Comunicado de prensa de la Familia de Mariano Abarca leído en conferencia de prensa el 28 de junio 2017

(Ciudad de México) El 26 de junio del 2017, mi familia y yo, José Luís Abarca Montejo, mandamos una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos que le fueron violados a mi padre Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, por sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, cuando se encontraba platicando afuera de su restaurant, en el municipio de Chicomuselo, en el estado de Chiapas. De este hecho también resultó gravemente herido Orlando Velázquez Rodríguez, uno de sus compañeros de lucha.

Mi padre nació el 11 de abril 1959 en Chicomuselo, Chiapas. Fue un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente que le valió mucho reconocimiento al interior de su pueblo y también fue uno de los fundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Su asesinato se llevó a cabo para acallar y desmovilizar la lucha por la defensa del territorio, la protección de los bienes naturales y el resguardo de la vida que él encabezaba junto con la población de Chicomuselo, porque tenían el propósito de retirar a la empresa Blackfire y dejará de hacer daño a la salud de la población, así como frenar la destrucción de los ecosistemas.

Antes de su asesinato, y durante todo el proceso de su lucha, mi padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel. No obstante, su verdadera y pertinaz transgresión fue la irreductible defensa de los derechos humanos, porque su convicción y espíritu lo impulsaron a pretender una pronta y expedita procuración de justicia en contra de quienes de forma arbitraria y recurrente violan la ley, incumplen normatividades y se protegen bajo el brazo de la corrupción y la impunidad, esa que desde hace años el gobierno mexicano ha incorporado como patrón de conducta.

Mi padre visibilizó y denunció a los actores involucrados en el saqueo de los bienes naturales de nuestra comunidad, así como también señaló a los responsables de las acciones de intimidación emprendidas contra su persona y el movimiento social. Entre los principales actores que lo atacaron destacan; el expresidente municipal de Chicomuselo el Sr. Julio César Velásquez Calderón y por el exgobernador de Chiapas el Sr. Juan Sabines Guerrero.

Tampoco escatimó esfuerzos para declarar a los directivos de la empresa canadiense Blackfire Exploration como los principales responsables, quienes apoyados por la indebida actuación tanto de la policía estatal como de la policía municipal, efectuaron diversas agresiones encabezadas por los trabajadores de la empresa que se presentaban con armas largas y amenazantes en contra de las y los compañeros en resistencia.

Denunciamos que desde el 27 de noviembre del 2009 -día del artero y cobarde crimen de mi padre-, hasta el día de hoy, la investigación por parte del Estado mexicano se encuentra paralizada, destacando que después de estar detenidos varios implicados -todos ellos con algún vínculo de trabajo con la empresa Blackfire-, y de incluso haber sentenciado a uno de ellos (2010), hoy todos, incluyendo al sentenciado, se encuentran en libertad. Tampoco hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los actores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a nosotros su familia, como al resto de sus compañeros.

Nuestra familia está indignada ante la ineficiencia, ineficacia y torpeza del sistema de procuración de justicia en México. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso y ha mostrado muy poco interés de nuestras exigencias, por lo tanto, se ha mostrado indolente en la protección de nuestro derecho a saber la verdad y deniega una de sus funciones más importantes, siendo esta la procuración de justicia.

Manifestamos que todos estos años de impunidad para con nuestra familia, hemos estado luchando por encontrar justicia y castigo a los culpables por el asesinato de mi padre, por lo tanto, durante este tiempo hemos fortalecido algunas líneas de investigación que evidencian el cabildeo permanente a cargo del gobierno canadiense, a través de su Embajada en México, y que ha realizado ante el gobierno mexicano, porque a pesar de haber tenido pleno conocimiento del conflicto social y los riesgos para con mi padre, no sólo hicieron caso omiso de los hechos, sino por el contrario, haciendo gala de la diplomacia de negocios canadiense, legitimaron y apoyaron la actuación violenta y violatoria de la empresa minera Blackfire.

Declaramos que también hemos explorado sin éxito, las maltrechas ventanillas de la justicia mexicana y canadiense, lo cual ha servido para demostrar, una vez más, el abandono de la institucionalidad y en consecuencia, la total indefensión en la que nos encontramos y debemos afrontar como mexicanos y mexicanas a causa de los atropellos del sistema.

Es por ello que hemos decidido acudir ante CIDH, para entregarles una petición y queja contra del Estado mexicano por su no actuación en la protección en vida de mi padre, así como evadir la búsqueda de justicia después de su asesinato. En esta petición nos acompañan tres co-peticionarios: la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual mi padre era integrante, la asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Resaltamos que el atentado que le quitó la vida a mi padre no es un hecho ni único ni aislado en contra de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente tanto en México como en Latinoamérica. Se trata de un patrón de comportamiento sistemático en donde son cuatro los actores que actúan en contra de las resistencias: los gobiernos corruptos y desnacionalizados quienes, entre otras cosas, desregulan leyes para justificar y legalizar el saqueo; el gobierno canadiense que insiste en encabezar el despojo de los bienes naturales de los pueblos de América latina; las fuerzas policiacas y militares quienes actúan como grupos privados para la protección de las trasnacionales y; los golpeadores, paramilitares, sicarios y grupos del crimen organizado, quienes bajo el cohecho y la prebenda se encargan de introducir el miedo, el terror y la muerte en los pueblos.

Esperamos que la CIDH reciba, revise y acepte este nuevo reto para la procuración de justicia que ponemos en sus manos. Para nosotros son una esperanza contra la impunidad que permite estar en concordancia con el ejercicio de la plenitud de nuestros derechos humanos. Con esto también pretendemos establecer un precedente legal al denunciar, a nivel internacional, los vínculos entre las autoridades mexicanas y la embajada de Canadá por permitir que las empresas mineras atenten contra la vida de las y los defensores en México.

FRATERNALMENTE,

Los peticionarios:

• Familia Abarca
• Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
• Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
• Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

¡JUSTICIA PARA MARIANO ABARCA ROBLERO!

¡MARIANO ABARCA ROBLERO VIVE…..LA LUCHA SIGUE!

#JusticiaParaMariano