En una misiva del Jefe Sargento Les Dolhun, responsable de la División K, de la Policía Federal Sur y del Equipo de la Integridad Financiera, con sede en Calgary, AB. Canadá, fechada el 18 de febrero 2015 (Archivo: 2009-479985) y dirigido a la organización MiningWatch Canadá, el gobierno canadiense responde al caso de la Blackfire Exploration Ltd. y Blackfire Exploration Mexico S. de R.L. de C.V. en torno al soborno y corrupción que ésta empresa minera cometió con el entonces Presidente Municipal del PRD en Chicomuselo Julio César Velázquez Calderón, en el año 2008.
“Gracias por su referencia. Hemos terminado nuestra investigación sobre este asunto. Nuestra evaluación de la evidencia no nos da los fundamentos para cargos criminales, por lo tanto, vamos a concluir este proceso. Por favor, sea avisado que la Policía Federal de Canadá no hace comentarios sobre las investigaciones concluidas cuando no terminan en cargos criminales”, es la respuesta al caso dando por cerrrado totalmente la investigación de un conflicto que culminó con el asesinato del miembro de la REMA, Mariano Abarca Roblero. Todo ello pese a que desde el 2010 se vió la necesitdad de que la policía canadiense hiciera investigación in situ, lo que nunca se realizó.
Cinco años después de que las organizaciones canadienses como MiningWatch Canadá, Fronteras Comunes, Steel Workers presentaran con pruebas fehacientes los cheques entregados por esta empresa al entonces Presidente Muncipal, el gobierno canadiense sigue mostrando su parcialidad a favor de las acciones impunes de sus empresas allende sus fronteras y su falta de compromiso por los derechos humanos. Luego del caso de Excellon en Durango y otros más en México, queda demostrado el apoyo del gobierno canadiense a las violaciones a los derechos humanos de sus empresas, convirtiéndose en cómplice de la violencia, la corrupción y el soborno.
La Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA) y Otros Mundos, A.C. de la REMA en Chiapas, denunciamos la falta de compromiso del gobierno de Canadá en proteger y velar los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales en el marco de las Naciones Unidas. Esta resolución impune deja las vías abiertas para que Blackfire, que todavía cuenta con concesiones vigentes en Chiapas, siga operando de la misma forma en un municipio donde se ha anunciado el día de hoy la nueva instalación del Cuartel Militar de la VII Región Militar del Estado en el Predio Piedra Blanca, con una extensión de 60 hectáreas para albergar un Batallón y una unidad habitacional. Por ello, denunciamos también la militarización de la región plagada de concesiones mineras.
Los pueblos, organizaciones y movimientos sociales seguiremos luchando por la defensa de la tierra y el territorio. No permitiremos que arriben más empresas mineras canadienses en nuestros territorios.
