Quito, 4 de marzo de 2024

Sr. Stephen Potter
Embajador de Canadá en el Ecuador

Señor Embajador:

Las organizaciones comunitarias, redes y colectivos sociales que firmamos esta carta, queremos presentar a Usted nuestras preocupaciones en relación al “día del Ecuador” que tendrá lugar este 4 de mazo en el marco de la convención 2024 de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC), escenario en el que el gobierno ecuatoriano promociona al Ecuador como Destino Minero con la participación del presidente Daniel Noboa. Así como en relación a su presentación y comentarios el pasado 29 de febrero ante el Comité Permanente de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá, instancia que estudia las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador.

Las experiencias de comunidades campesinas e indígenas y pueblos ancestrales en cuyos territorios operan empresas canadienses, resultan escandalosas por la violación de los derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza. Lo denunciamos el año anterior en relación con los proyectos Loma Larga (Azuay), Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), Fierro Urco (Loja y El Oro), Fortuna (Azuay, M. Santiago y Z. Chinchipe) y Warintza (Morona Santiago) https://www.accionecologica.org/tlc-ecuador-canada-nuevo-atentado-a-las-comunidades-los-pueblos-y-la-naturaleza/.  

Y lo reiteramos esta vez añadiendo además los proyectos Rumiñahui y Betys (San Francisco de Pachijal, Pacto, provincia de Pichincha), El Domo (Las Naves, Bolívar) y La Plata (Sigchos, Cotopaxi).

En ellos hemos constatado por ejemplo: irregularidades administrativas, amenazas graves a las fuentes de agua, desconocimiento de consultas populares, violación del derecho a la consulta previa libre e informada, violación del derecho a la autodeterminación de las comunidades ancestrales afectadas, violación del derecho de acceso a la información, falta de licencias ambientales, incumplimiento de ofertas hechas a la población con el fin de convencerlas y otras prácticas clientelares, recurrir a contratos laborales temporales/ocasionales, provocar el colapso de puentes o vías por la circulación de maquinaria pesada, daños en sistemas de agua, en viviendas y en la salud, estrategias de división comunitaria y enfrentamiento interno que alteran el tejido social, la creación de asociaciones y juntas del campesinado con personas de fuera de las comunidades a las que pagan para aparentar un apoyo comunitario y amedrentar a quienes se oponen a los proyectos mineros, quienes negligencia respecto de los impactos de la minería en ecosistemas frágiles como los páramos, los bosques y zonas de recarga hídrica, intervención en áreas arqueológicas y áreas protegidas, daño a la biodiversidad, contaminación de ríos, vertido de químicos utilizados para la perforación del subsuelo, vigilancia a las comunidades con drones, militarización injustificada del Chocó Andino.

A todo esto se suman amenazas de muerte como la ocurrida en 2020 contra la entonces presidenta del PSHA, Josefina Tunki, y múltiples casos de judicialización y criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Además, graves incidentes de violencia de Estado desplegada sobre poblaciones que, afirmadas en su condición de productores agrícolas, rechazaron ser sometidas a una consulta ambiental que buscaba cumplir con una formalidad para agilitar el licenciamiento a dos proyectos mineros, como ocurrió en Las Naves y en Palo Quemado (Sigchos) entre junio y julio de 2023. Estos hechos provocaron que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, expresara en un comunicado de julio de 2023 que “las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas”.

Lo descrito explica la conflictividad frente a los proyectos mineros en los territorios campesinos e indígenas. Las comunidades rechazan la posibilidad de que se destruyan y se contaminen sus tierras y sus aguas, que se afecte dramáticamente el tejido social y sus propias formas de vida, que se generen condiciones para el desplazamiento y el despojo territorial.

Ampliar esta realidad a otras zonas y poblaciones, como es el objetivo del PDAC al poner al Ecuador como Destino Minero, es inaceptable. Más aún si este objetivo va de la mano con el inicio formal de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Canadá, en el que se ha anunciado el interés de incluir el mecanismo Solución de Disputas Inversor-Estado (ISDS), es decir el recurso de los arbitrajes internacionales como instrumento para atraer las inversiones.

Las comunidades, los pueblos y nacionalidades, y la ciudadanía del Ecuador, mediante instrumentos constitucionales como la consulta popular, victorias judiciales y la movilización social, amparadas en el artículo 98 de la Constitución, han expresado reiteradamente la voluntad de defender el agua y la naturaleza frente a escenarios de imposición de proyectos mineros.

