30 organizaciones de la sociedad civil canadiense denuncian la respuesta irreverente e insincera de Canadá a continuar el «diálogo», después de que el pueblo Xinka rechazara inequívocamente la mina Escobal en una consulta ordenada por la corte 

Treinta organizaciones de la sociedad civil canadiense exigen al Gobierno canadiense que respete la histórica decisión del pueblo Xinka de denegar su consentimiento a la mina de plata de Escobal en Guatemala y que deje de vulnerar sus derechos mediante llamados al diálogo continuo.

Como culminación de una consulta histórica ordenada por el Tribunal Constitucional de Guatemala, el pueblo xinka ha denegado su consentimiento para las operaciones de la mina Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. El Tribunal ordenó la consulta en 2018 tras determinar que se habían violado los derechos indígenas del pueblo Xinka al comenzar a operar la mina sin su consentimiento. Según la sentencia del tribunal y el derecho internacional que esta cita, debe respetarse el resultado de la consulta y la mina debe cerrarse de forma segura y definitiva.

Hasta la fecha, Pan American Silver no ha reconocido públicamente los resultados de la consulta, a pesar del comunicado público del pueblo Xinka y de una petición con más de 6.000 firmas entregada en su oficina de Vancouver en noviembre de 2025. Canadá también se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer el resultado, la más reciente de ellas en su respuesta del 17 de junio a una petición parlamentaria. La petición instaba a Canadá a respetar los derechos del pueblo Xinka al consentimiento libre, previo e informado, y a adoptar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos de comunitarios del pueblo Xinka amenazados por oponerse a una mina de origen canadiense.

La respuesta del Gobierno promueve una «conducta empresarial responsable» en lugar de promover medidas concretas para cumplir con las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos, y apelando al «diálogo para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso» en lugar de reconocer y respetar la decisión del pueblo Xinka de denegar su consentimiento. La respuesta omite por completo mencionar las directrices de «Voices at Risk» de Canadá para la protección de los defensores de los derechos humanos. Tampoco reconoce cómo la promoción de proyectos mineros canadienses por parte de la embajada de Canadá en Guatemala, a través de los Servicios del Comisionado de Comercio de Canadá, puede aumentar el riesgo que corren los defensores.

Adicionalmente, días antes de que el gobierno canadiense respondiera a la petición, Canadá anunció el cierre del ente de rendición de cuentas del sector empresarial– el Mediador de la Responsabilidad Empresarial (CORE). 

Las organizaciones canadienses instan a Canadá a que deje de anteponer los intereses mineros canadienses a los derechos de los pueblos indígenas, que respete la decisión del pueblo Xinka de decir «no» y contribuya a garantizar el cierre seguro y definitivo de la mina Escobal.

CITAS:

«El 8 de mayo de 2025, el pueblo xinka entregó los resultados de la consulta directamente al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y al presidente. El resultado fue claro: negamos a Pan American Silver el consentimiento para seguir explotando la mina Escobal. Nuestra decisión no es una invitación a negociar. Es el resultado de una consulta histórica y debe respetarse». – Marisol Guerra, representante Xinka y miembro elegida de la consulta

«Como Pueblo Xinka, los graves riesgos que hemos enfrentado a lo largo de todos estos años no harán más que aumentar si nuestra decisión no es respetada y la mina no se cierra de manera definitiva. Hace más de diez años, nuestro pueblo fue perseguido, violentado y sometido a un estado de sitio para imponer la mina Escobal. Y durante todo el proceso de consulta, aunque la mina ha permanecido suspendida, las amenazas y los ataques han continuado. Intentar reabrir la mina en contra de nuestra voluntad solo pondría en mayor riesgo a nuestro pueblo, nuestra agua y nuestros derechos». – Marta Muñoz, representante xinka y miembro elegido de la consulta

«Canadá no puede afirmar que respeta los derechos de los pueblos indígenas mientras desprecia una decisión clara alcanzada tras una consulta tan extensa. Al pedir un resultado “mutuamente beneficioso”, Canadá vuelve a poner los intereses de una empresa minera canadiense por encima de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué mensaje transmite eso a las comunidades afectadas por la minería de todo el mundo que luchan por su derecho a decir “no”?».  – Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador interino del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá

«Los representantes del pueblo Xinka han solicitado en repetidas ocasiones la mediación de la embajada canadiense para que se ponga freno a una empresa canadiense, pero sus peticiones han quedado sin respuesta. La respuesta de Canadá al Parlamento ni siquiera menciona sus propias directrices de Voices at Risk ni su responsabilidad de proteger a los defensores que se enfrentan a amenazas vinculadas a empresas canadienses. Canadá promueve los intereses mineros canadienses sin proteger a las personas que se ven en peligro por esos mismos proyectos. Voices at Risk debe reforzarse, aplicarse y respaldarse con obligaciones claras para que los funcionarios canadienses actúen». – Javier López, coordinador en Guatemala de la Red «Maritimes-Guatemala Breaking the Silence»

«Los defensores de los derechos humanos del pueblo Xinka han demostrado un valor extraordinario al insistir en su derecho a una consulta significativa sobre la mina Escobal y en la decisión de su pueblo a rechazar el proyecto debido a sus efectos nocivos. Canadá no debe mantenerse al margen mientras los defensores que han dicho “no” a una empresa minera canadiense siguen sufriendo amenazas y agresiones. Ya es hora de tomar las medidas que, según los defensores, les ayudarán a protegerse». – Kathy Price, coordinadora nacional del Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA)

«Las afirmaciones de Canadá de defender una “conducta empresarial responsable” no tienen fundamento mientras el país no cuente con un mecanismo de rendición de cuentas eficaz y capaz de exigir responsabilidades a las empresas canadienses por las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales. El caso de Escobal pone de manifiesto una dura realidad: cuando los derechos de los pueblos indígenas se interponen en los intereses mineros canadienses, Canadá prioriza a la empresa frente a la rendición de cuentas». – Aidan Gilchrist-Blackwood, coordinador de la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Corporativa

Para consultas de los medios de comunicación:
Val Croft, coordinadora de comunicación de MiningWatch Canadá, val@miningwatch.ca