Carta: Dos ciento y treinta tres organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación sobre decisiones recientes que debilitan la eficaz de los mecanismos para protejer a los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minería y otros megaproyectos en las Américas.
Se entregó la carta poco tiempo después de que la CIDH tomó la decisión el 7 de diciembre de 2011 para modificar las medidas cautelares para la protección de 18 comunidades Maya indígena y Sipapakense afectadas por la mina Marlin de oro a tajo abierto en el noroccidente de Guatemala. La CIDH modificó su resolución y revocó la solicitud de suspensión de operaciones de la Mina Marlín a pesar de que las personas afectadas, respaldadas por estudios independientes, denunciaban que dicha mina contamina el agua potable de las comunidades, posiblemente afectando la salud pública; y que además existen amenazas a la seguridad personal de defensores del medio ambiente poniendo en riesgo el tejido social de las comunidades.
Una copia de la carta con la lista de grupos que la firma se encuentra en el anexo.