Quito/Ottawa. Hoy, 108 organizaciones de derechos humanos y ambientales enviaron una carta a Atico Mining Corporation y al presidente de Ecuador exigiendo detener la militarización, criminalización e intimidación de las comunidades campesinas, Montubio, e Indígenas de Palo Quemado (Sigchos, Cotopaxi), como consecuencia de su defensa del agua y la vida y oposición a la minera canadiense.

La carta es enviada durante la semana en la que se lleva a cabo quinta ronda de negociaciones del tratado del libre comercio entre Canada y Ecuador y poco después de que comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos denunciaran nuevos intentos de llevar a cabo una controvertida consulta medioambiental sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas. 

El ejército ecuatoriano ha entrado en la pequeña parroquia de Palo Quemado, en la provincia centroandina de Cotopaxi, Ecuador, militarizando la comunidad al menos tres veces en los últimos dos años con el fin de llevar a cabo un controvertido proceso de consulta medioambiental que pretende acelerar la concesión de permisos mineros y avanzar el proyecto La Plata de Atico Mining en Palo Quemado. 

La carta hace eco declaraciones de varias agencias de Naciones Unidas que han denunciado la violencia con la que se ha llevado a cabo este proceso de consulta ambiental.

Una parte significativa de las comunidades locales afectadas de Palo Quemado y Las Pampas se han opuesto firmemente a la minería durante al menos los últimos 40 años. Más de 70 personas han sido criminalizadas por manifestarse en contra de este proyecto minero.

La carta pide a Atico Mining que ponga fin a la criminalización e intimidación de las comunidades afectadas y cese sus operaciones; al poder ejecutivo ecuatoriano que anule el proceso de consulta ambiental para la concesión minera de Atico y anule el establecimiento de «Zonas de Seguridad» de 14 proyectos mineros, incluyendo La Plata; y a la embajada canadiense en Ecuador que implemente las directrices «Voces en Riesgo» y retire todo apoyo comercial a la empresa minera canadiense.

Este proceso de consulta tiene lugar en un contexto más amplio de negociaciones comerciales entre Ecuador y Canadá, cuyo objetivo es aumentar la inversión minera en el país y conceder a las empresas mineras privilegios aún mayores. Este acuerdo comercial, denunciado enérgicamente tanto por las comunidades afectadas como por las organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y Canadá, no hará sino aumentar esta represión y desencadenar nuevos conflictos socioambientales en lugares como Palo Quemado. Por ello, la carta pide a los gobiernos del Ecuatoriano y Canadá que cese las negociaciones comerciales.

Una copia de la carta y la lista completa de firmantes está disponible en línea en este enlace.

“Tras las cifras, tras los números, hay personas, que vamos a seguir resistiendo que estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida a cambio de que nuestra tierra se mantenga libre, y se mantenga con este ambiente que tenemos. Nosotros queremos que ellos [Atico] se vayan de nuestro pueblo,  que nos dejen vivir en paz con nuestra historia, con nuestra caña, dejen de destruir nuestra historia”. Rosa Masapanta, es la presidenta de la Asociación Flor de Caña, como presidenta ella representa a algunos de los miembros de su asociación que se encuentran entre las más de 70 personas que han sido criminalizados por cargos infundados por manifestarse en contra de este proyecto de mina desde marzo del 2024

“Las y los moradores de las parroquias de Palo Quemado y  Pampas tenemos un total descontento porque para llevar una consulta ambiental para un proyecto minero se necesita ley minera no un decreto 754 que es inconstitucional.  Por eso nosotros nos paralizamos y no permitimos el proceso de "consulta ambiental" en el 2023.  Sin embargo, Ministerio del Ambiente sigue intentando realizar el proceso de "consulta" a puertas cerradas sin comunicación y sin buena fe aprovechando la incoherencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del decreto 754 pero lo dejó vigente con condiciones que el Estado no cumple, pese a que es el ente para garantizar el buen vivir, el agua pura, para las comunidades y para los pueblos. Nos están  vulnerando nuestros derechos y los de la madre tierra, usando la criminalización masiva de dirigentes y gente campesina que lo único que hace es defender la naturaleza y sus formas de vida campesina.   Iremos a las cortes nacionales e internacionales para que se garanticen nuestros derechos”.  Juan Carlos Carvajal Presidente del Colectivo Defensores del Agua y la Vida de la Parroquia las Pampas

“El estado ecuatoriano no está cumpliendo sus obligaciones supranacionales de proteger a personas defensoras que además los trata como delincuentes comunes permitiendo que terceros, las mismas empresas mineras, o las mismas instituciones publicas los procesen por procesos de terrorismo, de asociación ilicita e incluso procesos de sabotaje. Existen casos de intimidación. Y están criminalizando campesinos que no tienen los recursos para acceder a la justicia, que tampoco tienen los recursos para poder movilizarse grandes distancias a donde quedan los juzgados, las fiscalías, la defensoría. Esto es una estrategia de desgaste. Desgaste económico, desgaste físico, emocional, psicológico de los procesos de resistencia pero también de forma individual a cada familia de los defensores”. Yuly Tenorio, abogada de la Asociación Flor de Caña y Coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus fases 

“Usar militares para imponer procesos de participación ciudadana, como pasó en julio 2023, marzo 2024 y octubre 2024 en Palo Quemado es inconstitucional, viola tratados internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza gravísima a la integridad de la población.  Convocar a la fase informativa el mismo día que se realizaría, dar dos días (y poquísimas horas) para que la población pueda acceder, leer, comprender, y proponer observaciones a miles de páginas técnicas, es no solo reducir el derecho de consulta a “mero trámite”, sino que le convierte en un instrumento colonial de violencia estatal.” Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los derechos Humanos del Ecuador

“Existe un patrón bien documentado de criminalización en toda América Latina, donde los defensores del medio ambiente son demandados con acusaciones infundadas, en un esfuerzo por silenciar su oposición a la minería canadiense. Exhortamos a la embajada de Canadá que conforme a Voces en Riesgo y denuncie públicamente la intimidación y criminalización a la que se enfrentan las comunidades afectadas por Atico Mining”. Viviana Herrera, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada

Para más información o agendar entrevistas, contactarse con:

• Juan Carlos Carvajal, presidente del Colectivo Defensores del Agua y la Vida de la Parroquia las Pampas: [email protected]
• Yuly Tenorio, abogada de la Asociación Flor de Caña y Coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus fases:  [email protected] 
• Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los derechos Humanos del Ecuador: [email protected] 
• Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada: [email protected]