San Salvador – El 24 de septiembre, el tribunal que preside en San Vicente, El Salvador, declaró inocentes a cinco destacados defensores del agua de Santa Marta, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, de los cargos de asesinato, secuestro y asociación ilícita.

Una vez más, los cinco destacados defensores del agua que enfrentaban acusaciones con motivaciones políticas han sido declarados inocentes, aunque nunca debieron haber sido detenidos. La coalición Internacional Aliados contra la Minería en El Salvador insta al Fiscal General de la República a que se abstenga de emprender nuevas acciones legales y exige que se retiren todas las responsabilidades civiles.

Representantes de los gobiernos de Canadá, Francia y Alemania han acudido hoy al tribunal para observar el fallo, lo que recuerda que gobiernos y la sociedad civil internacional están siguiendo de cerca este caso.

«Llamamos a la Fiscalía General a que no apele esta decisión del tribunal, que respete esta decisión, y no siga consumiendo recursos del Estado para financiar esta farsa», declaró Alfredo Leiva miembro de la comunidad de Santa Marta, cuyos principales líderes se encuentran entre los juzgados. «En lugar de insistir en prolongar aún más este proceso, la Fiscalía General debería pedir disculpas a los cinco y a la comunidad, y dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres que se cometieron contra Santa Marta y otras comunidades».

«Los cinco defensores del agua nunca deberían haber sido acusados, y la voluntad del Gobierno salvadoreño de seguir adelante con estas acusaciones a pesar de su clara inocencia es señal de una preocupante disposición a perseguir al movimiento social que estos cinco defensores del agua representan. Instamos al Gobierno salvadoreño a que renuncie a futuros juicios ficticios y defienda el Estado de derecho democrático en su búsqueda de la verdadera justicia», afirmó John Cavanagh, asesor sénior del Institute for Policy Studies.

«A pesar de los resultados positivos, la comunidad internacional debe ser consciente de que la lucha está lejos de haber terminado. La fiscalía general aún tiene la posibilidad de apelar el caso y llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia, y podrían pasar años antes de que los Cinco de Santa Marta sean declarados completamente inocentes,» afirmó Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería.

«Celebramos que los Defensores del Agua hayan sido declarados inocentes en dos ocasiones de todos los cargos que se les imputaban. Sin embargo, nos preocupa profundamente que el sistema judicial pueda seguir utilizándose como herramienta para perseguir a los líderes por su papel en la protección de los escasos recursos hídricos del país. Pedimos que se respeten las conclusiones de los dos tribunales. Esperamos con interés el día en que se den las condiciones para que los Defensores puedan regresar a sus comunidades y familias en plena libertad, sin la amenaza de nuevas persecuciones», afirmó Christie Neufeldt, Coordinador de Alianzas Globales para América Latina de La Iglesia Unida de Canadá. 

«Al igual que en el juicio celebrado en Sensuntepeque en octubre de 2024, los cinco defensores del agua de Santa Marta que fueron sometidos a otro juicio han sido hoy  de nuevo declarados inocentes de los cargos de asesinato, secuestro y asociación ilícita», afirmó el profesor Bernie Hammond, observador internacional del juicio. «Es de esperar que el fiscal general tenga el buen sentido de abandonar este caso contra los cinco. Ha quedado claro para la comunidad jurídica y para el público en general que estos cargos tenían motivaciones políticas y son un claro ejemplo de «guerra jurídica», en la que se criminalizó la defensa contra la minería por parte de los cinco con el fin de cambiar la ley de 2017 que prohíbe la minería en El Salvador».

En enero de 2023, la policía detuvo a los cinco destacados defensores del agua de la comunidad rural de Santa Marta y de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADES) por cargos que supuestamente se remontan a la guerra civil del país, los mantuvo incomunicados durante más de ocho meses y luego los puso bajo arresto domiciliario hasta la fecha de su juicio. Los cinco habían desempeñado un papel fundamental en la heroica y exitosa lucha del país para aprobar una histórica ley, en 2017, que prohibía la minería de metales tóxicos en El Salvador, y fueron los primeros en denunciar las intenciones del presidente Nayib Bukele de derogarla.

Cuando los cinco fueron finalmente juzgados en octubre de 2024, tras una larga campaña de defensa legal que denunció una serie de irregularidades en el proceso, el tribunal desestimó todos los cargos contra ellos por falta de pruebas y dictaminó que los cinco eran completamente inocentes de los dos cargos falsos de asesinato y asociación ilícita que se les imputaban. Sin embargo, en una sentencia que ha sido ampliamente condenada como una parodia de la justicia, un tribunal de apelación anuló el veredicto de inocencia, permitiendo a la Fiscalía General volver a juzgarlos por los mismos cargos.

Más allá de la falta de pruebas, el hecho de que la Fiscalía General de El Salvador haya seguido adelante con este caso incluso después del fallo original de inocencia, en octubre de 2024, ha supuesto un duro golpe para la credibilidad del Gobierno salvadoreño, desmintiendo su afirmación de que sigue siendo una democracia y que no tiene presos políticos. La presión incesante y valiente de las organizaciones de base en El Salvador, junto con la solidaridad internacional, puede haber favorecido hoy a los defensores del agua, pero cientos de opositores políticos, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos siguen encarcelados. El movimiento liderado por defensores ambientales sigue firme ante los futuros intentos de socavar la protección de la tierra y el agua para las comunidades de El Salvador.

Nuestras organizaciones apoyan el llamado de los grupos de la sociedad civil salvadoreña para que el Fiscal General de El Salvador pida disculpas a los cinco acusados, cuya salud se ha visto gravemente afectada durante los dos últimos años en los que han sido objeto de acusaciones falsas, y a la comunidad de Santa Marta, que sufrió auténticas atrocidades militares durante la guerra civil salvadoreña de 1980-1992.

Recursos adicionales:

Más de 300 organizaciones y más de 180 académicos, investigadores y otras personas con doctorados, así como expertos jurídicos, firmaron una carta antes del nuevo juicio, celebrado el 3 de febrero, contra los cinco destacados defensores del agua salvadoreños.

15 razones por las que El Salvador rechazó la minería de oro que aún siguen vigentes

Estado de Decepción: Informe de la Delegación de Verificación sobre la Detención de los Defensores del Agua de Santa Marta, la Minería y el Estado de los Derechos Humanos bajo la Administración de Bukele en El Salvador
 

Contactos de prensa:

John Cavanagh, Institute for Policy Studies: johnc@ips-dc.org

Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador: stopesmining@gmail.com

Olivia Alperstein, Institute for Policy Studies: olivia@ips-dc.org

Christie Neufeldt, La Iglesia Unida de Canadá: cneufeldt@united-church.ca

Professor Bernie Hammond, Miembro de la delegación internacional que observa el juicio: berniehammond@gmail.com