Se han ganado consultas populares, que tienen carácter vinculante y son de inmediato cumplimiento. Algunos ejemplos son:

• La consulta popular a nivel nacional, realizada en febrero de 2018, incluyó la pregunta sobre la prohibición, sin excepción, de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El SI obtuvo un respaldo del 68,62%.
• La consulta popular en el cantón Girón, realizada en marzo de 2019, obtuvo un respaldo del 86,79% a favor de defender el agua. Incide en el proyecto Loma Larga de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
• La consulta popular en el cantón Cuenca, realizada en febrero de 2021, con una votación superior al 80% aprobó la prohibición de las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay, que abastecen a la ciudad de Cuenca. Estos resultados también inciden directamente en el proyecto Loma Larga de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
• La consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito, realizada en agosto de 2023, el 68% de la población votó SI a la prohibición de la minería de escala artesanal, pequeña, mediana e industrial. Este respaldo mayoritario también incide en los proyectos Rumiñahui y Betys de la empresa canadiense Natural Resources, conformada por Curimining y Salazar Resources.

Entre las acciones judiciales ganadas, destacamos éstas que ratifican la supremacía de las normas que protegen los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza frente a los intereses económicos empresariales:

• Por decisión de la Corte Provincial de Azuay, el proyecto minero Río Blanco fue suspendido en 2018 por incumplir el derecho a la consulta previa de las comunidades y afectar al Parque Nacional El Cajas.
• La Corte Constitucional dictaminó en 2021 en favor de los derechos de la naturaleza y canceló las actividades mineras dentro del Bosque Protector Los Cedros.
• La Corte Constitucional resolvió en 2022 en favor de la comunidad de Sinangoe del pueblo Ai Cofán y sus derechos a la consulta previa libre e informada, el territorio, el agua, la salud y los derechos de la naturaleza, amenazados por concesiones mineras.
• La Corte Constitucional en septiembre de 2022 dictó la sentencia por la cual elimina la licencia ambiental otorgada al proyecto megaminero San Carlos Panantza en territorio del Pueblo Shuar Arutam por no haber realizado la consulta previa libre e informada al pueblo Shuar.
• La Corte de Justicia del Azuay, en agosto de 2023 suspendió el proyecto Loma Larga por incumplimiento de la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental, y debido a que intersecta con un área protegida.

A más de esto, las comunidades, amparadas en el artículo 98 de la Constitución, en defensa de sus actividades tradicionales, se movilizan ante la imposición de proyectos mineros que vienen asociados con la introducción de alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y la presencia de bandas criminales que hostigan a la población. Además, la pretensión de imponer consultas ambientales con presencia policial y criminalización de las personas defensoras de derechos, convierten los territorios de paz de las comunidades, en zonas de conflicto en los que se afecta el tejido social familiar y comunitario, que son claves para la reproducción económica y cultural local. De esta manera, se da lugar a un agravamiento de la vulnerabilidad de las comunidades frente a la imposición violenta de otros patrones de desarrollo.

Esta situación de violencia ha sido denunciada por organismos internacionales como el 4to Examen Periódico Universal de Canadá, donde se evidenció que en los proyectos mencionados existe una violación sistemática de derechos fundamentales a la vida, la dignidad, el sustento, la autonomía, la libertad. Con el agravante de que si los procesos de militarización de los territorios comunitarios de pueblos tradicionales y la criminalización a personas defensoras tienen como desenlace la privación de la libertad, esto supone en la práctica una sentencia de muerte, considerando que las cárceles en el Ecuador se han convertido en espacios donde ocurren continuas masacres en las que ya han perdido la vida defensores de los derechos comunitarios y de la naturaleza.

Así mismo, alertamos y nos preocupa cómo la Embajada de Canadá, en representación de los intereses de las empresas mineras canadienses, ejerce de forma permanente una diplomacia económica indebida, desconociendo la legitimidad social y jurídica de los pueblos indígenas, cerrándose al diálogo con sus representantes -como fue el caso de la solicitud de reunión del presidente del Pueblo Shuar Arutam, Jaime Palomino- y fomentando la división entre comunidades. Además, sorprende que su Embajada y el Gobierno del Ecuador  busquen respaldar en PDAC el proyecto minero Warintza que ha sido denunciado desde 2021 ante la OIT, y recientemente en la Comisión de Valores de Columbia Británica, por ocultar información importante a sus inversionistas y establecer un marco de impunidad ante las demostradas violaciones de derechos humanos por parte de las empresas Solaris Resources Inc. en la Cordillera del Cóndor

A esto se añaden las irregularidades relacionadas con las operaciones de la empresa petrolera canadiense Grand Tierra Energy en la Amazonía, principalmente el uso violento de la fuerza pública contra la comunidad Santa Marianita (Sucumbíos) en septiembre de 2023.

