Publicado originalmente en la página de Facebook de REMA.
En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevó a cabo la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a “recibir a empresas canadienses que puedan tener asuntos pendientes” y que “está abierto a dialogar con ellas para resolver discrepancias” sobre el mecanismo de auto abasto de energía; así mismo anunció nuevas inversiones canadienses, sobre todo en minería y un gasoducto siendo construido por la empresa TransCanada, y firmó un Memorándum de Pueblos Indígenas supuestamente para abrir una colaboración en temas culturales y de protección a pueblos indígenas. Sin embargo, todo esto viene envuelto en la política neoliberal del T-MEC que contribuye a la continua profundización del modelo extractivo minero colonialista en ambos países, donde muchas comunidades siguen sufriendo los embates de la minería, y ambos gobiernos han hecho oídos sordos ante las múltiples denuncias.
La situación en Guerrero es ejemplar de la actividad atroz de las empresas mineras canadienses en México en donde operan con impunidad y expanden sus operaciones en zonas de altísima violencia mientras las poblaciones han sido sometidas por el crimen actuando en contubernio con las autoridades. En la comunidad de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, ha habido una serie de empresas canadienses, Goldcorp, Leagold y ahora Equinox Gold, que han abierto una mina de oro enorme, destruyendo las tierras de las familias campesinas para siempre y violentando permanentemente el convenio firmado con los ejidatarios. De manera común para las operaciones mineras, la operación minera destruyó los manantiales de agua de donde se abastecía la comunidad para instalar la pileta de lixiviados, y por años se han negado a dotar de agua potable a la comunidad que continúa comprando botellones de agua para cubrir su necesidad primaria. Además, los daños a la salud que se han generado por la contaminación afectan de una manera u otra a casi toda la población y la violencia de grupos delincuenciales que asesinan a la orden del día es el resultado de 15 años del saqueo de minerales al abrigo de autoridades federales, estatales y municipales.
En todo el llamado cinturón dorado de Guerrero, del que Carrizalillo forma parte, el desplazamiento forzado de miles de familias, de comunidades enteras no se detiene, siendo los grupos del crimen organizado actuando con la cobertura de las autoridades quienes se encargan de sembrar el terror para que las empresas mineras continúen saqueando de manera impune.
Da vergüenza que el Primer Ministro Justin Trudeau aprovechó su estadía en México para reunirse con la presidenta ejecutiva de Torex Gold, Jody Kuzenko, cuya operación minera queda al otro lado del río de Carrizalillo en el mismo cinturón de oro tan violento. El Primer Ministro informó en un boletín oficial que “congratuló a la empresa por su liderazgo en diversidad, equidad e inclusión”, además de por ser responsable. Al mismo tiempo, el gobierno de Canadá mantiene una alerta aconsejando a viajeros canadienses evitar ir a todo Guerrero, con la excepción de dos cuidades, por los altos niveles de actividad criminal y secuestros. Sin embargo, cuando se trata de los intereses mineros canadienses y la vida de las comunidades alrededor, el mensaje es todo lo contrario. Con esta reunión de Trudeau y Torex anunciada públicamente, se muestra tolerancia abierta por el abuso constante de estas empresas y un nivel de desdén y racismo hacia las comunidades que tienen que sobrevivir con la devastación ambiental, la contaminación de su río, así como la criminalización, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos por gente armada al servicio de esta empresa. Es además factible que Torex Gold sea una de las empresas buscando diálogo con AMLO sobre las reformas energéticas, dado que Torex ha tenido que frenar sus planes para instalar una planta solar bajo el mecanismo de autoabasto.
Además, basta ver los altos niveles de impunidad con el caso de Chicomuselo, Chiapas, donde en 2009 fue asesinado nuestro compañero Mariano Abarca por su resistencia a los daños sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire. Hasta el día de hoy, la familia Abarca sigue luchando por la justicia, que el estado mexicano responsabilice a los actores responsables materiales e intelectuales. Así también ha llevado su lucha a Canadá en donde el sistema de justicia ha mostrado el mismo nivel de desinterés en examinar la corresponsabilidad de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor peligro la vida de Mariano antes de su asesinato como resultado de presionar a las autoridades mexicanas incansablemente a favor de Blackfire. Hoy en día, tal como pasa en los lugares en donde se ha abierto la minería una vez, jamás las familias pueden dormir tranquilas después. La empresa Blackfire ya no existe, pero la población de Chicomuselo se ha estado levantando con mucho valor y en condiciones aún más violentas que antes para denunciar la reactivación de la actividad minera al amparo de la delincuencia organizada y de los tres niveles de gobierno.
