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Amigos de Alerta Minera

Sentencia de la Corte Peruana determina que la Empresa Minera Hudbay, quien contrato a la Policía Nacional, Influyó en la Criminalización de Dos Investigadores Extranjeros

Source: 
Institute for Policy Studies - Global Economy Project

La corte peruana ha fallado que la policía y el Ministerio de Interior de Perú actuaron con parcialidad por un contrato de seguridad entre la policía con la empresa minera canadiense HudBay Minerals, al detener ilegalmente a Jen Moore, siendo coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá, (ahora investigadora afiliada con el proyecto de minería y comercio del Instituto de Estudios Políticos), y al periodista investigador John Dougherty de los EE.UU, a fines de abril de 2017. Los dos estuvieron promoviendo una película sobre el legado de violencia colonial, contaminación ambiental, promesas incumplidas y represión de la protesta en torno a las operaciones de la empresa hudBay en Canadá, los EE.UU., Guatemala y Perú. Dos días después de su detención la autoridad migratoria prohibió su regreso al país andino indefinidamente. En este entonces, la empresa HudBay argumentó que no tuvo nada que ver con la criminalización, aunque admitió haber contratado a la policía por sus servicios de seguridad.

En respuesta a una demanda de habeas corpus entregada con el apoyo del Instituto para la Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco (DHSF), la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), Fedepaz y Cooperacción a nombre de Jen Moore en mayo del 2017, una corte de Lima notificó a los abogados de su fallo a su favor a principios de octubre. En dicho fallo además, se determina que, la policía y el Ministerio de Interior actuaron con parcialidad, y también se constata que, compartir información sobre los impactos negativos de la minería no atenta en contra del orden público ni viola la ley migratoria, que eran parte de los elementos que la policía definió como delitos. En el mismo documento establece que, la criminalización de Moore constituye una violación de los derechos individuales, a la libertad de expresión y los derechos colectivos de acceso a la información. Es importante resaltar que el fallo no es final y es sujeto de apelación.

Es necesario aclarar que, aunque los contratos entre las fuerzas armadas de Perú y las empresas mineras son legales, varias organizaciones nacionales e internacionales han denunciado vehementemente esos contratos por varias razones, entre las que destacan los impactos nocivos que genera sobre la imparcialidad e independencia que deben tener las fuerzas policiacas del estado para procurar justicia, y no para facilitar la criminalización, la violación de derechos y la represión de pueblos indígenas y las comunidades que son afectadas por la minería en diversas partes del país.

 

Este año, las organizaciones Derechos de la Tierra Internacional (ERI por sus siglas en inglés), IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, publicaron un estudio en donde evidencian que las empresas mineras y otras empresas extractivas han firmado, entre 1995 a 2018, por lo menos 138 contratos con la policía del estado peruano. Hay diversos ejemplos de casos en donde la privatización de la policía nacional, sucede en el contexto de protestas en contra de la minería, en donde suceden graves impactos que van desde la criminalización, hasta la represión que genera heridos y muertos. En el caso de la mina Tintaya, que pertenece a la empresa suiza Glencore (anteriormente XStrata), ciudadanos peruanos llevaron una demanda civil a las cortes en el Reino Unido por la represión violenta de policía en contra de las comunidades indígenas que estaban manifestándose en contra de la contaminación ambiental y las promesas incumplidas por la empresa. En este caso, hubo 100 personas heridas y tres asesinados.

La decisión reciente de la corte de Lima en el caso de Jen Moore, es un precedente sumamente relevante para otros periodistas, cineastas, académicos, investigadores comprometidos y consultores técnicos quienes buscan compartir información y opiniones sobre los impactos destructivos de los proyectos extractivos con comunidades en Perú. También es otro insumo importante para quienes están luchando para prohibir los contratos privados de seguridad con la policía.

