Este articulo fue escrito por Viviana Herrera (MiningWatch) e Ivonne Ramos (Acción Ecológica) y fue publicado en inglés por la revista Canadian Dimension.
El Ecuador apuesta por la inversión minera a costa de los pueblos indígenas y de la naturaleza
Dos empresas mineras canadienses están en el centro de una importante oposición en Ecuador y el conflicto no ha hecho más que intensificarse en el último mes. El proyecto de cobre y oro Curipamba de Adventus Mining en Las Naves y el proyecto La Plata de Atico Mining en Sigchos, en el centro de Ecuador, constituyen los primeros dos lugares donde el gobierno ecuatoriano trata de imponer un nuevo y controvertido proceso de consulta ambiental en virtud del Decreto 754, un decreto ejecutivo emitido el 31 de mayo de 2023 que las organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas de todo el país han denunciado por ser inconstitucional e ilegal.
El Decreto 754 busca formalizar un proceso de consulta ambiental con las comunidades. La población ecuatoriana lleva mucho tiempo exigiendo tener voz y voto a la hora de sopesar los riesgos medioambientales de actividades como la minería. Organizaciones y comunidades afectadas por el decreto afirman que la formalización de la consulta se está haciendo para expandir la minería en el país, acelerando la concesión de permisos ambientales a empresas transnacionales.
El gobierno pro-minero de Guillermo Lasso, que llegó al poder en 2021, emitio este decreto pocas semanas después de disolver la Asamblea Nacional y empezar a gobernar el país a través de decretos-ley. A raíz de esta situación se produjeron protestas nacionales, en las que los ciudadanos denunciaron los ataques del presidente Lasso a la democracia y la adopción de nuevas normas que impondrán condiciones al nuevo gobierno que llegará después de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto.
Foto: La militarización de Palo Quemado para imponer el Decreto 754. Fuente: CONAIE
La consulta ambiental para los proyectos mineros Curipampa y La Plata se desarrolla en este contexto de violencia estatal y ataques a la democracia. Los pobladores de Las Naves y Sigchos están siendo consultados sobre el otorgamiento de permisos ambientales a Adventus Mining y Atico Mining para sus respectivos proyectos, en un ambiente cargado de intimidación. El ejército y la policía, fuertemente armados, entraron a Las Naves y Sigchos en las últimas semanas para disolver protestas organizadas por las poblaciones en respuesta a la consulta ambiental, abriendo fuego contra los manifestantes, hiriendo a al menos cinco personas en Sigchos y unas trece personas en Las Naves, donde además se detuvo a dos personas. El gobierno está "criminalizando" la protesta social contra la minería canadiense militarizando la región.
Organizaciones nacionales e internacionales han condenado el Decreto 754 y la violencia empleada para aplicar la consulta. En varias ruedas de prensa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Nacional Antiminero, entre otros, han denunciado al gobierno por “la militarización de los territorios en Resistencia y la imposición de la consulta ambiental a través del decreto 754”. El mes pasado, ambas organizaciones presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de nulidad contra el decreto, en medio de las protestas nacionales contra el decreto minero.
Por su parte, Volker Türk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó el pasado 27 de julio su preocupación por la violencia existente en el Ecuador y particularmente subrayó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre el uso de sus tierras. En su comunicado señaló que “Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas”.
Si bien la embajada canadiense publicó un tuit sobre la consulta ambiental, no condena la violencia ni a las empresas canadienses beneficiadas por la implementación violenta de esta consulta. El embajador, quien estuvo en Las Naves para visitar el proyecto Curipamba de Adventus a comienzos de junio, afirmó en una entrevista que había podido comprobar que el proyecto es una “inversión responsable que tiene un respaldo de la comunidad.”
La violencia en Las Naves y Sigchos no es un caso aislado. Hace apenas unos meses, la empresa minera Adventus también fue denunciada por la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador frente a la militarización del territorio del pueblo Kichwa Saraguro -y comunidades aledañas- para permitir que su filial, Guayacan Gold, realice actividades de exploración en el páramo de Fierro Urco. También han habido continuos conflictos y oposición en torno a otros proyectos mineros canadienses, por ejemplo en la Amazonia ecuatoriana, donde el Pueblo Shuar Arutam ha denunciado la militarización de su territorio para impulsar el proyecto de cobre Warintza de Solaris Resources, otra empresa de capital canadiense.
