Escrito por José Luis Abarca y Viviana Herrera, originalmente publicado en inglés en Canada's National Observer aqui.
Canadá está pugnando por tener una voz mundial renovada en lo que respecta a los derechos humanos. Para esto ha adelantando su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas para el periodo 2028-2030.
Entre las prioridades de Canadá figura "buscar la justicia y la rendición de cuentas para quienes están en primera línea en la defensa de los derechos humanos". No es una mala prioridad dado el asombroso nivel de violencia al que se enfrentan las y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. No obstante, para las familias de las y los defensores de los derechos humanos de primera línea asesinados por denunciar a las empresas mineras canadienses, esta candidatura no les suena sincera.
Canadá alberga casi la mitad de las empresas mineras del mundo que cotizan en la bolsa de valores. En las últimas décadas, las denuncias de violaciones de derechos humanos y daños medioambientales vinculados a muchas de estas empresas han sido bien documentadas.
Canadá ha tenido muchas oportunidades de demostrar que se toma en serio la lucha contra los abusos de las empresas, pero en repetidas ocasiones no ha actuado, ni siquiera ante delitos tan graves como el trabajo forzado, la violencia sexual, los desalojos militarizados y los asesinatos selectivos.
La comunidad internacional está prestando atención.
Incluso mientras Canadá anuncia su candidatura anticipada al Consejo de Derechos Humanos, el país está hoy en el punto de mira con un nuevo caso presentado la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Canadá por no proporcionar justicia y rendición de cuentas a quienes están en primera línea de la defensa de los derechos humanos, precisamente lo que Canadá enumera como prioridad en su candidatura.
Canadá terminó su último mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009, el mismo año en que Mariano Abarca, destacado defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, fue asesinado en su ciudad natal de Chicomuselo, en Chiapas (México).
Mariano era líder del movimiento social que se oponía a la mina de barita "Payback", propiedad de Blackfire Exploration, con sede en Calgary (Canadá), y, como muchas y muchos otros líderes ambientales de todo el mundo, se enfrentó a amenazas e intimidación por denunciar las violaciones de derechos humanos y los daños medioambientales vinculados a proyectos mineros canadienses. En concreto, habló de los daños que los camiones de la empresa causaban en las casas y calles del vecindario, de trabajadores armados de la mina que lo intimidaban y de la contaminación de los ríos cuyas cabeceras se encuentran en la Sierra Madre de Chiapas.
En 2009, Mariano llevó estas preocupaciones directamente a la Embajada de Canadá en la ciudad de México, advirtiendo que empleados armados de la empresa le estaban intimidando a él y a otras personas. Más de 1.000 páginas de documentos internos de la embajada obtenidos posteriormente mediante solicitudes de acceso a la información revelan que, lejos de actuar para apoyar a Mariano y utilizar su peso diplomático para denunciar un conflicto en el que estaba implicada una empresa canadiense, la embajada se desvivió por defender a esa misma empresa, abogando ante las autoridades mexicanas para que reprimieran las protestas locales y pusieran la mina en producción.
Semanas después, Mariano fue asesinado a tiros frente al restaurante de su familia. Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación creíble sobre su asesinato, ni ninguna investigación sobre el papel que la Embajada de Canadá podría haber desempeñado en poner la vida de Mariano en mayor riesgo.
Una denuncia presentada por la familia de Mariano en 2018 ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá no llevó a ninguna parte; a pesar de las numerosas pruebas que documentan los estrechos vínculos entre la Embajada y Blackfire, el Comisionado se negó a abrir siquiera una investigación superficial. Las apelaciones posteriores, incluida una sentencia de la Corte Supremo de Canadá de 2023, han confirmado esta decepcionante decisión, obligando a la familia de Mariano Abarca a recurrir ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque horrible, lo que le ocurrió a Mariano no es, por desgracia, tan excepcional. De hecho, en vísperas del actual Examen Periódico Universal (EPU) de Canadá por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, (el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realiza "revisiones" de los países miembros cada ciertos años para ver cómo están cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos), expertos en responsabilidad corporativa enviaron un escrito denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en todo el mundo.
Y aunque la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, afirma que la justicia y la rendición de cuentas son una de las principales prioridades de la candidatura de Canadá al CDH de la ONU, las vías para que los defensores de primera línea busquen justicia en Canadá son prácticamente inexistentes.
Desde 1997 sólo se han presentado en Canadá nueve demandas contra empresas canadienses por abusos en sus operaciones en el extranjero. Dos se resolvieron, tres se desestimaron, tres han pasado más de una década en los tribunales de la provincia de Ontario y otra se ha presentado recientemente.
Cuestiones de "foro" o “competencia judicial”, el "levantamiento del velo corporativo" -en el que las empresas alegan que no deben ser consideradas responsables de las acciones de sus filiales- y los excesivos costes legales cierran de hecho esta puerta a casi todo el mundo.
Los intentos de crear un organismo de control de las empresas también han resultado ineficaces. La Defensoría del Pueblo Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (CORE, por sus siglas en inglés) carece de competencias para investigar las denuncias de abusos, y depende de la buena voluntad de las empresas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos para participar voluntariamente en sus procedimientos.
¿Qué herramientas espera utilizar la ministra Joly para buscar justicia y exigir responsabilidades a las y los defensores de los derechos humanos? Hasta la fecha, Canadá ha aportado poco liderazgo. Pero la propuesta de legislación obligatoria sobre Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente, el proyecto de ley C-262 del diputado Peter Julian, ofrece alguna esperanza.
Esta ley exigiría a las empresas que tomen medidas para prevenir los daños en primer lugar, haría más accesibles los tribunales canadienses a las personas que buscan reparación, y permitiría que los servicios del gobierno -como el apoyo de las embajadas- fueran retirados de las empresas que cometen abusos contra los derechos humanos. Pero para que esta propuesta de ley cobre fuerza, necesitamos un firme compromiso político de todos los partidos que vaya más allá de las promesas.
La votación para elegir al miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está prevista para 2026. La ministra Joly dice que Canadá es un campeón de los derechos humanos. Ahora es el momento de poner esas palabras en acción.
José Luis Abarca es abogado e hijo del defensor del medio ambiente Mariano Abarca, destacado líder comunitario que fue asesinado en 2009 mientras denunciaba a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.
Viviana Herrera es coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá (Alerta Minera Canadá), y trabaja para que las empresas mineras canadienses rindan cuentas por abusos contra los derechos humanos y daños medioambientales en todo el mundo.