Mientras organizaciones mexicanas protestan frente a la embajada de Canadá este miércoles contra el asesinato del líder indígena, organizaciones canadienses llaman a una investigación completa, al respeto de los derechos indígenas y al alto a la impunidad corporativa.

El 15 de marzo, Bernardo Vásquez Sánchez, indígena zapoteca, líder comunitario y miembro de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) en San José del Progreso, Oaxaca, fue asesinado en una emboscada por un grupo de tres pistoleros. Su hermano Álvaro Andrés Vásquez Sánchez y la activista local Rosalinda Vásquez fueron heridos y permanecen hospitalizados. Bernardo era un líder evidente en contra de las operaciones mineras de la empresa basada en Vancouver Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca, conocida localmente por el nombre de la subsidiaria Minera Cuzcatlán.

“Un hombre profundamente involucrado en la protesta contra la minera canadiense Fortuna Silver y sus impactos en las fuentes de agua locales fue asesinado,” comenta Maude Barlow, reconocida activista en defensa del agua alrededor del mundo y presidenta del Council of Canadians. “Legislación en Canadá se necesita en forma urgente para que cuando los derechos humanos, ambientales y laborales son violados fuera de nuestro país las personas directamente afectadas tengan un recurso a través del sistema legal canadiense”.

Poco antes de su muerte, Bernardo Vásquez Sánchez habló con el periodista independiente canadiense Dawn Paley. Explicó cómo la oposición surgió en las comunidades. Describió cómo la compañía entró en la comunidad, negociando por separado con los ejidatarios, en vez de en asamblea. Indicó que los ejidatarios carecían de información de los planes de la compañía antes de que iniciaran operaciones.

Bernardo habló de los conflictos acerca de las ideas de qué es en beneficio de la comunidad “El gobierno nos llama pobres, pero vivimos bien. Para nosotros, la idea de desarrollo es una batalla de conceptos… Tenemos tierras, trabajamos, no tenemos efectivo, pero tampoco la compañía está dando dinero, da gallinas, cosas pequeñas, cosas que la gente no necesita.”

Según Paley, sin embargo, estructuras locales de gobierno que no han sido elegidas en asamblea por años han favorecido la entrada de la compañía. Peace Brigades International ha reportado que aquellos que se oponen a la mina han sido objeto de ataques constantes, incluyendo amenazas, arrestos arbitrarios y campañas. A penas hace dos meses, Bernardo Mendez fue asesinado en un episodio de violencia que se ha relacionado con la disputa por la minera.

En enero, hablando afuera de la embajada canadiense en referencia al asesinato de Méndez, Bernardo Vásquez manifestó “Desde 2010, advertimos al gobierno, con fotos y videos, que una asociación civil estaba armada… [Sin embargo mantuvimos] una actitud de diálogo, de mesas de trabajo, de propuestas. A cambio el gobierno municipal mató a nuestro compañero Bernardo…”

“La violencia en San José de Progreso obliga a una investigación completa,” dice Jen Moore, Coordinadora del Programa para Latino América de MiningWatch Canada. “Esto debiera incluir examinar cómo la compañía entró al área y cómo se puede estar beneficiando, agravando o corrompiendo a las estructuras de gobierno local en detrimento de la población indígena del lugar.”

A las 2:30 (tiempo local), del 21 de marzo, gente de Oaxaca y muchas organizaciones mexicanas protestarán frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México. The Council of Canadians, Common Frontiers, MiningWatch Canada, Peace Brigades International – Canada y Rights Action se unen en solidaridad y llaman a:

1. Los gobiernos de Oaxaca y de México a llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva del asesinato de Bernardo, así como a la violencia previa y llevar a los responsables ante la justicia;

2. Autoridades mexicanas a proveer protección para Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, Rosalinda Vásquez y todos los miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán;

3. Respeto a los derechos indígenas de las comunidades zapotecas a la consulta previa, informada y libre de las operaciones actuales y futuras, lo cual incluye el derecho a decir “no”;

4. Un pronunciamiento de la Ministra de Canadá del Estado Consular y de Relaciones Exteriores (Latinoamérica) la Honorable Diane Ablonczy, condenando la violencia y llamando a una investigación exhaustiva, incluyendo conexiones posibles con Fortuna Silver, y por la protección de defensores ambientales de San José del Progreso;

5. El gobierno canadiense a promulgar legislación que obligue a la rendición de cuentas de compañías extractivas canadienses por violaciones a derechos humanos e impactos ambientales de sus prácticas mineras alrededor del mundo.