(Cuenca) La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) denuncia la criminalización de seis defensores y defensoras del agua después de que, en septiembre de 2025, comunidades y organizaciones realizaran una minga de limpieza en los páramos de Kimsakocha. En esa jornada se recolectaron mangueras, fierros, plásticos, geomembranas, sanitarios y otros desechos abandonados por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) en las nacientes de los ríos Irquis y Tarqui.
Posteriormente, estos residuos fueron entregados en la Gobernación del Azuay como evidencia del impacto ambiental generado por las actividades de exploración minera. Pese a ello, en lugar de investigarse la contaminación advertida, la empresa ha impulsado una acción penal contra los dirigentes comunitarios.
Las denuncias se tramitan en el Expediente Fiscal No. 010201825090023, abierto por la Fiscalía de Cuenca por el presunto delito de daño a bien ajeno, y forman parte de un proceso iniciado por la propia empresa minera, que además los acusa de asociación ilícita, profundizando la criminalización contra líderes comunitarios y defensores del agua.
Según la providencia emitida el 06 de noviembre de 2025, dentro de la Investigación Previa, la Fiscalía dispone las primeras diligencias y convoca a comparecer en la Fiscalía 2 de Soluciones Rápidas, ubicada en el edificio Paucarbamba, segundo piso (Carlos Rigoberto Vintimilla y Pasaje Paucarbamba), el miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 08:20.
Las primeras comparecencias corresponden a Lauro Sigcha, presidente de la FOA, y Lizardo Zhagüi, presidente de la Junta de Agua Victoria del Portete-Tarqui, mientras se espera fecha y hora para el resto de personas procesadas.
Las acusaciones recaen también sobre Yaku Pérez, Carmen Pérez, Ruth Pugo y Marco Tapia, dirigentes de Unagua, de la comunidad de Escaleras y defensores/as con más de 30 años de resistencia en defensa del agua.
La FOA considera este proceso un acto de intimidación que busca frenar la defensa territorial, no solo por haber expuesto la contaminación minera, sino también por las acciones legales y comunitarias que han impedido el avance de la megaminería en la zona. Recuerda además que las organizaciones impulsaron la multitudinaria movilización del 16 de septiembre, cuando más de 100 mil personas marcharon en Cuenca en defensa del agua y en rechazo a la minería.
La organización rechaza además la afirmación de DPM de que el área intervenida corresponde a propiedad privada. Las comunidades recuerdan que Kimsakocha es un territorio ancestral y comunal, respaldado por escrituras de 1891 que reconocen la posesión colectiva de estas tierras.
La defensa del agua no puede ser tratada como un delito.
¡Kimsakocha no se toca!
Para obtener más información:
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