José Luis Abarca se encuentra esta semana en Ottawa para anunciar una denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que aboga por la responsabilidad jurídica de Canadá por las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus empresas mineras en el extranjero. José Luis es abogado e hijo de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente mexicano asesinado en 2009 cuando se manifestaba en contra de una mina canadiense. La familia de Mariano ha estado intentando que se investigue a la embajada de Canadá en México por poner en mayor riesgo la vida de Mariano al abogar a favor de la empresa canadiense para que avanzara sus operaciones. A continuación, se reproduce la declaración emitida por José Luis durante una conferencia de prensa en Ottawa.
"Hace cinco años, estuve aquí en este salón de prensa para anunciar la denuncia administrativa que interpusimos al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá. En ella exigimos una investigación sobre las acciones y las omisiones de la embajada canadiense en México, porque consideramos que aumentaron el peligro que corría mi padre, Mariano Abarca.
Desde el 2008, mi padre inició una lucha junto con otros luchadores y luchadoras en el pueblo de Chicomuselo, Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire contaminara el agua y la tierra por la explotación de barita. Su lucha la desarrolló bajo amenazas y ataques que recibió tanto él como mi familia, incluyendo los golpes que a ambos nos propinaron trabajadores de la empresa en el 2008. En agosto de 2009, Mariano fue detenido durante ocho días por acusaciones falsas, interpuestas por un representante de la empresa, y posteriormente, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009.
Durante todo el tiempo que Blackfire operaba en Chicomuselo, la embajada tuvo un conocimiento significativo del descontento de la población local con la empresa, y también tuvo información sobre mi padre y los riesgos que enfrentaba. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos darnos cuenta que la empresa consideraba esencial el apoyo de la embajada. En un correo al que pudimos acceder de la empresa a la embajada después de lograr un permiso de explosivos, dijo, “No lo hubiéramos podido hacer sin su ayuda.”
Al venir a presentar nuestra denuncia en Canadá, nuestras expectativas eran que las autoridades canadienses hubieran dado una respuesta favorable. Sin embargo, nos hemos encontrado aquí con la misma falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso con que nos hemos topado en México en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan.
Seguiremos buscando la justicia por lo que le pasó a mi papá y mi comunidad. También seguiremos buscando medidas de no repetición por otras personas y pueblos exigiendo y defendiendo la vida en donde hay inversiones mineras canadienses y en donde solamente se ha ido profundizando los riesgos de violencia durante estos últimos años. Por tanto, no nos queda otra opción que llevar nuestra denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde esperamos que tome nuestras evidencias y argumentos en serio para establecer la responsabilidad que tiene Canadá por su apoyo no restringido a la codicia empresarial que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo."