(Ottawa/Oakland/Tatamagouche/Toronto/Washington D.C.) El lunes se emitió una alerta para inversionistas advirtiendo que los históricos desarrollos con respecto a la demanda contra Tahoe Resources en Canadá es tan sólo uno de los indicadores de serios riesgos en relación a su mina argentífera Escobal en Guatemala. El jueves 8 de junio, el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la apelación de Tahoe Resources, despejando así el camino para que una demanda civil contra la empresa avance a la etapa de juicio en la provincia de Columbia Británica por violencia en torno a su proyecto de Guatemala.

El alerta para inversionistas lo emitieron organizaciones ambientalistas y de justicia social con fuertes vínculos en Guatemala, e indica que el caso de violencia por el que se le hace juicio a Tahoe en Columbia Británica es sólo uno de los muchos incidentes de derechos humanos que aún no han sido resueltos en relación al proyecto. A su vez, existen alegaciones de corrupción en cuanto a las autoridades guatemaltecas que otorgaron los permisos para la mina, lo que brinda más razones para poner en tela de juicio el controvertido proyecto principal de la empresa. El alto riesgo que implican los continuos abusos a los derechos humanos que surgen de este proyecto, el cual ha suscitado una amplia oposición comunitaria, ya ha afectado la confianza de los inversores y debería motivar la desinversión de otros, concluye el alerta.

“Durante la etapa previa a la explotación comercial de la mina Escobal, la empresa y las autoridades guatemaltecas utilizaron una campaña de violencia, criminalización y militarización para suprimir la amplia oposición de las comunidades en relación al proyecto. Nos alegra que la demanda proceda a la etapa de juicio en Canadá y esperamos que los inversionistas reconsideren mantener su interés en la empresa”, observa Lisa Rankin de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala.
 
Entre el 2011 y el 2013, alrededor de 100 personas sufrieron persecución jurídica por haber organizado consultas comunitarias sobre la minería o haber participado en protestas pacíficas. En el 2013, con objeto de suprimir la oposición, el gobierno decretó estado de sitio y los guardias de seguridad de la empresa atacaron a manifestantes pacíficos enfrente de la mina. Siete hombres sufrieron heridas de armas de fuego al huir de los guardias de seguridad de la empresa. Pesan sobre Tahoe Resources acusaciones de negligencia y agresión física por este incidente, y es esa la base de la demanda civil que se presentó ante los tribunales de Columbia Británica.

“Las mismas autoridades guatemaltecas que obraron junto a Tahoe para suprimir la oposición al proyecto Escobal y que aprobaron las licencias finales de la empresa hoy día se encuentran en la cárcel o se las busca por su participación en escándalos de corrupción que derrocaron al último gobierno. La legitimidad y legalidad del proyecto Escobal es dudosa en el mejor de los casos”, comentó Becky Kaump de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala.

A principios de abril del 2013, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le otorgó a la empresa la licencia de explotación, haciendo caso omiso a los más de 200 recursos de oposición interpuestos por miembros de las comunidades por los posibles impactos ambientales de la mina. La falta de debido proceso en esta decisión es el objeto de una batalla que se mantiene vigente en los tribunales guatemaltecos, y ha resultado en tensiones continuas en las comunidades locales. Los daños a casas por temblores que se cree son producto de actividades mineras, además de la pérdida de fuentes de agua desde el inicio de las operaciones de la mina, han generado protestas y un creciente  descontento en la población.

“En Europa fondos de pensiones multimillonarios ya han vendido su participación en la empresa debido a los tremendos abusos a los derechos humanos y los constantes riesgos financieros que el proyecto impone. Es hora de que otros inversionistas vendan su participación en Tahoe y respeten a las decenas de miles de miembros de comunidades que se han expuesto a notables riesgos para expresar su oposición a este proyecto debido a temores por el agua, por sus tierras, y por la paz en sus comunidades”, concluyó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

El Alerta para Inversionistas se encuentra disponible aquí en inglés. Un informe sobre la falta de transparencia de la empresa en relación a estos riesgos, que se presentó a la Comisión de Valores de Columbia Británica, se encuentra disponible aquí.

Contactos:

• Lisa Rankin, Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala, (902) 615-0704, btscoordinator(arroba)gmail.com
• Caren Weisbart, Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera, caren.weisbart(arroba)gmail.com, (647) 466-6643
• Becky Kaump, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), +011 (502) 5575-2058, becky(arroba)nisgua.org
• Jen Moore, Alerta Minera Canadá, 613-569-3439, jen(arroba)miningwatch.ca   
• Kelsey Alford Jones, Center for International Environmental Law, (202) 742-5854, kalford(arroba)ciel.org