La violencia y el terror que se ha generado hacia las y los habitantes de lugares donde la minería hace presencia con el fin de llevar a cabo desplazamiento forzado y permitir que las empresas mineras se adueñen de los territorios es una constante, sin que el gobierno federal intervenga, pasando a ser cómplice del despojo que las mineras nacionales y extranjeras llevan a cabo a lo largo y ancho del país. Zacatecas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí; la lista es muy larga para demostrarle al presidente López Obrador que no hay forma de “resolver discrepancias” con empresas sin escrúpulos, que contaminan, que despojan, que destruyen comunidades enteras, que acaban con ecosistemas completos, que abandonan su contaminación que seguirá contaminando a perpetuidad, que acaban con fuentes de agua, que enferman, que matan. Sin embargo, siguiendo la lógica del T-MEC, tal como hace los gobiernos de México y Canadá, hay dos opciones cuando se trata de hacer reformas que impide a las empresas, como Torex, hacer todo que les dé la gana: 1) negociar, tal como parece estar haciendo en este caso, o 2) recibir multimillonarias demandas, tal como está llevando empresas mineras canadienses en contra de México como First Majestic Silver y Coeur Mining en torno a disputas tributarias.
Para los pueblos, sin embargo, nada ha cambiado, mucho menos con la cínica firma de un Memorándum de Pueblos Indígenas. Este tipo de actas solamente funciona para lavar la cara de dos países en donde el modelo extractivo minero sigue profundizándose a costa de la vida y el territorio de las comunidades y los pueblos indígenas. Es importante reconocer que la minería en Canadá opera bajo leyes aún colonialistas que no admite que los pueblos digan no a la actividad minera, y en donde el estado mantiene políticas de genocidio llevado a cabo específicamente para apropiarse de sus territorios para la extracción rapaz de los bienes naturales que allí se encuentren. Tal como informó el Instituto Yellowhead a fin del año pasado, el gobierno de Canadá sigue lejísimo de implementar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación publicadas hace siete años sobre las escuelas residenciales que el estado implementó en Canadá para destruir los pueblos indígenas donde murieron miles de niños; el número real aún está siendo contabilizado y podría estar en el rango de 20,000. Ante tal situación, este Convenio es nada más que otro acto simbólico que tapa de la vista del mundo estos crímenes.
Solo tendría sentido un convenio de esta índole si fuera para suspender definitivamente la minería, pues es imposible una minería que no despoje a los pueblos de sus bienes comunes, de su tranquilidad, de su vida comunitaria o de su vida, a secas. Adelfo Regino lo sabe y con dolo y mala fe se forma en la línea de los que quieren seguir mofándose y ocultando el dolor, la desesperación y el correr de la sangre de comunidades enteras a cambio de toneladas de mineral que sólo lucen en las estadísticas de un país exportador y saqueado.
Regodearse por no haber otorgado más concesiones mineras cuando hay 24 mil ya otorgadas y SEMARNAT sigue autorizando proyectos de exploración, solo es parte del acto circense en donde al mismo tiempo anuncia mayor inversión minera, en el mismo acto está el cinismo y la burla.
Con todo lo anteriormente expuesto y lo mucho que nos faltó, desde REMA podemos asegurar que el cinismo, desvergüenza, desprecio por las comunidades y entreguismo del país a las empresas mineras por parte de López Obrador no tiene límite cuando dice “...la mayoría de las mineras canadienses son las que nos están ayudando a que no se destruya el medio ambiente y las que más ayudan a las comunidades…” Ya Basta de mentiras señor Presidente, su sumisión llevará a este país a la ruina total.
Decir también que, querer cambiar la ley minera, hacerla “más rígida, menos laxa” (en el supuesto de que los poderes fácticos multinacionales que mueven los hilos de los legisladores lo permitieran) es una ilusión que realmente no dimensiona la magnitud de la devastación, y una cortina de humo que sólo vendrá a legitimar el despojo y la destrucción de los territorios y sentenciaría a los pueblos indígenas y campesinos a su desplazamiento y desaparición.
ALTO TOTAL A LA SIMULACIÓN RACISTA Y A LA MINERÍA EN MÉXICO
RESPETO A LA VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)