Ante el inicio de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá según ha anunciado el presidente Guillermo Lasso, como organizaciones sociales territoriales, ecologistas y centros de investigación alertamos sobre los graves efectos que traería este Tratado a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, pilares de la Constitución ecuatoriana.
Reconocemos a los TLC como instrumentos del poder corporativo transnacional expresado en reglas que dan excesivas protecciones jurídicas al inversionista, a la vez que profundizan el extractivismo, provocan flexibilización ambiental y laboral, abandono de las medidas de protección a la agricultura familiar campesina, la privatización de servicios fundamentales, entre otras afectaciones. Son negociados en condiciones desiguales, sobre la base de renunciar a normas que protegen los derechos conquistados con la lucha social, haciéndolas sucumbir ante los cálculos y estrategias de ganancia de las grandes empresas.
Por eso los TLC se negocian a puerta cerrada, para limitar el debate público sobre las afectaciones que van a provocar. En el Ecuador, por ejemplo, la información generada en las negociaciones de los Acuerdos Comerciales que negocia el Estado1 fue declarada RESERVADA por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través del Acuerdo Ministerial MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A, emitido el 6 de diciembre de 2022 (Registro Oficial -Suplemento Nro. 203).
Además de la falta de transparencia, también nos preocupa que un TLC con Canadá garantizará mayor impunidad a las inversiones canadienses en el sector extractivo, principalmente la minería, en territorios indígenas y campesinos, zonas de recarga hídrica, bosques, donde se rechazan los proyectos mineros por la constatación de contaminación del agua; deforestación; destrucción de los páramos; desplazamientos forzados; ruptura de los tejidos comunitarios a la vez que violencia, criminalización y judicializaciones contra quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza.
Los cuatro rubros principales de exportación de Ecuador a Canadá en los últimos 12 años fueron productos mineros, agrícolas, alimenticios, y piscícolas. Entre los productos agrícolas, cerca del 90% de los valores exportados se centraron en cacao (49%) y flores cultivadas (41%). El caso del cacao nos muestra el patrón primario, pues en 2022 se exportó poco más de USD 39 millones en cacao sin transformación alguna, y muy poco los elaborados de cacao. En cuanto a las importaciones agrícolas desde Canadá, el trigo abarcó en 2021 cerca del 91% de las importaciones, seguido de lentejas y avena; en el caso de las papas congeladas, que por ahora tienen una baja participación, es muy probable que aumenten con un TLC lo que amenazará la producción de papa proveniente de la agricultura familiar campesina, que no podrá competir con productos provenientes de sistemas altamente subsidiados como el canadiense.
Inversiones canadienses en el Ecuador
Según información de la Cámara de Minería del Ecuador al menos once empresas con capital canadiense operan en nueve provincias del Ecuador, en escenarios de altísima conflictividad socioambiental debido a las violaciones legales y constitucionales que muchas veces cuentan con la complicidad de autoridades de control. Los territorios están sometidos a una lógica sacrificial que será más difícil revertir con los blindajes jurídicos que otorgará un TLC a estas inversiones.
Aquí, unos pocos ejemplos de lo que ocurre en los espacios de vida de comunidades indígenas y campesinas, en páramos y bosques, donde operan capitales mineros canadienses:
El proyecto megaminero Loma Larga (Azuay, cantón Cuenca, parroquia Victoria del Portete), ubicado en 7.960 hectáreas del páramo de Kimsacocha, bajo control de Dundee Precious Metals Inc. a partir de 2021, después de estar en manos de las también canadienses Iamgold Corporation e INV Metals Inc., período sobre el cual la Contraloría General del Estado identificó irregularidades administrativas y legales (Informe DR2-DPA-0064-2018 de 10/12/2018).
En Kimsacocha nacen ríos muy importantes como el Irquis, Tarqui y Yanuncay que aportan a la cuenca del río Santiago, depositario de la cuenca Amazónica; también alimenta a los sistemas y juntas comunitarias de agua, y a las plantas de captación de la empresa pública municipal que suministra el agua a más de 600.000 habitantes de la ciudad de Cuenca.
