las prácticas políticas corruptas de la mano de los gobernantes de turno. Esperamos que la gente se movilice, se organice y encontremos nuevas formas de protesta. Estoy muy agradecido a toda la gente que ha acompañado y sigue acompañando, tan necesario ante esta profundización de la criminalización de la protesta”. Lucas Espinoza, uno de los acusados por el Chubutazo.
Las persecuciones judiciales en contra de los 6 ciudadanos se enmarcan en un contexto de criminalización más grande y con el objetivo en los defensores ambientales de toda la provincia, ilustrado por otros dos casos judiciales.
“A nosotros nos interesa que siempre podamos elegir en qué tipo de mundo queremos vivir y cómo queremos que se desarrolle la producción en nuestras tierras. Lo que queremos es un ambiente sano porque es lo único que nos va a garantizar la vida. No tenemos nada más que pedir. El cuidar y amar este territorio es lo unico que pedimos. Eso no nos debería hacer ni terroristas ni criminales a la vista de absolutamente nadie,” Noelia Silva, Asamblea de Autoconvocados por el Chubutazo quien enfrenta las siguientes dos causas.
En una de ellas, Silva, junto con cinco defensores ambientales y comunicadores sociales, está siendo judicializada por su participación pacífica en un corte de ruta en mayo del 2021 después de que la Legislatura provincial rechazara la “Segunda Iniciativa Popular" que, con más de 20 mil firmas, pretendía frenar la Ley de Zonificación Minera. En un segundo caso, seis personas, incluida ella, enfrentan una causa armada por exigirle a los diputados provinciales explicaciones por la adhesión provincial al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) el cual establece la entrega absoluta de soberanía ambiental, social, legal y económica a las trasnacionales – sobre la supuesta alegación de que esto constituía amenazas e incitación a la violencia.
Los 115 organizaciones internacionales firmantes de la carta incluyen coaliciones que representan más de 60 organizaciones canadienses : La Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (CNCA), el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y Common Frontiers.
“Desde las asambleas de Chubut agradecemos profundamente a todas las organizaciones que nos están brindando apoyo en este momento tan crucial donde estamos defendiendo nuestro derecho a defender la madre tierra y con ella nuestros bienes comunes. Serán días decisivos para la causa ya que se ha solicitado la impugnación de las sentencias y la recusación de la jueza que responde al poder político”. Cristina J. Aguero integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel y la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Argentina (UACCh) quienes por décadas se vienen movilizando con las comunidades indígenas Mapuche Tehuelche contra la minería en la provincia de Chubut, concretamente contra el proyecto minero Navidad de Pan American Silver.
“Las y los defensores ambientales no pueden seguir siendo criminalizados y hostigados por ejercer su derecho a defender el agua y la vida de la minería canadiense” dijo Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Hacemos un llamado a la embajada canadiense en Argentina para que implemente las directrices de «Voces en Riesgo” y retire todo su apoyo político, diplomático y económico a Pan American Silver.”
Una copia de la carta y la lista completa de firmantes está disponible en línea aquí.
Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:
- Cristina J. Aguero, Asamblea No a la Mina Esquel y UACCh, ecotiti77@gmail.com, +54 9 2945 592499.
- Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá, viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264 ( español,inglés, francés)