El 13 de febrero, la Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá (Alerta Minera Canadá en español) , Viviana Herrera, junto con Amnistía Internacional Canadá y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, testificó ante el Comité Permanente de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes como parte de su estudio de las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador. En su testimonio, Viviana subrayó la preocupación sobre la exclusión de voces ecuatorianas -en particular de las y los afectadas por las inversiones mineras canadienses- en las consultas sobre un posible TLC, en violación de sus derechos a la información y al consentimiento libre, previo e informado.
En la presentación escrita de MiningWatch presentada el año pasado como parte de las consultas públicas, MiningWatch destacó una declaración emitida por 16 organizaciones ecuatorianas con respecto a un posible TLC: “Reconocemos a los TLC como instrumentos del poder corporativo transnacional … que dan excesivas protecciones jurídicas al inversionista, a la vez que profundizan el extractivismo, provocan flexibilización ambiental y laboral”, dice la declaración.
Incluso en ausencia de un Tratado de Libre Comercio, Canadá ya lidera la inversión extranjera directa en Ecuador, con 3.700 millones de dólares. La mayor parte de esa inversión se destina al sector minero ecuatoriano, acusado desde hace tiempo de perpetrar importantes violaciones de derechos humanos y de causar daños medioambientales irreparables. A medida que avanzan las negociaciones hacia un Tratado de Libre Comercio, es crucial que las voces ecuatorianas -especialmente las de aquellos que podrían verse perjudicados por las inversiones mineras canadienses- ocupen un lugar destacado.
Lea su testimonio a continuación.
Audiencia del Comité Permanente de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes con miras a su estudio de las Negociaciones de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador
Viviana Herrera, MiningWatch Canadá
13 de febrero de 2024
Gracias, y gracias a los miembros del Comité por invitar a MiningWatch Canada (Alerta Minera Canada) a esta audiencia. Mi nombre es Viviana Herrera y soy la coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada. Somos una organización canadiense que, durante más de dos décadas, ha trabajado en solidaridad con los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que luchan por proteger sus vidas y territorios de los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales en todo Canadá y por parte de las empresas mineras canadienses que operan a nivel internacional.
Durante más de dos décadas, Alerta Minera Canada ha trabajado en colaboración con las comunidades indígenas y rurales afectadas por la minería canadiense en Ecuador y en resistencia a ella.
Nuestros socios en Ecuador están preocupados por la falta de transparencia y consulta con respecto a un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ecuador. En una declaración firmada por nuestros socios y otras organizaciones sociales y medioambientales ecuatorianas, hablan de altos niveles de conflictos socioambientales relacionados con los territorios en los que opera la minería canadiense. Afirman que estos territorios "son tratados como sacrificables - una mentalidad que será aún más difícil de revertir si un TLC consolida aún más las protecciones legales para estas inversiones".
Un punto central de este TLC será el apoyo a la inversión extranjera en minería. Dada la imposición a menudo violenta del desarrollo minero en Ecuador, cabe anticipar que un TLC con Ecuador exacerbará los conflictos medioambientales, las violaciones de los derechos humanos, la militarización de los territorios y las amenazas e intimidaciones contra los líderes indígenas que se manifiesten en contra de los proyectos mineros canadienses. Mientras tanto, Canadá sigue sin disponer de un mecanismo significativo para prevenir o reparar estos abusos.
Los casos más recientes de violencia relacionados con la minería canadiense en Ecuador implican a Adventus Mining y Atico Mining. En julio de 2023, en un intento de imponer un decreto ejecutivo favorable a la minería, se desató una vasta represión e intimidación policial contra las comunidades indígenas y campesinas que se oponían a las actividades de estas dos empresas. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la violencia y condenó el decreto que permitía a las empresas iniciar operaciones mineras sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Dijo: "Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas". La embajada canadiense había visitado ambas explotaciones mineras en una visita organizada por las empresas mineras pocas semanas antes de la represión militar y no denunció la violencia.
A pesar del gran movimiento social contra la apertura de la puerta a más inversiones mineras en Ecuador, las empresas mineras canadienses y los funcionarios de la embajada han participado activamente en la promoción de la expansión de los proyectos mineros canadienses en el país, socavando la autodeterminación indígena y los derechos de las comunidades a proteger sus territorios y el agua.
Por ejemplo, en el sur de Ecuador, en una iniciativa liderada por ciudadanos en 2021, el 80 % de los residentes de Cuenca votaron abrumadoramente a favor de proteger el agua y en contra de la minería industrial en un ecosistema frágil que suministra agua a decenas de miles de personas en la ciudad de Cuenca y sus alrededores. En la Amazonia, en 2019, el Pueblo Indígena Shuar Arutam declaró su territorio libre de minería y que debe respetarse su derecho a decir NO a los proyectos mineros. Las canadienses Dundee Precious Metals y Solaris Resources respectivamente siguen adelante con estos proyectos a pesar de este claro rechazo.
Las empresas canadienses tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, pero en Canadá no existen normas vinculantes que las obliguen a hacerlo, y a menudo incumplen esa responsabilidad. Un acuerdo de libre comercio que mejore el acceso de las empresas a los mercados y al capital conllevaría una mayor impunidad para las empresas mineras canadienses que violen los derechos humanos, dado que actualmente no existe en Canadá ningún mecanismo que obligue a estas empresas a rendir cuentas por tales abusos.
Otra preocupación importante es la inclusión de un capítulo sobre inversiones con disposiciones para un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado habitualmente por las empresas mineras canadienses para demandar a los países ante tribunales supranacionales privados, por ejemplo, si se les niegan permisos de explotación minera. Esto restringe la capacidad de los gobiernos para denegar permisos con el fin de proteger sus territorios y el agua o los derechos humanos de sus ciudadanos.
Canadá debe retirar el ISDS de la mesa de negociaciones. Mientras el gobierno canadiense se prepara para iniciar conversaciones con su homólogo ecuatoriano, pedimos al gobierno canadiense que detenga el apoyo diplomático a la inversión minera canadiense en territorios que ya han dicho no a la minería. Ningún acuerdo de libre comercio debe avanzar sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Canadá adolece de falta de rendición de cuentas en su sector minero. Por ello, Canadá no debe avanzar ningún nuevo acuerdo de comercio e inversión con Ecuador sin una Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (mejor conocida en inglés com CORE) independiente y sin haber promulgado una legislación rigurosa en materia de derechos humanos y diligencia debida medioambiental. Muchas gracias.