Demandamos a Canadá verdad, reparación y justicia a las comunidades tradicionales y pueblos indígenas afectados por el impacto de actividades mineras y petroleras en América Latina.
(Ginebra) En el marco del 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Canadá, más de 50 organizaciones latinoamericanas y movimientos sociales elaboraron tres reportes destacando los abusos corporativos perpetrados por 37 proyectos canadienses en 9 países de nuestra región.
El 10 de noviembre de 2023, Canadá compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por primera vez recibió 332 recomendaciones contundentes, de las cuales varias refieren a su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de sus empresas en el exterior. Este logro fue posible gracias a la articulación y denuncia de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, donde se viven estos impactos en las comunidades tradicionales, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Entre las recomendaciones se destacan las hechas por Luxemburgo y Eslovaquia, donde se pide "exigir a las empresas registradas en Canadá que rindan cuentas por los daños ambientales causados a los océanos, la vida marina y los fondos marinos", así como "Mantener su enfoque en favor de la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de la política interior y exterior del Canadá". Además, Colombia y Ecuador solicitaron a Canadá "reforzar las medidas para eliminar los obstáculos que impiden a las personas y las comunidades afectadas por las actividades de empresas canadienses en el extranjero acceder a recursos judiciales efectivos y a reparaciones en el país", así como "velar por el acceso a la justicia de las personas afectadas por actividades empresariales en el extranjero". México recomendó "promover una ley de diligencia debida para evitar cualquier abuso de empresas o instituciones financieras canadienses que operan en su territorio y en el extranjero", mientras que Chile enfatizó en la necesidad de "aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y velar por que las empresas canadienses cumplan su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
Con relación a la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Canadá, Perú y Filipinas realizaron recomendaciones específicas que pedían reforzar la independencia y el mandato para la Responsabilidad Social de las Empresas, en particular la autoridad legal para investigar eficazmente las denuncias de abusos por empresas canadienses. Por su parte, Japón solicitó adoptar nuevas medidas para aplicar un enfoque basado en los derechos humanos en los contextos de los derechos de las personas con discapacidad y de las empresas, y Luxemburgo, solicitó “garantizar el acceso a vías de recurso para las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el extranjero por empresas transnacionales canadienses”.
Con base en estos resultados, ante la adopción del informe resultante de la evaluación de Estado del 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Canadá, hoy nos dirigimos a las autoridades canadienses con la demanda clara y urgente de adoptar las recomendaciones canalizadas por los estados parte en el marco del cumplimiento sobre obligaciones extraterritoriales en materia de empresas y derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, cambio climático y derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, además, insistimos en la revisión e implementación de las recomendaciones realizadas por la sociedad civil latinoamericana, entre las cuales destacamos:
- Tramitar y aprobar legislación obligatoria en materia de derechos humanos y debida diligencia ambiental que exija a las empresas que eviten los impactos adversos en sus operaciones extraterritoriales, destacando la prohibición a la ejecución de medidas y acciones que vulneren los derechos humanos y medioambientales, con el establecimiento de sanciones significativas por su omisión.
- Garantizar el derecho legal de las personas perjudicadas en el extranjero a recurrir a los tribunales canadienses.
- Los Acuerdos de Libre Comercio, estos NO deben contemplar mecanismos arbitraje internacional que socavan la soberanía de los Estados receptores de la inversión y que no busquen proteger el empresariado minero canadiense sobre la soberanía nacional y los derechos de las comunidades y la protección del territorio y agua, asimismo como mecanismos de control independientes para determinar la responsabilidad legal de empresas canadienses.
- Ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizando acceso a la justicia, reparación y prevención de violaciones.
- Desarrollar mecanismos de acceso a la información, transparencia y participación social efectiva tanto en Canadá como en los países donde se realizan operaciones.
- Abstenerse de participar en proyectos sin consentimiento libre, previo e informado de comunidades indígenas y locales.
- Implementar medidas para mitigar el impacto ambiental de operaciones con combustibles fósiles, con especial atención a ecosistemas como la Amazonía, los glaciares y el ambiente periglacial.
- Garantizar que empresas canadienses en proceso de cierre remedien y reparen integralmente los daños causados a la naturaleza y a los pueblos indígenas y las comunidades locales.
- La minería del oro es una de las industrias más contaminantes, especialmente si estas se ubican en áreas ecológicamente frágiles como los páramos y la Amazonía donde las comunidades no han dado su consentimiento. Es necesario establecer regulaciones para proveedores de oro que demuestren la legalidad de su origen, especialmente cuando proviene de países amazónicos.
- Regular el crédito público y privado y la inversión de instituciones canadienses que financian actividades extractivas, en conformidad con estándares internacionales de derechos humanos.
- Diseñar un plan integral de transición energética que respete los derechos humanos y abandone progresivamente industrias extractivas, en favor de medidas contra la crisis climática.
