Hoy, la Misión Internacional #FrenemosLasDemandasDeTransnacionales lanza su informe final, rechazando el abuso de poder de las empresas transnacionales a través de demandas multimillonarias en contra de Colombia y haciendo un llamado a la administración de Gustavo Petro y Francia Márquez a retirarse del sistema injusto de protección de inversiones extranjeras.  La Misión, con representación de organizaciones sociales y ambientales de 8 países de las Américas y Europa, visitó el país entre el 22 de mayo y el 1 de junio de 2023, para intercambiar experiencias de acción contra el Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (SCIE o ISDS por sus siglas en inglés) que permite demandas multimillonarias de empresas transnacionales en contra de países soberanos en tribunales supranacionales de arbitraje.  

En los últimos años, Colombia ha sido blanco de ataque por empresas transnacionales especialmente en contra de logros importantes de luchas en defensa de la vida y los territorios ante proyectos extractivistas y decisiones judiciales a favor de sus derechos humanos, su agua y su salud. Este Sistema de protección de inversionistas extranjeras, deriva de los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversiones suscritos por Colombia, cuyo principal tribunal es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que hace parte del Banco Mundial. 

La misión visitó el Sur de la Guajira y Santander para conocer las afectaciones y amenazas por empresas mineras transnacionales en estos territorios. Junto con participación de organizaciones provenientes de ambos territorios, la misión participó en una audiencia pública en el Congreso y se reunió con autoridades de seis instancias del estado y organizaciones de la sociedad civil en Bogotá, con el propósito de comunicar lo dañino del sistema de protección de inversiones extranjeras y demostrar que Colombia no está sola en este debate global. La misión compartió experiencias desde Europa, Ecuador y otros partes del mundo de gobiernos que han estado rechazando  los tribunales de arbitraje supranacional.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), hasta marzo de 2023, se encuentran abiertas 14 procesos y 8 en etapa pre arbitral, por 52 billones de pesos reclamado por las empresas transnacionales, aun cuando hay casos en que no se ha publicado el monto reclamado. 

El informe de la Misión destaca como varias de las demandas que se llevan en tribunales como el CIADI, además de la mera amenaza de más demandas, ponen en peligro pueblos y ecosistemas sensibles como el arroyo Bruno en La Guajira y la estrella hídrica de Santurbán. Una de estas demandas contra Colombia fue presentada por la transnacional suiza Glencore, propietaria de Carbones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina en contra de la implementación de una sentencia de la Corte Constitucional a favor de los derechos al agua, la salud y la soberanía alimentaria del pueblo Wayúu. Otro trio de demandas han sido interpuestas por las transnacionales canadienses Eco Oro Minerals, Red Eagle y Galway Gold, dedicadas a la especulación y exploración de oro, por medidas de protección ambiental logradas tras la fuerte movilización del Comité por la Defensa del Agua y Páramo de Santurbán. Al mismo tiempo, hay mucha preocupación por la posibilidad de que la empresa Minesa de los Emiratos Árabes Unidos en sociedad con la empresa canadiense Aris Mining podrían recurrir al mismo mecanismo ante las medidas necesarias para la protección integral de la cuenca hidrográfica que abastece a Bucaramanga y sus alrededores.  

“Presenciamos cómo este sistema permite la impunidad corporativa y pone en riesgo la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos. Vimos asimismo el impacto que este sistema tiene sobre la independencia judicial, la regulación de los bienes comunes y la soberanía nacional.” señala el informe.

El informe señala que no basta con que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad colombiana encargada de estos litigios, se defienda bien o logre negociar el monto de las indemnizaciones que exigen las empresas a los Estados. Tampoco sería suficiente si el estado decidiera modernizar sus tratados bilaterales y de libre comercio, con ajustes a ciertas cláusulas que otorga privilegios exclusivos a inversores extranjeros. 

“Renegociar los acuerdos existentes, pero dejar el mecanismo ISDS dentro de los tratados, aún con cláusulas reformadas, sigue otorgando prerrogativas especiales a los inversores extranjeros por sobre la población colombiana y sus empresas”, constata el informe.  

En conclusión, la Misión expresa su apoyo por la decisión del gobierno, manifestada durante sus reuniones en Bogotá, de revisar sus tratados y tomar medidas contra el sistema de protección de inversiones. Sin embargo, insiste que tal proceso debe suceder con participación democrática y buscar retirarse de este sistema que socava la soberanía de los pueblos y las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.  

Al respecto, el informe de la Misión señala: “...el gobierno está en capacidad de impulsar una auditoría ciudadana integral de los efectos de los tratados de comercio e inversión y del sistema de arbitraje en Colombia. Tal proceso de auditoría arrojaría luz, a partir de la construcción de datos científicos, acerca de los efectos de los tratados sobre los derechos humanos y ambientales, así como sobre sus impactos económicos.” 

Para ello, la Misión Internacional, las comunidades afectadas y las organizaciones sociales que impulsan esta iniciativa, han lanzado de manera paralela con el informe de la Misión, una petición en línea para que se cree dicha auditoría ciudadana de los TLC y los Tratados de Inversiones.  Esta petición de continuidad a una de las exigencias de una declaración internacional firmada por casi 300 organizaciones a nivel global, y que la Misión presentó en varios reuniones en Colombia, en la que se solicita al gobierno revisar los acuerdos de inversión y tratados comerciales que contengan el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado (SCIE), además que se retire del CIADI y que no firme más acuerdos con cláusulas de protección de inversiones. 

Conoce el informe completo.

Firma la petición aquí.