Especializado en la investigación de delitos ambientales, Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Argentina.
Primero que todo es importante entender que a diferencia del sistema de Derecho anglosajón canadiense en el cual el Departamento de Justicia está bajo el poder ejecutivo del gobierno, en Argentina hay cuatro poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, ministerio publico y judicial, en la que este ultimo es independiente de las otras ramas o poderes. Esto significa que, al menos en teoría, los fiscales de ese país tienen una mayor independencia comparado a naciones que se adhieren al Derecho anglosajón.
Durante sus más de veinte años de carrera, el Sr. Gómez ha llevado a cabo investigaciones sobre casi ochenta casos, incluyendo contra 'Bajo de la Alumbrera', una mina de oro y cobre operada por Minera Alumbrera Limitada (MAL), la cual es propiedad conjunta de Goldcorp Inc, Yamana Gold y Xstrata, basadas respectivamente en Vancouver, Toronto, y el Reino Unido y Suiza. Alumbrera está situada al noroeste de Argentina y constituye la primera explotación minera a gran escala del país.
El Sr. Gómez es muy conocido en su país y en el extranjero por el gran desempeño en su campaña contra crímenes ambientales. Pues bien se sabe, las empresas mineras son algunas de los peores delincuentes en este ámbito.
A principios del 2011, el Sr. Gómez estuvo de visita en Canadá. Durante su estancia en Ottawa, la Coordinadora del programa para América Latina para Alerta Minera Canadá, Jen Moore, le entrevistó acerca de la industria extractiva y sus impactos en Argentina.
A raíz de dicha entrevista, hemos producido cinco vídeos en español con subtítulos en inglés.
Los videos
La Contaminación y la Corrupción
El Sr. Gómez describe lo que él llama el 'círculo cerrado' en cuanto a las empresas mineras autorizadas a operar sin tener debidamente en cuenta el medio ambiente y que, posteriormente, usan sus grandes ganancias para asegurar la impunidad. El señor Gómez está convencido de que su oficina debe concentrarse en el procesamiento de directores de empresas como los autores intelectuales de delitos ambientales-lo cual es posible bajo la ley argentina aunque difícil de hacer a pesar de que el país está administrado por un gobierno relativamente progresista.
El Caso de la Mina Alumbrera
El Sr. Gómez destaca cinco tipos de investigaciones relacionadas con la operación minera, desde las cuestiones ambientales hasta las preocupaciones sobre la pérdida de ingresos al Estado argentino.
Las Donaciones a las Universidades
Una serie de universidades argentinas se han negado a aceptar donaciones de empresas mineras y el Sr. Gómez recomienda a las instituciones canadienses de considerar con cuidado las prácticas de dichas empresas antes de recibir tal tipo de financiación.
El Derecho de Protestar
En Argentina, el movimiento por la protección del medio ambiente estuvo originalmente en manos de grupos aislados y algunos académicos que hacían reflexiones dentro de las aulas universitarias. De ahí, las comunidades preocupadas por su bienestar adoptaron la lucha, y hoy en día ha llegado hasta las salas de los tribunales. El Sr. Gómez habla sobre los retos y sus esperanzas con respecto al futuro de su país. Él también comparte una interesante visión de como los jueces pueden eficazmente buscar justicia en casos ambientales, argumentando que la atención del público ayuda a contrarrestar aquella menuda influencia ejercida detrás de las cámaras por las empresas mineras.
La Necesidad de un Tribunal Internacional para Juzgar los Delitos Medioambientales
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en 1998 y puede ser visto como un precedente, de acuerdo con el señor Gómez, para el establecimiento de un tribunal internacional de crímenes ambientales. Él cree que tal institución es esencial para acabar con la impunidad de la cual gozan las empresas multinacionales, causantes de daños ambientales a gran escala y a largo plazo. Él explica cómo este sueño se haría toda una realidad.