El Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los asesinos materiales de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, tras concluir la vista pública de dos días. Después de escuchar una veintena de testimonios y las declaraciones de un cómplice criteriado con oportunidad, que fueron contrastadas con las pruebas periciales, el tribunal mandó a la cárcel por cuarenta años a los principales criminales.
Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.
Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.
De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.
Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.
Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.
Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!