Por presión social se han realizado dos consultas populares vinculantes con relación a este proyecto: la primera, en el cantón Girón en 2019, con un voto del 86% para que se prohíba la minería en los páramos de Kimsakocha; la segunda, en el cantón Cuenca en 2021, con el 80% de votos para que se prohíba la explotación minera en las zonas de recarga hídrica (el proyecto afecta las zonas de recarga hídrica Yanuncay y Tarqui). Sin embargo, el Gobierno y la empresa insisten en seguir con el proyecto, violando derechos políticos de participación.
También se ha violado el derecho a la consulta previa libre e informada y el derecho a la autodeterminación de las comunidades ancestrales que serán afectadas, así como la consulta ambiental de otras poblaciones. Por esta razón, está suspendido el proyecto (aunque Dundee planea empezar la explotación en 2023). A más de esto, la negativa de la empresa a entregar documentación como el Estudio de Impacto Ambiental con el argumento de que será entregada únicamente a los sectores de influencia directa en el momento oportuno, viola el derecho de acceso a la información.
El proyecto Fruta del Norte (Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, parroquia Los Encuentros), a cargo de la empresa Lundin Gold, opera desde finales de 2016. Previamente, estuvo la junior canadiense Aurelian Resources para las tareas de exploración, en el período 2003-2005, que sedujo a comuneros y comuneras con prebendas y fiestas, pero esencialmente proletarizando a la gente que hasta entonces gozaba de soberanía económica y alimentaria. Esta bonanza se redujo con la llegada de Kinross, la major de Toronto, que compra Aurelian en 2008. Durante este período la Contraloría General del Estado identificó múltiples e importantes irregularidades y falta de licencias ambientales para su ejecución.
Lundin Gold ha incumplido sus propias ofertas para beneficiar a la población. Recurre a contratos laborales temporales/ocasionales; en 2017, debido a la circulación permanente de transporte pesado perteneciente a la empresa, provocó el colapso del único puente que conectaba a decenas de comunidades con Los Encuentros, la cabecera parroquial; también se han dado impactos en los sistemas de agua, en las viviendas y en la salud de las comunidades. Además, los procesos de despojo sutil o migración inducida (por desplazamiento derivado del desarrollo) cobran fuerza con el cierre de escuelas comunitarias. Al menos dos comunidades han sido desaparecidas -la comunidad de San Antonio en 2012 y El Playón en 2015-.2
El proyecto minero Fierro Urco (Loja y El Oro) incluye entre otras a las empresas canadienses Cornerstone y Adventus. Según un informe elaborado por la Universidad Técnica Particular de Loja y otras organizaciones, el proyecto abarca 72.676 hectáreas en un frágil ecosistema de páramo donde se origina el 50% del agua que consumen las 225.000 personas que habitan el cantón Loja, las del cantón Saraguro y unas 50.000 de El Oro.
En la parroquia Gualel, las empresas mineras que buscan explotar Fierro Urco han utilizado estrategias para dividir las comunidades, generar tensiones entre las comunidades y destruir el tejido social. Además, utilizan prácticas clientelares para aprovecharse de las necesidades de la población y lograr obtener su consentimiento para hacer minería. Ninguna de estas empresas ha respetado el derecho a la consulta previa, a la consulta ambiental o les ha preocupado los efectos que puede tener la actividad minera en un ecosistema frágil como el páramo.
El pueblo kichwa Saraguro, principalmente las mujeres, lideran la resistencia a la minería en esta zona, desde la defensa de su territorio, el agua, la producción agropecuaria que garantiza fuentes de trabajo y sostiene la soberanía alimentaria de las comunidades y de la región. Con ello, han podido evitar el ingreso de las empresas para realizar la exploración avanzada, provocando que algunas de ellas, como Newcrest, decidan abandonar el apoyo a Cornestone en las fases de exploración avanzada. Estos logros sin embargo dejaron como saldo la judicialización contra quienes defienden los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, aunque esos procesos fueron suspendidos con la Amnistía que se procesó en la Asamblea Nacional.
