(Ottawa, ON) A pesar de la oposición generalizada a la minería en Ecuador, los funcionarios del gobierno de este país además de la embajadora canadiense Sylvie Bedard se encontraron con representantes de la industria durante el "Día de Ecuador" en la conferencia anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto. Promoviendo la aceleración de los permisos ambientales y un proceso de consulta indígena apresurado, tanto el gobierno canadiense como el ecuatoriano están impulsando una agenda de extracción masiva de minerales en el país sudamericano.
Pero son las comunidades afectadas por la minería quienes tienen que pagar el precio por ello.
Ayer por la madrugada, el presidente de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, fue detenido y llevado por personas vestidas con uniformes policiales y militares. Su detención es una respuesta directa al paro nacional convocado ayer por la CONAIE, en el que exige al gobierno del presidente Guillermo Lasso una moratoria minera y la derogación del Decreto Ejecutivo 151 - Plan de Acción del Sector Minero. A la hora de redactar la nota se desconoce el paradero de Iza.
En respuesta al paro nacional que arrancó el lunes por la mañana, las calles de Quito han sido fuertemente militarizadas. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos temen que se utilice una ley recientemente aprobada que otorga poderes a las fuerzas del orden para disparar munición real contra los manifestantes.
"Esta ley legitima cualquier tipo de violencia estatal contra las organizaciones que reclaman sus derechos. Son las mujeres y las comunidades indígenas que están en la primera línea de defensa contra las empresas mineras las que se enfrentarán a esta brutal represión", afirma Graciela Calle, del Movimiento de Mujeres Ecologistas del Sur, región amenazada por la mina de oro-arsénico Loma Larga de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
Un líder shuar de la Amazonía ecuatoriana que también se ha manifestado en contra de la minería canadiense también ha sido detenido de forma irregular.
El aporte fundamental de Canadá a reformar la minería en Ecuador
Mientras el paro nacional de lunes cortaba las carreteras en Ecuador, representantes de los ministerios ecuatorianos de Minería, Ambiente y Comercio hablaban en el PDAC 2022 sobre los avances logrados para desregular agresivamente el sector además de la necesidad de promover la inversión en minería sostenible, algo que las organizaciones de la CONAIE han denunciado como una amenaza existencial para la autodeterminación indígena y la impresionante biodiversidad del país.
El servicio diplomático de Canadá es un actor clave en esta transformación. La embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, fue aplaudida en la convención por las "contribuciones fundamentales que ha hecho para el crecimiento de la industria", entre ellas la de encabezar el Consejo Consultivo Minero Público-Privado, creado para buscar soluciones para la industria minera. Ha desempeñado un papel fundamental para ayudar a Ecuador a acelerar un proceso de reglamentación de la Consulta Libre, Previa e Informada que permitiría la controvertida apertura del catastro minero de Ecuador -el sistema que organiza y reparte los títulos mineros- para finales de año.
Durante el evento de la tarde, la embajadora Bédard deslizó un discurso que hacía difícil distinguir a los funcionarios del gobierno canadiense de las empresas a las que pretenden ayudar. En particular, dijo: "Los descubrimientos más recientes posicionan a Ecuador como un líder potencial en Sudamérica en oro, cobre y plata metálica: esta es la pieza central del plan de desarrollo estratégico de Ecuador. El desafío para nosotros en la industria minera es desarrollarlo de la manera correcta, de forma responsable y sostenible." [Énfasis nuestro]
El Decreto Ejecutivo 151 está listo para desatar la violencia
El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, aplaudió los cambios para agilizar los procesos de permisos y licencias ambientales, pasando de "15 meses agotadores a dos impresionantes", gracias al Decreto Ejecutivo 151. "La minería ya no es nuestro enemigo en el Ministerio de Medio Ambiente", dijo Dávalos con orgullo durante la convención del PDAC. Quizas aun mas preocupante, el Ministro Vera dijo estar “dispuesto a firmar contratos con los militares” para defender a los capitales mineros.
Desde que se aprobó el Decreto 151, en agosto de 2021, ha sido criticado por la CONAIE y organizaciones de derechos humanos como una forma de expandir agresivamente la minería en tierras indígenas donde no se ha dado el consentimiento.
"El Decreto 151 acelera la entrega de concesiones mineras y la aprobación de permisos ambientales en un momento en que el país no cuenta con personal calificado para regular o controlar las actividades mineras y cuando la población está rechazando la minería", dice Carlos Zorilla, representante de la Plataforma Nacional Antiminera - CAMINANTES.
"El Decreto garantiza un peligroso incremento de conflictos socio-ambientales en las comunidades que nunca fueron consultadas sobre la minería", continúa Zorilla. "La detención ayer del presidente de la CONAIE sólo agrava el problema".
A pesar de pretender hacer una minería "nueva y responsable", la CONAIE advierte que el Decreto Ejecutivo 151 no hará más que agravar los impactos ambientales y socioeconómicos de la minería.
Este tipo de doble discurso de la industria, que se ha convertido en un lavado de imagen, fue rechazado por manifestantes que ayer bloquearon las carreteras frente al centro de convenciones de la conferencia.
Para mayor información:
Kirsten Francescone, Coordinadora Programa America Latina, MiningWatch Canada +1873-376-1465