Todas estas preocupaciones las exponemos a usted señor embajador, porque corresponden a una situación sobre la que el gobierno de Canadá debe estar bien informado. Canadá es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como tal debe cumplir con sus responsabilidades extraterritoriales. Desde nuestros espacios organizativos continuaremos en la defensa de nuestros espacios de vida, denunciando los atropellos corporativos, más aún bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Canadá anunciado.

Atentamente,

Defensa y Conservación Ecológica de Íntag, DECOIN
Frente Antiminero de Pacto
Observatorio Nacional Ciudadano para Vigilar el Cumplimiento de los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus fases
Acción Ecológica
Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte, APT-Norte
Colectivo Teatral Art-os
Quito Sin Minería
Red Ecuador Decide Mejor sin TLC
Federación de Organizaciones del Azuay, FOA
Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del cantón Sigchos
Asociación Flor de Caña, Palo Quemado
Asociación Agropecuaria La Florida, Palo Quemado
Colectiva de Antropólogas
Pueblo Shuar Arutam
Lluvia Comunicación
Comunidad San Antonio de Cambugán
Comunidad de Wayra Loma
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Oficina pro Defensa de los Derechos de la Naturaleza
Pueblo Wankavilka
Jiructa UCINQUI
Saramanta Warmikuna
Comuna San Juan de Inguincho
Red de Líderes Ángel Shingre
Asamblea Social Permanente de Comunidades Afectadas de Pacayacu y Dureno 
Comuna
Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza
Observatorio de derechos ambientales y de la naturaleza de Pacayacu
Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, FEUNASSC
Unión Nacional Agropecuaria y Pesquera Artesanal por la Soberanía Alimentaria del Ecuador
Foro de Salud Pública del Ecuador
Fundación Cerro Verde
REDLAR Ecuador
Agua y Energía Observatorio
Organización comunitaria de mujeres en resistrenciaSinchi Warmi Río Blanco, Molleturo
Colectivo Raíces, Comuna Río Manta, Manabí
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador
Federación Provincial de Comunas de El Oro (Bacideles Armijos Serrano, presidente)
Comunidad Patria Nueva, Sucumbíos
Unión de Afectados por Texaco, UDAPT
Amazon Watch
Coordinadora del Programa para América Latina – MiningWatch Canadá
Fundación Savia Roja
Escuela de Mujeres de Agroecología de Kimsacocha
Escuela de Agroecología de La Libertad
Escuela de Agroecología de Guayara
Escuela de Agroecología y de Medicina Ancestral de Hermano Miguel
Asociación de Desarrollo Comunal y Agroecológico de Mujeres de Bulán
Escuela de Agroecología de Tenta
Escuela de Agroecología Sisa Wayra
Escuela de Agroecología, Salud Ancestral y Liderazgo de San Lucas
Escuela de Agroecología Sumak Kawsay
Escuela de Agroecología Asomupkisa
Escuela de Agroecología de Leg Tabacay
Escuela de Agroecología Virgen de la Merced
Escuela de Agroecología y Biosalud de San Marcos
Red Agroecológica del Cañar
Escuela de Agroecología de Jatunpamba
Lina María Espinosa, Amazon Frontlines
Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES – Ecuador
Raquel Silva, Unión, Tierra y Vida
EmputeEc
Akila Dignidad
Junta de Agua de Victoria del Portete
Radio Kimsacocha
Riksinakuy TV
Agencia Tegantai
Escuela de Mujeres Orquídeas Amazónicas
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
Julián Villón, Pueblo Puná
Ricardo Ramírez Aguirre, presidente del Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) -México
Alianza Basura Cero - Ecuador

Adhesiones personales
Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008   1702088822
Rubén Darío Bravo Castillo  0101298115
Floresmilo Simbaña
Mario Unda
Adriana Rodríguez
Erika Arteaga Cruz
René Ponce Holguín, Pueblo Manta
Diocles Zambrano, Defensor de Derechos
Napoleón Saltos. 1702798115
José García Hernández 1759157207
Vivian Isabel Idrovo Mora 1713289070
Fernanda Solíz  0104413414
Iván Maldonado González 1100831252
Luis Ordóñez  1705680013
Marisol Rodríguez Pérez  1709801219
Wilson Roberto Álvarez Bedón  1706369574
Máximo Ramón Hidalgo 1705896874
Elena Cabello  0604176982
Sofía Jarrín  1718410887
David Reyes  1704276367