Resumen ejecutivo
[[{"fid":"2236","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Excellon - informe","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Excellon - informe","height":200,"width":155,"style":"width: 155px; height: 200px; float: right; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left: 8px; margin-right: 8px;","class":"media-element file-default"}}]]Mediante una solicitud de acceso a la información, se han procurado documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) que revelan la complicidad de la Embajada de Canadá en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones al contrato de arrendamiento pactado con el ejido La Sierrita en cuyas tierras opera la mina La Platosa en el estado de Durango. Esto incluye la tolerancia de la Embajada, y aun su apoyo, a la violenta represión estatal de una protesta pacífica a mediados del 2012.
El entender el comportamiento de la Embajada Canadiense en México es un importante indicador de la manera en que las misiones canadienses operan en el extranjero, puesto que México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería fuera de Canadá y que las empresas mineras canadienses se han visto frecuentemente en conflicto con comunidades y trabajadores. En la actualidad, la mayor comprensión del comportamiento de la Embajada también es relevante habiendo el Gobierno de Canadá declarado la “diplomacia económica” como un aspecto esencial de su Global Markets Action Plan (Plan de Acción sobre los Mercados Mundiales), indicando que la totalidad del cuerpo diplomático se mantendrá al servicio de los intereses privados.
La correspondencia y notas informativas de la Embajada provenientes del MAECD conciernen el período entre julio y noviembre de 2012, durante el cual el ejido La Sierrita se manifestó pacíficamente en contra de la mina de plata, plomo y zinc de Excellon luego de haber agotado los canales para interponer quejas formalmente en Canadá y mientras continuaba llamando al diálogo a la empresa en México. En dos quejas que se interpusieron ante organismos canadienses en 2011 y 2012 se ilustran las violaciones de derechos humanos y a la tierra de parte de la empresa. Es por esto que durante el período que se considera en este informe, las autoridades canadienses en Ottawa y en la Embajada en México contaban con considerable información sobre este conflicto.
El análisis de los documentos obtenidos lleva a las siguientes observaciones:
- Existía un alto nivel de contacto entre la Embajada y la gerencia de Excellon, incluyendo una clara intención de parte de la Embajada de compartir con la empresa información proveniente de pobladores y de sus abogados sin su consentimiento;
- El tono de toda correspondencia entre Excellon y la Embajada es cálido y de apoyo;
- La Embajada asistió a la empresa de forma activa al cabildear con autoridades mexicanas clave;
- A pesar de los altos niveles de represión violenta a cargo de las fuerzas armadas del estado que existe en México, la Embajada aceptó el uso de la represión en contra de las protestas pacíficas del ejido La Sierrita. Uno de los delegados comerciales incluso le expresó a la empresa sus buenos deseos la noche antes de la incursión de la policía y del ejército en el campamento que los ejidatarios habían instalado en predios privados;
- A lo largo del proceso, la Embajada mantuvo un ensordecedor silencio en relación a toda preocupación sobre la conducta de Excellon y su objeción a afrontar las repetidas quejas de trabajadores y pobladores mediante el diálogo y la negociación;
- En las 244 páginas que se procuraron del MAECD no hay ninguna evidencia de que la Embajada haya exhortado a la empresa a entablar un diálogo con el ejido, a abordar temas sociales y ambientales pendientes, a demostrar respeto a la libertad de asociación de los trabajadores de la empresa, a respetar su derecho a la protesta pacífica, a evitar el uso de la represión armada de una protesta pacífica, o a evitar el uso desproporcionado de la fuerza cuando tenía conocimientos que las fuerzas armadas desalojarían la protesta comunitaria.
El presente estudio reafirma la preocupación de que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras canadienses a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas y de los trabajadores, dejando entrever las maneras en que la política de “diplomacia económica” del Gobierno Canadiense podría posibilitar abusos.
La Embajada se muestra dispuesta a facilitar relaciones de alto nivel, lo que llevó al saqueo de las pertenencias de la comunidad y a que corriera riesgo su seguridad con objeto de que la mina pudiera seguir operando, sin garantizar que la empresa cumpliera con los acuerdos contractuales, la legislación laboral y las normas de derechos humanos.
A su vez, los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá sobre los abusos que ocurren brillan por su ausencia. La inefectividad de los mecanismos voluntarios de quejas en Canadá forma parte del estado de impunidad en el cual operan las empresas mineras tanto en México como en otras partes del mundo, el cual posibilita este tipo de comportamiento de parte de las empresas, mientras que las comunidades y trabajadores cuentan con limitadas vías, si es que existen, para dar un procesamiento concreto a sus quejas.
Quizás resulta aún más preocupante que la Embajada no haya exigido incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad y los trabajadores, sabiendo que se utilizaría la represión armada a favor de la empresa. Este comportamiento resulta inaceptable en el contexto de un país como México donde las fuerzas armadas del estado se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura y asesinatos.
El presente estudio profundiza el análisis de la conducta unilateral de la Embajada de Canadá en México, que comenzamos con la investigación del caso de Blackfire Exploration en Chiapas entre 2007 y 2010, ilustrando con mayor claridad la manera en que el Gobierno de Canadá forma parte del problema junto al sector minero canadiense que opera en el extranjero. En vez de promover el comportamiento responsable y dentro del marco de la ley de las empresas, el Gobierno de Canadá posibilita y defiende las operaciones de empresas para el beneficio económico de unos pocos privilegiados mientras que se pone en riesgo el bienestar de comunidades, trabajadores y el ambiente.
- Alerta Minera Canadá y United Steelworkers, febrero de 2015.