Tras el paro de junio de 2022, los llamados acuerdos de paz incluyeron modificaciones al plan de acción minera del gobierno nacional para garantizar la no intervención en territorios indígenas, fuentes de agua, áreas arqueológicas, áreas protegidas. En ese contexto de articulación de las luchas sociales, la problemática minera se posicionó como uno de los grandes temas de debate nacional.
El proyecto Fortuna (Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe), está concesionado a la empresa Lucky Minerals (y su subsidiaria ecuatoriana Goldmindex S.A.) con doce bloques de concesiones que afectan a diecisiete comunidades de cuatro parroquias de los cantones Nabón, Oña y Sigsig, en Azuay; a cuatro comunidades de dos parroquias del cantón Gualaquiza, en Morona Santiago; y a cinco comunidades del cantón Yacuambi, en Zamora Chinchipe.
El 12 de agosto de 2022 el Colectivo de Lucha y Defensa del Agua y la Vida del Cerro El Mozo (Nabón) enviaron al presidente Lasso una carta en la que le señalan “de manera directa y clara que en los territorios del cantón Nabón no permitiremos el desarrollo de minería metálica menos aún cuando esta busque desarrollarse dentro de nuestras fuentes hídricas y que nacen de los páramos de las alturas en territorios de Morona Santiago y Zamora Chinchipe que no solo alimentan a nuestro cantón sino a toda la región”. También dicen que la gran biodiversidad de sus territorios es su motivación para oponerse a la minería, amparándose en los derechos constitucionales a la resistencia y la protesta social, los derechos de la naturaleza, la consulta previa libre e informada y el principio de precaución.
Esta decisión de “priorizar el agua, los ecosistemas y la vida por encima de las promesas de desarrollo con las que vienen las empresas mineras” dio lugar a judicializaciones contra ocho dirigentes y líderes comunitarios a partir de denuncias presentadas por el gerente para Ecuador de Lucky Minerals y expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador.
Por su parte, el “Informe técnico de inspección de campo y ubicación de puntos de concesión del agua solicitado por la empresa minera Goldmindex S.A. que se encuentra dentro del Área Ecológica de Conservación Municipal Yacuambi”, publicado en octubre de 2022, concluye que:1- la solicitud de concesión se encuentra dentro del territorio que conforma el Área Ecológica de Conservación Municipal Yacuambi, la Reserva de Biosfera “Podocarpus el Cóndor” y el Corredor de Conectividad Podocarpus - Sangay. 2 - concesionar este recurso hídrico con fines mineros, pone en riesgo ecosistemas frágiles, como el páramo alto andino y zonas de recarga hídrica. 3 – La minería a gran escala dejaría sin recarga hídrica en la zona. 5 - Los puntos de captación solicitados se encuentran dentro del ecosistema conocido como Herbazal de Páramo, característico de las zonas de recarga hídrica y que estarían incidiendo en las vertientes del Río Zabala, Yacuambi y Zamora-Santiago. 6 - En caso del uso del agua en procesos de minería a gran escala, la contaminación pone en riesgo grandes zonas de vida, asentamientos humanos y zonas de producción base de la economía y fuente de alimentos para las familias de la zona.
El proyecto Warintza (Morona Santiago, Cordillera del Cóndor, sur de la Amazonía), de Lowell Minerals Exploration (subsidiaria de la canadiense Solaris Resources Inc), ocupa zonas de conservación y territorio ancestral de Warints, Maikiuants y otras comunidades integrantes del Pueblo Shuar Arutam (PSHA). Dirigentes del PSHA advierten sobre la contaminación de los ríos Warints, Coango y Santiago -corredor fluvial para las comunidades-; deforestación de los bosques y vertido de químicos utilizados para la perforación del subsuelo; vigilancia con drones entre 2019-2020; sobrevuelos con helicópteros en las comunidades que amedrentan a las familias, sobre todo a los niños, y una altísima conflictividad y división familiar provocada por la intromisión minera.
