OTTAWA – Organizaciones de la sociedad civil de todo Canadá condenan el profundamente peligroso Tratado de Libre Comercio bilateral entre Canadá y Ecuador, firmado en Ottawa esta mañana por el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador, Luis Alberto Jaramillo. Este acuerdo otorga amplias y antidemocráticas protecciones a las inversiones canadienses, al tiempo que profundiza la crisis de derechos humanos que enfrenta Ecuador.

El ministro Sidhu afirmó que el acuerdo «abrirá nuevas oportunidades para las empresas canadienses en un mercado en crecimiento, fortalecerá las cadenas de suministro y ofrecerá un acceso más previsible a bienes, servicios e inversiones». Sin embargo, la propia evaluación del Gobierno canadiense proyectó un crecimiento insignificante del comercio como resultado del tratado. Su principal objetivo es atraer y proteger la inversión canadiense en el sector minero ecuatoriano. El acuerdo enfrenta una fuerte oposición por parte de un amplio sector de la sociedad civil ecuatoriana y de los pueblos indígenas.

Principales preocupaciones

• Una creciente crisis de los derechos humanos en Ecuador. Organizaciones ecuatorianas e internacionales de derechos humanos han documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas una creciente militarización, la represión de la disidencia, la criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos, y la adopción de decretos ejecutivos que socavan el estado de derecho. En numerosos casos, esta situación se ha visto agravada por –  o ha surgido en respuesta a – la expansión de la inversión minera canadiense en el país.
• Sin consulta, consentimiento ni transparencia. El acuerdo fue negociado y firmado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, en violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las obligaciones asumidas por Ecuador en virtud del Acuerdo de Escazú.
• Protecciones a inversionistas que contravienen la Constitución del Ecuador. El tratado incorpora un mecanismo de arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), prohibido por la Constitución ecuatoriana y rechazado en dos consultas populares recientes. Según el ex relator especial de la ONU David Boyd, el ISDS tiene consecuencias "catastróficas" para la acción climática, la protección ambiental y la realización de los derechos humanos.
• Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas corporativa en Canadá. El reciente cierre de la Oficina del Ombudsperson Canadiense para la Conducta Empresarial Responsable (CORE) y la ausencia de una legislación obligatoria de debida diligencia evidencian un grave vacío de rendición de cuentas en Canadá. Las comunidades afectadas por las operaciones de empresas canadienses en Ecuador no tendrán legitimación para participar en los procesos de arbitraje inversionista-Estado ni contarán con mecanismos efectivos para acceder a la justicia y obtener reparación.

El acuerdo pasa ahora al Parlamento para su ratificación. En respuesta a las reiteradas preocupaciones planteadas por organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y comunidades indígenas – y respaldadas por reconocidas voces de la sociedad civil canadiense – las organizaciones instan a las y los miembros del Parlamento a rechazar este tratado.

Contacto de prensa
Para más información o para concertar una entrevista, comuníquese con Val Croft, Coordinadora de Comunicaciones de MiningWatch Canada, +1-416-707-5986, val@miningwatch.ca

Citas de apoyo

"Este tratado de libre comercio ignora las voces de las mujeres indígenas en Ecuador y les niega cualquier vía para exigir rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que puedan sufrir. Una vez más, el Gobierno canadiense deja claro que prioriza las ganancias de las empresas canadienses de extracción de recursos por encima de la vida y los derechos de las mujeres y niñas indígenas, tanto en Canadá como en el extranjero." — Ketty Nivyabandi, Secretaria General de Amnesty International Canada (sección anglófona)

"Es una bofetada a la democracia incluir un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados en este tratado de libre comercio cuando la Constitución ecuatoriana y el pueblo ecuatoriano se han manifestado claramente en contra. Este tratado otorgará a las empresas mineras canadienses una herramienta coercitiva para imponerse sobre la oposición local a sus proyectos y eludir la rendición de cuentas por violaciones de derechos." — Stuart Trew, Director del Proyecto de Investigación sobre Comercio e Inversión, Canadian Centre for Policy Alternatives

"Este acuerdo extiende al ámbito internacional la imprudente agenda de desregulación climática que impulsa el Gobierno canadiense dentro del país. Ya sea desmantelando mecanismos de rendición de cuentas como la Oficina del Ombudsperson para la Conducta Empresarial Responsable y acelerando la aprobación de proyectos en Canadá, o eludiendo el consentimiento indígena y la rendición democrática de cuentas en el extranjero, el patrón es claro: este Gobierno está sacrificando salvaguardas esenciales en beneficio de los intereses corporativos. Esta no es la política comercial de un líder climático, sino la erosión de las protecciones que necesitamos para mantener seguras a nuestras comunidades." — Sasha Lleshaj, Coordinadora de Comercio Internacional y Energía, Climate Action Network Canada

"Los daños asociados a la minería canadiense en Ecuador ya están ampliamente documentados y el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador no hará más que agravarlos. El presidente Noboa quiere acelerar la expansión minera y Canadá está contribuyendo a ello –  al mismo tiempo, sigue facilitando que las empresas canadienses eludan cualquier forma significativa de rendición de cuentas. Es el mismo modelo de siempre: proteger a los inversionistas mineros, mientras las comunidades afectadas quedan abandonadas y sin acceso a la justicia." — Arturo Ezquerro-Cañete, Coordinador del Programa para América Latina, MiningWatch Canada

"A lo largo de las Américas, estamos presenciando un preocupante giro hacia la derecha, con gobiernos que adoptan políticas cada vez más autoritarias. Ecuador no es la excepción. El presidente Daniel Noboa se ha alineado estrechamente con el presidente estadounidense Donald Trump y, desde que asumió el poder, comunidades ecuatorianas y organizaciones de derechos humanos denuncian una creciente militarización y un uso excesivo de las fuerzas de seguridad del Estado que pone en riesgo las libertades civiles. Con este tratado, Canadá demuestra su disposición a avanzar en su política comercial pese al riesgo de que aumenten las violaciones de derechos humanos." — Caren Weisbart, Coordinadora de la Coalición Nacional, Common Frontiers

"Organizaciones ecuatorianas e internacionales de derechos humanos han documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Ecuador. La población ecuatoriana enfrenta una creciente militarización y una brutal represión de la disidencia, el encarcelamiento injusto de personas defensoras de los derechos humanos y violaciones sistemáticas del Estado de derecho por parte del actual régimen. Los gobiernos que verdaderamente valoran los derechos humanos y la democracia no consolidan acuerdos comerciales con quienes vulneran de manera flagrante las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales." — Lisa Kowalchuk, Copresidenta, Americas Policy Group