(Ciudad de Guatemala) Después de un año de atrasos, Guatemala pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantar las medidas cautelares emitidas en el caso de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán sin haber respetado su compromiso de cumplirlas y sin haber suspendido la mina Marlin, propiedad de la empresa minera canadiense Goldcorp Inc.  

El 20 de mayo de 2010, la CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos, ordenó al estado de Guatemala suspender las operaciones mineras para evitar daños inminentes a las comunidades aledañas a la mina Marlin. El 23 de junio de 2010, el Presidente Álvaro Colóm comprometió implementar las medidas. Sin embargo, la administración de Colóm inició un proceso administrativo que supuestamente iba a durar tres meses. Más que un año después, el Ministerio de Energía y Minas rechazó suspender la mina Marlin, constatando que no tiene evidencia de la contaminación del agua. Luego, el gobierno guatemalteco solicitó a la CIDH que modifiquen o levanten las medidas cautelares.

“Por su naturaleza, se otorga las medidas cautelares porque hay suficiente amenaza de daños inminentes y irreversibles,” dice la abogada Kris Genovese del Centro para el Derecho Internacional Ambiental en Washington, D.C. “No le compete al gobierno Guatemalteco decidir si o no la situación merece las medidas. Por reconocimiento propio, el gobierno de Guatemala negó considerar estudios científicos independientes, los cuales revelan evidencia de que aguas subterráneas ricas en arsénico podrían estar contaminando aguas superficiales a causa de las operaciones mineras, y que hay niveles relativamente altos de plomo en la sangre de los pobladores viviendo más cerca a la mina.”

“La orden de suspender las operaciones tiene por objeto proteger el derecho a la vida.  Este es un derecho que no se puede negociar", dijo Ramón Cadena representante de la Comisión Internacional de Juristas en Guatemala. "El Estado de Guatemala ha demostrado que no es capaz de proteger los derechos de sus ciudadanos en este caso.  Este es el punto fundamental de la denuncia ante la CIDH, y no, como el Estado de Guatemala pretende, juzgar si existe o no contaminación y otros riesgos para las personas afectadas por las operaciones de la mina Marlin.  De esta forma el Estado de Guatemala ha querido distorsionar la naturaleza de la Medida Cautelar.”

Defensores de los derechos humanos están desilusionados, pero no sorprendidos.

“Ya estamos recibiendo los primeros golpes y sin duda el gobierno nunca dice que es por Montana, solamente hacen un informe a sus intereses,” constata Miguel Angel Bámaca, habitante del municipio de San Miguel Ixtahuacán donde se ubica la mina Marlin. “Los ministros dicen que no hay peligro, pero es una mentira. Nosotros estamos aptos al desastre, aptos a recibir los daños dentro de nuestros cuerpos por todo el aire que respiramos, también el hundimiento que puede pasar abajo del dique de cola, en nuestras casas, nuestras tierras.”
 
Desde que la CIDH  ordenó las medidas precautelares, atentados en contra defensores y defensoras de los derechos ambientales e indígenas han aumentado en el departamento de San Marcos. Durante los primeros cuatro meses de 2011, la Unidad para la Protección de las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) reportó que el número de ataques en contra los defensores y defensoras de derechos humanos en este departamento del occidente sobrepasaron el total de ataques en contra de los defensores y defensoras de todo el país de Guatemala.
 
“UDEFEGUA opina que es lamentable que el Estado de Guatemala incumpla sus obligaciones en torno a las medidas cautelares ordenadas para proteger la vida de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán,” dice Claudia Samayoa, coordinadora de UDEFEGUA en la Ciudad de Guatemala. “La ausencia del Estado en San Miguel Ixtahuacán para la gestión de una consulta, la solución de la conflictividad generada por las operaciones y la necesaria seguridad para la acción de los defensores y defensoras de derechos humanos mantiene un clima desfavorable para el ejercicio de los derechos humanos, en particular la defensa del territorio.”
 
Para los habitantes de la zona, el anuncio del Ministerio de Energía y Minas no significa el fin de su lucha. Bámaca agrega que, “Nos han tratado de tapar nuestras voces para que ellos continúen a hacer daño a nuestras comunidades de San Miguel Ixtahuacán. Pero seguiremos alzando nuestras voces hasta que nuestra “tortuga” alcance los objetivos que buscamos.

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Contactos:
Jennifer Moore, Minería Alerta Canadá, jen(@)miningwatch.ca
Kris Genovese, Centro para el Derecho Internacional Ambiental, kgenovese(@)ciel.org
 
El Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) está comprometido a fortalecer y utilizar el derecho e instituciones internacionales para proteger el medio ambiente, promover la salud humana, y asegurar una sociedad justa y sostenible.  CIEL es una organización sin fines de lucro, dedicada al cabildeo para el interés público global, incluyendo asesoramiento legal, investigación política, análisis, educación, capacitación y construcción de capacidades.

Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canada) es una iniciativa pan-canadiense apoyada por organizaciones del medio ambiente, justicia social, sindicatos e indígenas, de todo el país. Esta organización trabaja sobre la necesidad urgente de una respuesta coordinada de interés público contra el peligro de la salud, calidad del agua y el aire, el hábitat acuático y la vida silvestre, así como los intereses de la comunidad que impone las prácticas y políticas mineras en Canadá y en el resto del mundo.