Las organizaciones ambientalistas y las comunidades afectadas por la minería temen que el decreto 754 y la violencia con que se lo quiere aplicar agrave la actual situación de violencia y conflicto en el Ecuador, mientras el gobierno pretende convertir al país en el próximo destino minero y firmar un Tratado de Libre Comercio con Canadá.
Por el momento, sólo hay dos minas en funcionamiento en el Ecuador -Mirador y Fruta del Norte-. En septiembre del año pasado, en un intento por aumentar este número y depender menos del petróleo, el ministro de Minas y Energía declaró estratégicos seis proyectos mineros, de los cuales cinco son canadienses, entre ellos los de Curipamba y La Plata.
Según el ministro, estos proyectos “podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa”. Este anuncio se produjo tras uno de los mayores paros nacionales del país, convocado por la CONAIE, en el cual se demandaba que el gobierno del presidente Guillermo Lasso decrete una moratoria a la minería y anule otro Decreto Ejecutivo -el decreto 151- que permitiría la explotación minera en la Amazonia y territorios indígenas.
Foto: Una protesta en contra del Decreto 754 en Sigchos, Cotopaxi, Ecuador. Fuente: Red Nacional de Pastoral Ecológica
A principios de este año, el Ministro de Minas y Energía habló durante el PDAC sobre los planes de Ecuador para convertirse en el Próximo Destino Minero mediante la aceleración de los proyectos mineros y la firma de un tratado de libre comercio con Canadá: "un tratado de libre comercio con Canadá convertiría a Ecuador en el mejor destino minero", aseguró a los inversores.
Mientras estaba en Canadá promocionando la minería en Ecuador, las comunidades afectadas por la minería en su país se movilizaron emitiendo comunicados en los que decían que Ecuador no es un destino minero y exigían a las empresas canadienses que salgan del país.
Desde principios de este año, Canadá y Ecuador han estado explorando conversaciones sobre un tratado de libre comercio, que las organizaciones canadienses y ecuatorianas temen sea una artimaña para aumentar aún más la minería canadiense en el país. Canadá ya lidera la inversión extranjera directa en Ecuador, con 3.700 millones de dólares, la mayoría de los cuales se sitúan en inversiones en el sector minero.
Muchos de estos proyectos ya están poniendo en peligro cuencas hidrográficas clave en ecosistemas frágiles, contribuyendo a la división social y al conflicto.
En marzo de este año, múltiples organizaciones canadienses enviaron escritos a Asuntos Globales Canadá-- que incluían un pronunciamiento de comunidades afectadas, ecologistas y académicos de Ecuador- advirtiéndole al gobierno la manera en que un TLC con Ecuador agravaría la violencia en los territorios, contra los ecosistemas y defensores/ras de territorios y de la naturaleza que se movilizan contra la minería canadiense.
Una preocupación específica es la posible inclusión en el TLC de un capítulo sobre inversiones y un mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), utilizado por las empresas mineras porque les permite demandar a países soberanos ante tribunales supranacionales privados si consideran que sus inversiones se ven amenazadas.
El Proyecto de investigación sobre comercio e inversión del Centro Canadiense de Políticas Alternativas instó, por ejemplo, en su escrito al gobierno a mantener el ISDS fuera de la mesa de negociaciones debido a "la incompatibilidad del ISDS con el logro de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, y los compromisos urgentes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud del Acuerdo de París."
A pesar del agresivo impulso ecuatoriano y canadiense a la minería en el país, la oposición generalizada a la minería sigue siendo tan alta como siempre como medio para proteger el agua y la vida.
Esta semana, la Corte Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad planteada por la CONAIE y el Frente Nacional Antiminero, suspendiendo temporalmente la vigencia del Decreto 754. Sin embargo, los grupos siguen insistiendo en su completa nulidad.
El gobierno de Canadá y su embajada en Ecuador deben respetar los derechos humanos y de la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana. Las empresas canadienses están directamente implicadas en la violencia ejercida contra las comunidades campesinas e indígenas, que insisten en la protección a las inversiones mineras no puede estar sobre la protección de la vida.
“Los campesinos tienen azadones para trabajar con la tierra, no son delincuentes. Lo único que quieren es que las mineras salgan porque contaminan, destruyen los campos, dividen la comunidad. Su opción es la vida, por eso la defienden.” – Obispo Giovanni Paz, defensor de las comunidades en Cotopaxi.
Viviana Herrera es coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá
Ivonne Ramos es integrante, fundadora y coordinadora del programa de justicia climática de Acción Ecológica en Ecuador