Las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos que hoy suscribimos el presente pronunciamiento, reiteramos nuestra profunda preocupación y determinación para abordar esta problemática y nuestro compromiso con avanzar en pasos afirmativos en la misión de garantizar la responsabilidad corporativa y que los abusos que persisten en las comunidades impactadas por las inversiones canadienses en la región no queden en la impunidad.
Canadá tiene la obligación internacional de proteger los derechos humanos en sus operaciones empresariales y financieras que impactan a comunidades tradicionales y pueblos indígenas dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, hasta la fecha, no ha tomado medidas adecuadas para cumplir con esta obligación. Por ello, instamos a las autoridades canadienses a que tomen medidas concretas y se demuestre en el plan de implementación de recomendaciones la voluntad política y recursos necesarios para avanzar en la garantía y protección de derechos humanos y de la naturaleza.
Por su parte, quienes hoy firmamos este pronunciamiento, nos comprometemos a seguir defendiendo los territorios y luchando por la justicia y la rendición de cuentas de sus empresas. No nos quedaremos en silencio mientras nuestras comunidades sigan siendo afectadas. Juntas, podemos lograr un cambio significativo y construir un mundo donde la responsabilidad corporativa sea una realidad para todos y todas.
Organizaciones firmantes:
Amazon Watch
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Ecuador
MiningWatch Canadá (Alerta Minera Canadá)
Protection International Mesoamérica
Coordinadora ecuatoriana de organizaciones para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente- CEDENMA, Ecuador
Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-, República Dominicana
International Rivers
Movimiento Contracorriente del Ecuador
Corporación Ambiental APT Norte, Ecuador
Unión de Afectados y afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco- UDAPT
Pueblo Shuar Arutam- Psha, Ecuador
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón Putumayo - ACIMVIP, Colombia
Asociación Minga, Colombia
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC, Colombia
Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Pax Christi Internacional Programa para América Latina y el Caribe
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
PRODH, Ecuador
Defensa y Conservación Ecológica de Intag, Ecuador
Mesa colombiana por los derechos humanos frente al poder empresarial, Colombia
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina
Articulación de mujeres defensoras de la naturaleza Saramanta Warmikuna, Ecuador
Movimiento Mujeres Sectores Luna Creciente, Ecuador
El Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, Ecuador
Yasunidos Cuenca, Ecuador
Colectivo de Antropólogas del Ecuador
Red de Antropología del Ecuador
Asociación de Líderes Comunitarios Red Angel Shingre, Ecuador
Consejo de Defensoras y Defensores de DD HH y de la Naturaleza de la Provincia de Orellana, Ecuador
CEDHU, Ecuador
Acción Ecológica, Ecuador
Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza de la provincia de Sucumbios. Ecuador
Colectivo Nacional Amazónico. Ecuador
Proyecto Socioambiental Dulcepamba, Ecuador
Surkuna Ecuador
Comuna, Ecuador
Asociación de Líderes Comunitarios Associação Alternativa Terrazul - Brasil
Red Angel Shingre, Ecuador
Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), Ecuador.
Colectivo Agroecológico del Ecuador
Red Muqui, Perú
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM), Ecuador
Centro de Estudios Ecuménicos
Amazon Frontlines
Alianza Ceibo, Ecuador
Comunidad A’i Cofan Sinangoe, Ecuador
Red Iglesias y Minería capítulo Honduras
Plataforma Internacional Contra la Impunidad Honduras y Guatemala
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
Movimiento Laudato Si capítulo de Honduras
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Brasil
Centro de Desarrollo Humano. CDH/Honduras
Foro Medioambiental de San Cristóbal, R.D.
Associação Alternativa Terrazul - Brasil
Instituto INDIA AMAZÔNIA - Brasil
CEOSL, Ecuador
Quito Sin Minería, Ecuador
Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador
Observatorio nacional ciudadano para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus fases
Colectivo “Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (BUPROE)
Corporación Ambiental “Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador S.C” (APT Norte)
Frente de Defensa Comunitario “Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza”
Germán Jácome López, Docente Universitario Jubilado
Hedme Castro Directora Ejecutiva Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI PARTICIPA . HONDURAS
Adalid Gamero Vega Director Unidad de Protección Integral a defensores y defensores en riesgo
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
YASunidos, Ecuador
Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza
GARN-Global Alliance for the Rights of Nature
APTNorte, Ecuador
WITNESS
Red Nacional de Pastoral Ecológica
Comisión Nacional de Ecología Integral de la CEH
Red Eclesial Ecológica Mesoamericana REMAM
Centro de Derechos Económicos y Sociales -CDES, Ecuador
CooperAcción, Perú
Tejido Violeta Galápagos
Asamblea Comunitaria San Cristóbal - Galápagos
OMASNE- Observatorio de conflictos Mineros, Ambientales y Sociales del Norte del Ecuador.
Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas