Estimado Presidente Rafael Correa,
De acuerdo con el veredicto de un tribunal internacional ético realizado en Cuenca, Ecuador en Junio, se ha convertido en práctica preocupante y cada vez más generalizada la de la criminalización y la persecución legal de los defensores de los derechos del medio ambiente en el Ecuador. El Tribunal determinó que "esta práctica ha sido fomentada por empresas nacionales y transnacionales, en particular en el sector extractivo… llevada a cabo por diferentes judiciales, policiales, militares, y las autoridades administrativas." Hasta la fecha, las organizaciones sociales ecuatorianas estiman que 189 hombres y mujeres defensores de la naturaleza y el agua, y que defienden su derecho a decidir sobre lo que sucede en sus tierras, han sido criminalizados. Como resultado, los pueblos indígenas y no indígenas, han denunciado estas medidas que intentan limitar su libertad de expresión y asociación, e impedir su labor de defensa de sus derechos. El Tribunal Ético determinó que esto es parte de los esfuerzos para eliminar la protesta social en el país. Es desconcertante, que esto está teniendo lugar a pesar de los importantes progresos realizados en la Constitución del Ecuador del 2008, que ahora reconoce el Ecuador como un Estado plurinacional, establece los derechos de la naturaleza, y reconoce el derecho humano al agua, el buen vivir (Sumak Kawsay), y a la protesta social.
En este contexto, las organizaciones abajo firmantes deseamos expresar nuestra profunda preocupación y oposición a dicha penalización, y en particular, contra las injustas condenas emitidas en la provincia del Azuay en contra de líderes comunitarios y defensores de los derechos de la naturaleza, el agua y la vida: Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi.
En mayo de 2010, Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Arpi Efraín fueron acusados de "terrorismo y sabotaje" por su presunta participación en protestas contra una ley de aguas. Esta acusación se redujo a la de "obstaculizar las vías", y los tres líderes fueron absueltos posteriormente. Después de un retraso extraordinario, el caso fue reabierto, y en agosto, la Primera Sala de la Corte Penal de Justicia del Azuay, condenó a los tres defensores del medio ambiente a ocho días de cárcel. Esta decisión establece un precedente desafortunado para otros que puedan ser perseguidos legalmente como consecuencia de su oposición a las operaciones mineras nacionales o multinacionales.
En este caso, los tres líderes comunitarios mencionados se oponen al proyecto de oro y plata, llamado Quimsacocha, propiedad de la empresa minera canadiense IAMGOLD, basada en Toronto. Las concesiones otorgadas a esta empresa se encuentran en bosques protegidos y en las fuentes de agua de las comunidades de las parroquias de Victoria Portete y de Tarqui. Estas comunidades se dedican principalmente a la producción láctea y temen que la futura actividad minera perjudique su salud y su fuente de vida a causa del impacto que tendría la operación minera sobre la cantidad y la calidad del agua.
En 2007, el presidente Correa dijo a Pérez y otros que su "mano no temblará" para revocar las concesiones mineras de IAMGOLD con el fin de garantizar el abastecimiento de agua preciosa. En 2008, la Asamblea Nacional Constituyente decretó también un mandato minero, que ordenó revocar las concesiones mineras que se superponen con áreas protegidas, reservas de agua y en áreas donde las comunidades no habían sido debidamente consultadas. Estas promesas, sin embargo, nunca se cumplieron y persiste el conflicto en torno a este proyecto minero.
Instamos a las autoridades ecuatorianas que, en estricta aplicación del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se conceda el recurso de apelación a los injustamente acusados Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, que el proceso judicial contra ellos sea archivado y su derecho a continuar en la defensa del agua y la naturaleza tal como se consagra en la nueva Constitución de Ecuador sea protegido.
Además, expresamos nuestra solidaridad con los 189 hombres y mujeres defensoras del medio ambiente en Ecuador, que se estima han sido criminalizados por parte de actores estatales y no estatales, sobre todo por su oposición a la expansión de la minería, y pedimos que el gobierno ecuatoriano ponga en práctica las recomendaciones de la Tribunal ético, que se adjuntan a esta carta, con el objetivo de poner fin a la criminalización de la protesta social.
Detener la criminalización es un paso necesario para crear el espacio para escuchar las preocupaciones de las comunidades afectadas por la minería en el Ecuador y para reafirmar el compromiso del país con el sumak kawsay o buen vivir, para todos sus ciudadanos.
Organizaciones firmantes:
Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
Barrio Nuevo, Toronto, Canada
Canadians Against Mining in El Salvador, Toronto, Canada
Center for Alternative Mining Development Policy in La Crosse, Wisconsin, EEUU
Coalition sur les impacts des transnationales en Amérique latine, Montreal, Quebec
Council of Canadians
Ecuador Solidarity Network, Canada/EEUU
Educators for Peace and Justice, Toronto, Canada
Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
Kairos - capítulo de Regina, Canada
Latin American and Caribbean Solidarity Network, Toronto, Canada
Maryknoll Office for Global Concerns, Washington, EEUU
Mining Injustice Solidarity Network, Toronto, Canada
MiningWatch Canada
Mother Earth Justice Advocates, Regina, Canada
National Council of Latin American and Caribbean Women of Canada
Protest Barrick, Canada/EEUU
Salvadorian Canadian Association of Ottawa, Canada
cc:
Dr. Carlos Ramirez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia
Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del Ecuador
Dra. Johana Pesántez Benitez, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dr. Fernando Gutierrez Verta, Defensor del Pueblo del Ecuador
Dr. José Vicente Andrade Vélez, Presidente de la Corte de Justicia de Azuay