En una audiencia regional sobre derechos humanos, representantes comunitarios de comunidades de seis países acusan a Canadá de facilitar los daños relacionados con la minería mediante su apoyo a las empresas mineras canadienses y su falta de medidas efectivas para garantizar la rendición de cuentas

OTTAWA – Representantes comunitarios de seis países de América Latina y el Caribe denunciarán hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento de Canadá de sus obligaciones en materia de responsabilidad empresarial, detallando cómo el Estado canadiense no ha establecido mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas y ha seguido brindando apoyo a sus empresas mineras, pese a conocer los riesgos de graves violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a sus operaciones.

Representantes de México, Panamá, la República Dominicana, Colombia, Ecuador y Argentina compartirán testimonios de primera mano sobre amenazas y violencia contra defensores del medio ambiente, la criminalización de líderes y lideresas comunitarias, restricciones a la libertad de movimiento, contaminación del agua y daños a la salud y los medios de vida—todo ello vinculado a las operaciones de empresas mineras canadienses.

«Estos testimonios ponen de manifiesto un patrón de abusos de larga data y ampliamente documentado que Canadá contribuye a perpetuar al promover y apoyar a sus empresas mineras en el extranjero, sin exigirles que rindan cuentas», afirma Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador del Programa de América Latina de MiningWatch Canada. «Canadá sigue anteponiendo los intereses corporativos a los derechos humanos. Su inacción es una decisión política, y son las comunidades las que están pagando el precio».

Canadá, donde tienen su sede aproximadamente la mitad de las empresas mineras que cotizan en bolsa a nivel mundial, respalda sus operaciones en el extranjero mediante asistencia diplomática, financiación pública y acuerdos comerciales y de inversión. Sin embargo, los daños relacionados con estas operaciones, conocidos desde hace tiempo, persisten. Las comunidades afectadas siguen enfrentándose a grandes obstáculos a la hora de obtener información, garantizar investigaciones independientes y acceder a la justicia y a medidas de reparación.

La Dra. Charis Kamphuis, abogada canadiense y integrante del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), expondrá ante la Comisión que la falta de creación por parte de Canadá de mecanismos eficaces para abordar las denuncias de abusos vinculados a sus empresas mineras fuera de su territorio viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos—incluido el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos—así como sus obligaciones como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Como miembro de la OEA y Estado de origen de empresas que operan en toda la región, Canadá tiene la responsabilidad de regular el sector minero para prevenir daños y garantizar un acceso adecuado a la reparación», afirma Kamphuis. «Debe actuar cuando tiene conocimiento de que las empresas bajo su jurisdicción podrían estar amenazando o vulnerando los derechos humanos. A pesar de llevar casi tres décadas conociendo estos riesgos y daños, Canadá sigue sin cumplir estas obligaciones».

Canadá sigue recurriendo a normas voluntarias y mecanismos de diálogo en lugar de adoptar medidas vinculantes de prevención y rendición de cuentas. La audiencia se celebra apenas cuatro meses después de que el Gobierno federal anunciara el cierre de la oficina de la Ombudsperson Canadiense para la Responsabilidad Empresarial (CORE, por sus siglas en inglés), creada para atender denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos y daños ambientales relacionados con las actividades de empresas canadienses en el extranjero.

Aunque la CORE carecía de independencia y de facultades efectivas de investigación, las organizaciones de la sociedad civil reclamaron reiteradamente su fortalecimiento, no su eliminación. Su cierre limita aún más las ya insuficientes vías de las que disponen las comunidades afectadas para exigir que se rindan cuentas.

«Canadá carece de legislación obligatoria en materia de diligencia debida, de mecanismos eficaces para investigar los abusos corporativos y de una forma efectiva de exigir responsabilidades a los funcionarios canadienses cuando incumplen sus propias políticas; además, los obstáculos para acceder a los tribunales canadienses son prácticamente insuperables», afirma Aidan Gilchrist-Blackwood, coordinador de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (CNCA, por sus siglas en inglés). «Canadá debe adoptar una legislación vinculante sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, establecer mecanismos independientes y eficaces para investigar los abusos y garantizar el acceso a medidas de reparación, y asegurar que el financiamiento público y el apoyo diplomático a las empresas mineras canadienses estén sujetos a salvaguardias obligatorias y exigibles en materia de derechos humanos y medio ambiente».

«Las comunidades no deberían tener que sacrificar su salud, su bienestar, su seguridad e incluso sus vidas para defender sus derechos humanos y sus territorios frente a la minería canadiense», afirma Paulina Personius, responsable de campañas internacionales de Earthworks. «Las ganancias empresariales y la rápida expansión de la minería no justifican los daños causados a las comunidades locales».

«Nuestras organizaciones miembros y valientes contrapartes de América Latina y el Caribe llevan mucho tiempo exigiendo al Gobierno canadiense que responda ante las gravísimas violaciones de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas vinculadas a proyectos mineros canadienses», afirma Lisa Kowalchuk, copresidenta del Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA). «El cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos debe ser prioritario, sin excepción. Hay que poner fin a esta vergonzosa falta de rendición de cuentas».

CONTACTO PARA LOS MEDIOS:
Para obtener más información o concertar entrevistas con las personas que testifican, póngase en contacto con:
Val Croft, coordinador de comunicaciones, MiningWatch Canada, val@miningwatch.ca, 416-707-5986

INFORMACIÓN ADICIONAL:

• La audiencia de la CIDH se llevará a cabo en Panamá el 27 de octubre de 2026, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m. ET (de 4:00 p. m. a 5:30 p. m., hora de Panamá). Todas las audiencias de la CIDH son públicas y se transmitirán en directo a través del canal de YouTube de la CIDH. Quienes necesiten interpretación al español, al francés, o al inglés podrán inscribirse mediante el enlace de Zoom. Los periodistas que deseen participar en las audiencias públicas pueden inscribirse aquí.
• Carta de la JCAP a la CIDH (inglés) sobre el incumplimiento por parte de Canadá de sus obligaciones internacionales para con las comunidades afectadas por las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero (octubre de 2026)
• Documento informativo sobre la solicitud de audiencia y resumen de los testimonios (octubre de 2026)
• Conferencia de prensa en Panamá, el 27 de octubre 2026