San Salvador –  En nombre de los cientos de organizaciones de más de dos docenas de países que apoyan los Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador, condenamos la sentencia del pasado 26 de noviembre emitida por  Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, Magistrados de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, la cual ordena un nuevo juicio para los Cinco Defensores del Agua de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) Santa Marta.

La decisión del 26 de noviembre revoca un veredicto unánime y de principio emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque tras un juicio que desestimó la acusación de la Fiscalía General de la República basándose en la falta de pruebas que vincularan a los cinco Defensores del Agua con un presunto delito. El Tribunal determinó que el caso de la fiscalía no se ajustaba a la definición de 1) crimen de lesa humanidad; o 2) crimen de guerra, según lo establecido en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, respectivamente. Según el equipo de defensa legal, el posterior recurso interpuesto desde la Fiscalía carece de fundamento legal, y la anulación de la sentencia de primera instancia por parte de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque es una decisión política que consiente este recurso. Su decisión es una prueba más del deterioro de la independencia del sistema judicial salvadoreño y de su politización para castigar y debilitar la lucha en defensa de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017.

La objetividad del juicio de Sensuntepeque y la decisión que lo acompañó fueron afirmadas por una misión internacional de observadores que ha publicado su informe sobre los procedimientos. En referencia al nuevo juicio de los Cinco Defensores del Agua, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, y el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, han expresado públicamente su preocupación por la persecución de los defensores del medio ambiente por parte del gobierno de El Salvador.

Cabe señalar que la detención en 2023 de los Cinco Defensores del Agua de ADES Santa Marta tuvo lugar cuando estos, junto con otros y otras activistas, expresaron su preocupación de que el gobierno de Nayib Bukele estuviera considerando restablecer la minería de metales en El Salvador, advirtiendo sobre 1) la decisión del gobierno, en mayo de 2021, de unirse al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, y 2) otras reformas legales que condujeron al momento actual. De forma escalofriante, el mismo día en que decenas de organizaciones sociales celebraron una conferencia de prensa para denunciar la orden de un nuevo juicio, Bukele emitió una publicación en X, en referencia al oro, que “Dios colocó un gigantesco tesoro puesto bajo nuestros pies”, calificó de «absurda» la prohibición de la minería y afirmó, contra toda evidencia, que el oro puede extraerse de forma “sostenible”. Además, afirmó en una rueda de prensa que El Salvador tiene recursos minerales con un valor de “billones de dólares” (sic) que deberían explotarse para desarrollar el país.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador de 2017 es una medida ampliamente popular y anularla sería una sentencia de muerte para el pequeño y densamente poblado país cuyas escasas fuentes de agua ya están en su mayoría contaminadas. La histórica prohibición, aprobada por una votación unánime de 70-0 por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2017, fue el resultado de una campaña de una década para resaltar el valor de la vida por encima del afán de lucro de las empresas mineras transnacionales. La campaña contó en última instancia con el apoyo de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, algunos sectores empresariales, legisladores y ministros de todo el espectro político, así como dos arzobispos.  A todos ellos les convencieron las pruebas irrefutables de los efectos destructivos de la minería del oro y de los efectos nocivos del cianuro utilizado en su extracción. La lucha también costó la vida a varios queridos activistas defensores del agua que se enfrentaron a las empresas mineras en Cabañas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, el estudiante Juan Francisco Durán Ayalay Dora Alicia Recinos Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada, y cuyo hijo de dos años fue testigo y resultó herido en el ataque.

A la luz de estos preocupantes acontecimientos, reafirmamos nuestro firme compromiso de apoyar a los Defensores del Agua de ADES Santa Marta y al movimiento más amplio de resistencia a la minería metálica en El Salvador. Hacemos un llamado al Tribunal de Sentencia de San Vicente para que ejerza la misma objetividad que ya dio lugar a un veredicto de absolución de los Defensores del Agua. Los ojos del mundo siguen puestos en El Salvador y en este politizado e injustificado juicio.

Contactos de prensa:

• Olivia Alperstein, Institute for Policy Studies, +1 (202) 704-9011, [email protected]
• John Cavanagh, Institute for Policy Studies, [email protected]
• Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected]
• Pedro Cabezas, Alianza Centro Americana Frente a la Mineria (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, [email protected]