Esta decisión acredita cómo la privatización de las fuerzas de seguridad en Perú pone a la policía al servicio de las empresas mineras, rompe su acción de imparcialidad y la somete a que realice acciones en un claro conflicto de intereses. Esto genera una absurda permisibilidad para la violación de los derechos humanos, inclusive la criminalización de las personas que ejercen sus derechos y se manifiestan en contra de los proyectos mineros y los impactos permanentes a la salud y el ambiente a causa de sus operaciones. Además, tal como demuestra este caso, este tipo de alianzas aumenta el control del estado y de las empresas sobre la información a que debiera acceder la gente, no sin antes también quedar demostrado que utilizan al estado para crear procesos de criminalización para las y los investigadores y periodistas independientes,” constató Moore.

Antecedentes

 

El 21 de abril de 2017. Poco antes de su detención ilegal, Moore y Dougherty estaban viajando en el departamento de Cusco para compartir el documental; El Fraude de Flin Flon, que explica sobre el legado de violencia colonial, contaminación ambiental, promesas incumplidas y represión de la protesta en torno a las operaciones de la empresa HudBay Minerals en sus operaciones en Canadá, los EE.UU., Guatemala y Perú.

Durante la tarde del viernes 21 de abril, entre 15 y 20 policía vestidos de civiles y funcionarios migratorios les rodearon fuera de la Casa de Cultura de Cusco, a unos pasos del zócalo, y después de haber mostrado la película en un evento público con organizaciones peruanas. Fueron detenidos en la oficina migratoria de Cusco por cuatro horas, el tiempo máximo permitido por ley y durante su detención fueron interrogados sobre sus actividades y filmados por hombres desconocidos.

Es importante señalar que, incluso antes de que Moore y Dougherty arribaron en Perú, ya se orquestaba una campaña en su contra al interior de Perú, que fue iniciada por un columnista anónimo quien les acusó a Moore, Dougherty, y las organizaciones peruanas Derechos Humanos Sin Fronteras y Cooperacción, con las cuales habían organizado los eventos, de estar “planificando una emboscada” en contra de HudBay Minerals y la inversión minera en el sur peruano. También, días antes de su detención, fueron perseguidos y hostigados por policías quienes vigilaron sus actividades mientras visitaron comunidades en la zona de afectación de la mina de cobre Constancia de la empresa HudBay, en donde mostraron la película y entregaron copias en Quechua. Al mismo tiempo, la policía abordo a líderes comunitarios para preguntarles sobre las actividades que se estaban realizando, además de introducirse al hotel en donde se hospedaban Moore y Dougherty, buscando su identificación personal y sin que ellos estuvieran presentes.

Menos de doce horas después de su detención, el Ministerio de Interior hizo evidente la naturaleza política de su detención, cuando emitió un comunicado declarando que los dos fueron señalados culpables de incitar a las comunidades a la violencia y que su expulsión sería una sanción adecuada.

Ese mismo día, los dos decidieron salieron de Perú tomando en cuenta el consejo de sus abogados que mostraron mucha preocupación por su seguridad, al mismo tiempo de empezar a planear cómo continuar el proceso a través de un representante legal en el país.

El siguiente día, el domingo 23 de abril de 2017, las autoridades migratorias emitieron su decisión prohibiendo a ambos el reingreso al país por tiempo indefinido,  aún antes de que tuvieran oportunidad de responder a las acusaciones, lo que evidentemente violentó el debido proceso. Los dos nunca fueron notificados de esta decisión y solo se enterraron a través de los records de la corte meses después.

En un caso jurídico aparte, Dougherty obtuvo un fallo que determina que las autoridades peruanas violaron su derecho al debido proceso cuando el gobierno prohibió a el y Moore del país. La corte rescindió la sanción que había impuesto el gobierno de prohibir la entrada de Dougherty al país por 10 años. 

Contactos:

Jennifer Moore, Instituto de Estudios Políticos – Proyecto Economía Global, jen@ips-dc.org