(Ottawa) Martes, la representación legal en Perú de Alerta Minera Canadá interpuso un habeas corpus preventivo e innovador en respuesta a la detención ilegal e arbitraria de su Coordinadora del programa con América Latina, Jen Moore, y del periodista estadounidense John Dougherty el 21 de abril en Cusco, después de la presentación de una película sobre las operaciones de la empresa Hudbay Minerals en las Américas. La demanda contra el Ministerio del Interior, la policía y las autoridades de migración en Perú busca poner un alto a la criminalización de la empleada de MiningWatch y prevenir futuros riesgos de persecución, hostigamiento, detención arbitraria y criminalización en su contra o la de otros periodistas, investigadores, conferencistas y defensores de los derechos humanos.
Las organizaciones peruanas, Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras, Cooperacción y Aporvidha, están representando a Alerta Minera Canadá en el proceso de hábeas corpus.
Incluso antes su detención arbitraria e ilegal, Moore y Dougherty fueron asediados y sometidos a la vigilancia constante de la policía. A pocas horas de su detención, el Ministerio del Interior emitió un comunicado público declarándolos culpables de haber incitado a la violencia y manifestando que cabría la expulsión del país, y al mismo tiempo expresando su respaldo explícito por las operaciones de Hudbay.
El hábeas corpus argumenta que la detención, durante la cual Moore y Dougherty fueron sometidos a más hostigamiento, fue ilegal y arbitraria. También busca dejar sin efecto la investigación en curso, que no lleva ninguna garantía de debido proceso legal, sobre la supuesta violación de la ley migratoria del país.
El hábeas corpus indica que la subsidiaria peruana de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals tiene un convenio con la Policía Nacional, lo que la somete a la empresa y a sus necesidades de seguridad, generando un conflicto de interés con su función de servicio público. Alega que la detención arbitraria de Moore y Dougherty es el resultado de la privatización de los servicios policiales, que facilita la criminalización de la protesta en Perú.
La demanda también argumenta que este proceso de criminalización constituye un acto de violación al derecho a la libre expresión, un derecho individual y colectivo, que es fundamental para el intercambio de información y comunicaciones, tanto para las comunidades alrededor de la mina Constancia de Hudbay como para el público en las ciudades de Cusco y Lima.
“En su esencia, este proceso de criminalización pretende limitar que las comunidades que viven alrededor de la mina de cobre de Hudbay en Cusco tengan acceso a información independiente y actividades de solidaridad internacional en la actualidad y a futuro,” constató Jen Moore para Alerta Minera Canadá.
“Es un precedente terrible para todos aquellos que están haciendo esfuerzos para compartir sus investigaciones, su periodismo, y su experiencia técnica o personal con las comunidades afectadas por la minería en Perú y la población en general. No podemos pasarlo por alto."
Lo que se busca con la demanda de hábeas corpus es que la policía y autoridades migratorias se abstengan en el futuro de detener, perseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto, que atente contra la libertad personal, la libertad de opinión y expresión y otros derechos conexos, de la empleada de Alerta Minera Canadá. También se solicita, se ponga en conocimiento de la procuraduría competente para que investigue la comisión de ilícitos penales en perjuicio de Moore, como consecuencia de los abusos que ha sufrido. Finalmente, se pide al juez exhorte a las autoridades adoptar las medidas necesarias e idóneas para que no vuelvan a cometerse las mismas arbitrariedades contra comunicadores, investigadores, periodistas, conferencistas, extranjeros y defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente.
En los últimos años, la persecución legal, las amenazas y la violencia en contra de las personas que trabajan para defender la tierra, el medioambiente y su bienestar de los impactos negativos de los proyectos extractivos se ha ido intensificando en muchas partes de América Latina. Un informe del 2016 del Proyecto para la Rendición de Cuentas y la Justicia de la facultad de derecho de la Universidad de York en Toronto encontró más de 700 casos de criminalización en 28 incidentes relacionados con las operaciones de las empresas mineras canadienses en solo América Latina.
