Ottawa-Cuenca — La empresa minera canadiense, con sede en Toronto,  DPM Metals Inc., vuelve a estar en el punto de mira por su historial medioambiental y su relación con las comunidades locales en Ecuador. Ayer, 106 organizaciones y 48 profesores universitarios, abogados, líderes y lideresas indígenas y activistas de derechos humanos han enviado una carta abierta a la empresa instándola a cerrar definitivamente su proyecto Loma Larga en el sureste de Ecuador y a cumplir con la ley.

La carta está respaldada por 26 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil canadienses y 80 internacionales, que representan 18 países de todo el mundo. Entre las coaliciones se encuentran la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (CNCA) y el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA), que en conjunto representan a más de 45 organizaciones canadienses de desarrollo internacional, derechos humanos y justicia ambiental, sindicatos, grupos religiosos y grupos de solidaridad.

La carta se produce tras una serie de importantes reveses para la empresa, incluida la revocatoria de su licencia ambiental y una denuncia presentada ante la Comisión de Valores de Ontario (OSC) contra la empresa.

En 2022, la Unidad Judicial Laboral del cantón Cuenca ordenó una suspensión del Proyecto Loma Larga. Esta decisión fue ratificada por la Corte Constitucional de Ecuador en 2024, tras dos referendos vinculantes en la municipalidad de Girón y la ciudad de Cuenca, donde los residentes votaron de manera abrumadora a favor de prohibir la minería en las fuentes de agua donde se ubica el proyecto Loma Larga. Múltiples estudios técnicos y científicos independientes han concluido que el proyecto no es viable por razones medioambientales.

A pesar de todos los desafíos legales, medioambientales y sociales, la empresa continúa avanzando el proyecto y con sus programas comunitarios. En septiembre, tras anunciar los resultados de su estudio de factibilidad actualizado, afirmó que el estudio demuestra «el potencial de Loma Larga para ofrecer rendimientos atractivos a nuestros inversionistas y partes interesadas», agudizando las tensiones a nivel local.

La carta abierta llama especialmente la atención sobre las acciones llevadas a cabo por las comunidades durante los últimos 30 años, en particular la marcha histórica del 16 de septiembre de 2025, categorizada como «el Quinto Río de Cuenca», en la que más de 100 000 residentes de la provincia de Azuay inundaron las calles de Cuenca para exigir la anulación de las concesiones mineras a DPM Metals Inc.

También se produce pocos días después de una importante votación en contra de la propuesta del presidente Daniel Noboa de reescribir la Constitución ecuatoriana. Las comunidades afectadas por la minería denunciaron e hicieron campaña en contra de esta consulta por ser un intento para «cambiar la constitución a fin de eliminar los derechos de la naturaleza que son derechos sagrados para nosotros y el derecho a la consulta previa libre informada que han sido instrumentos jurídicos fundamentales para nuestra defensa del agua y del territorio», Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

En un contexto en el que Ecuador y Canadá buscan ratificar un acuerdo de libre comercio que busca primordialmente incrementar la inversión minera canadiense en el país, «este nuevo golpe para DPM envía a la vez un mensaje contundente a Canadá de que la inversión minera canadiense no es bienvenida en Ecuador», afirma Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá.

Como se destaca en la carta abierta, varios integrantes de diversas organizaciones, como la FOA y el Cabildo por el Agua de Cuenca, han sido criminalizados por su participación en la marcha y se les han congelado sus cuentas bancarias. Los procedimientos legales contra estos defensores del agua forman parte de un contexto más amplio de criminalización dirigido a los defensores del medio ambiente en todo el país y la región.

Los pedidos de la carta incluyen el respeto de las decisiones judiciales de 2022, 2023 y 2024 y las dos consultas populares vinculantes de 2019 y 2021. Los firmantes también respaldan los llamamientos de las comunidades afectadas por la minería para que la empresa desista de cualquier intento de demanda en cortes arbitrales, puesto que el art. 422 de la Constitución ecuatoriana prohíbe ceder jurisdicción soberana en instancias de arbitraje internacional.

CITAS DE APOYO:

«Las y los defensores del agua de Kimsacocha estamos muy agradecidos por ese inmenso apoyo que nos dan desde Canadá. Nos motiva mucho saber que nuestra lucha es valorada por ustedes y nos permite seguir firmes en la defensa por el agua». Lauro Sigcha, presidente de la FOA, criminalizado por su participación en la Marcha por el Agua de septiembre.

“Mi comunidad, la ciudad de Cuenca y muchas otras comunidades dependemos de las aguas que nacen en los páramos. La minería beneficia únicamente a accionistas y grandes inversores que no tienen en cuenta la vida de las personas, la naturaleza ni la biodiversidad”, Hortencia Zhagüi, Junta Administradora de Agua Potable Victoria del Portete y Tarqui y Escuela de Mujeres de Agroecología de Kimsakocha.

«La revocatoria del proyecto Loma Larga fue tramposa y puede ser impugnada o usada por la minera para demandar al país en una corte de arbitaje. Así que debemos estar muy atentos, porque la amenaza sobre Kimsakocha y los páramos de Cuenca se mantiene. Lo que exigimos es, sin más dilaciones, la cancelación definitiva del proyecto minero y el cumplimiento de la consulta popular de Cuenca», Klever Calle, Cabildo por el Agua de Cuenca y Yasunidos Guapondelig.

«Es innegable la gran atención internacional sobre el proyecto de Loma Larga en este momento. DPM no va a poder seguir ocultando el hecho de que no tiene y nunca tendrá una licencia social para este proyecto. Los riesgos y complejidades sustanciales asociados al proyecto en Ecuador deberían hacer reflexionar a los inversores actuales y potenciales sobre cómo DPM Metals gestiona sus inversiones». Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá.

Una copia de la carta y una lista completa de los firmantes está disponible aquí

Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:

• Klever Calle, Cabildo por el Agua de Cuenca, kcalle@gmail.com (español)

• Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá, viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264 (español/inglés/francés)