Lowell opera de manera inconsulta pues el Estado no realizó la consulta previa libre e informada como establece el Art. 57.7 de la Constitución, tampoco cuenta con el consentimiento de Warints ni del PSHA. A estos reclamos, un alto representante de la empresa respondió con amenaza de muerte a Josefina Tunki, presidenta del PSHA. Las denuncias presentadas sobre estos hechos ante la justicia ecuatoriana y la Embajada de Canadá no han tenido respuesta.
Todos estos son escenarios de incremento de la deuda social y ecológica del modelo extractivista y sus actores corporativos, con los pueblos y comunidades del Ecuador, que se agravarán con la firma de un TLC con Canadá.
Demandas contra el Ecuador en tribunales internacionales de arbitraje
El artículo 422 de la Constitución ecuatoriana dice: No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Sin embargo, la firma de Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) contraría la prohibición constitucional porque estos instrumentos contienen cláusulas relacionadas con el mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado (ISDS, en inglés), da a las empresas la posibilidad de poner demandas multimillonarias contra el Estado en tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI (parte del Banco Mundial), UNCITRAL, CPA, LCIA y otros, que generalmente dan la razón a las empresas.
El Ecuador es uno de los países de la región más afectados por este mecanismo, según el informe de 2020 del Transnational Institute. A pesar de ello, los planes del presidente Lasso insisten en continuar el mismo camino que ha permitido el asalto a los fondos públicos y expandir las fronteras de la devastación en nombre de otorgar facilidades a las inversiones. El 16 de julio de 2021, con el Decreto 122, Lasso volvió a ratificar el Ciadi y está decidido a firmar nuevos TBI, después que en 2017 fueron denunciados los 16 que estaban vigentes a esa fecha.
Esta capacidad para demandar al Estado es utilizada por las empresas para lograr, a través del chantaje, la protección de sus intereses por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, y obtener en ocasiones bastante más de lo que invirtieron.
Empresas canadienses han recurrido a esta estrategia. El caso del proyecto Llurimagua (provincia de Imbabura) es emblemático por la resistencia de más de 25 años de las comunidades de Íntag para frenar el avance de la minería que destruiría su riqueza hídrica y su biodiversidad. Esto derivó en 2011 en una demanda arbitral de la empresa Copper Mesa Mining Corporation al Estado ecuatoriano por 70 millones de dólares ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
El laudo determinó que la empresa había incurrido en una intensificación imprudente de la violencia (...) en especial con el empleo de hombres armados uniformados y organizados que utilizaron gas lacrimógeno y dispararon contra aldeanos y funcionarios locales. Pero culpó de estas acciones a los representantes locales de la compañía y resolvió que el personal directivo en Canadá solo mostró una actitud negligente, por lo que el tribunal rebajó un 30% en la indemnización. También afirmó que el Gobierno ecuatoriano no hizo lo suficiente para ayudar a la compañía a lidiar con los manifestantes y que trató al inversor de forma injusta e inequitativa.
Otra demanda provino de la petrolera canadiense Encana en 2003 ante la London Court of International Arbitration (LCIA), aduciendo cambios de la normativa tributaria que, aunque afectó a las filiales de Encana, estas siguieron operando y exportando petróleo -a un precio que se incrementó durante el período en consideración-. La sentencia fue favorable al Estado ecuatoriano, pero debió asumir costos del laudo por USD 711.065,21 (de los cuales USD 330.267,44 tuvieron que restituirse a Encana).
La conclusión es obvia. Un TLC de Ecuador con Canadá no conviene a los pueblos, ni a los territorios, ni a la naturaleza. Solo será un nuevo instrumento del poder corporativo transnacional y de las élites nacionales para profundizar la devastación, que es el rostro invisibilizado en las narrativas sobre el éxito empresarial. El breve recuento realizado muestra la ilegitimidad de los proyectos mineros, pilar central de este TLC que se quiere imponer, como ilegítimo es el gobierno que lo promueve.
1El presidente Lasso planteó su decisión de “firmar TLC con diez países” hasta el término de su mandato en 2025.
2The Significance of Memory and Monitoring: Resistances from the Valle de las Luciernagas. María Fernanda Solíz Torres, Milena Alía Yépez Fuentes, William Sacher Freslon. 2019.