Contacto:
- Jen Moore, Coordinadora del programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, (613) 569 -3439, jen(at)miningwatch.ca
Antecedentes
Moore y Dougherty estaban en Perú para participar en una serie de presentaciones públicas del documental ‘El Fraude de Flin Flon’ con el respaldo de las organizaciones sociales y autoridades locales. Doblado en Quechua y Español, las presentaciones del documental eran una oportunidad para compartir la película con las comunidades que viven alrededor de la mina Constancia de la empresa Hudbay, quienes aparecen en el documental, y con el público en las ciudades de Cusco y Lima.
La película comparte las experiencias de las comunidades afectadas por la minería en Canadá, Guatemala, Perú y los Estados Unidos donde opera o ha operado Hudbay Minerals, con sede en Toronto. Relata historias de contaminación ambiental, violencia contra miembros de las comunidades que luchan por sus tierras, represión policial contra protestas locales, y conflictos sobre futuras operaciones de la compañía que podrían dañar áreas ecológicamente y culturalmente importantes.
Días antes de la llegada de Moore y Dougherty a Perú, un columnista anónimo acusó a Alerta Minera Canadá y a las organizaciones peruanas, Derechos Humanos Sin Fronteras y Cooperacción, de estar “planeando una emboscada” en contra de Hudbay y la inversión minera en el sur de Perú. Durante las presentaciones del documental en las comunidades, individuos no identificados estuvieron filmando a la delegación y la policía estuvo monitoreando las actividades. Al final, solo se pudieron realizar dos de los tres video-foros que se habían planeado del 18 al 20 de agosto.
Después de su regreso a la ciudad de Cusco el 21 de abril, el seguimiento policial continuó y al terminar la presentación del documental en la tarde, Moore y Dougherty fueron rodeados por un grupo de 15 a 20 policías, muchos vestidos de civil, y personal de migración, y luego fueron detenidos durante cuatro horas.
El hábeas corpus argumenta que la detención, durante la cual Moore y Dougherty fueron sometidos a más hostigamiento, fue ilegal y arbitraria. La norma en la Ley de Migraciones de Perú que regula la intervención policial de migrantes no está vigente, y el Tribunal Constitucional de Perú ha determinado que se puede realizar detenciones de migrantes solamente bajo condiciones excepcionales. Además, provisiones en el código penal de Perú no permite que la policía realice investigaciones cuando detiene a personas sin orden judicial, ni permite que las detenga por más tiempo de lo necesario. La policía intentó tomar declaraciones extensas de Moore y Dougherty, y los retuvieron mucho más tiempo de lo requerido para verificar su identidad. Durante este tiempo, los individuos no identificados seguían filmándolos, y cuando la policía acompañó a Moore a su hotel para recoger su pasaporte, fueron hasta su habitación.
La investigación en curso contra Moore y Dougherty por una supuesta infracción de la ley migratoria en la que se les acusa de haber atentado contra el orden público, el orden interno o de haber sido una amenaza a la seguridad nacional – lo cual podría terminar en una sanción de expulsión del territorio peruano por hasta 15 años – carece de toda garantía de debido proceso. En lugar de recibir la notificación debida sobre la investigación y tener plena garantía de sus derechos fundamentales, Moore y Dougherty fueron sujetos a la persecución, el hostigamiento, e inmediatamente después de su detención ilegal y arbitraria, el Ministerio del Interior violó su papel de árbitro neutral cuando emitió un comunicado público declarándolos culpables de haber incitado a las comunidades campesinas a la violencia y manifestando que cabría la expulsión del país, y al mismo tiempo expresando su respaldo explícito por las operaciones de Hudbay.
El hábeas corpus observa que la subsidiaria peruana de Hudbay Minerals tiene un convenio con la Policía Nacional, lo cual la somete a la empresa y a sus necesidades de seguridad, generando un conflicto de interés con su función de servicio público. Es de notar que entre el 2006 al 2014, 230 personas fueron asesinadas y 3,318 resultaron heridas en el contexto de conflictos socio-ambientales en Perú, principalmente en torno a proyectos mineros. Las fuerzas armadas estatales han sido con frecuencia los agresores.
La demanda también argumenta que este proceso de criminalización constituye un acto de violación al derecho a la libre expresión, un derecho individual y colectivo, que es fundamental para el intercambio de información y comunicaciones, tanto para las comunidades alrededor de la mina Constancia de Hudbay como para el público en las ciudades de Cusco y Lima.