(Lima/Ottawa) Mañana, martes 21 de noviembre, la Corte Superior de Lima verá el caso del hostigamiento y detención ilegal y arbitraria de la coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá Jen Moore, y el periodista estadounidense John Dougherty, ocurrida el pasado 21 de abril en Cusco. Los defensores fueron rodeados por la policía nacional, muchos vestidos de civil, y detenidos por cuatro horas mientras la policía intentaron interrogarles tras la presentación de un largometraje documental sobre abusos relacionados a las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en las Américas.
Evidencia entregada a la corte muestra que, horas después de que Moore y Dougherty salieron voluntariamente del país el 23 de abril, la Superintendencia de Migraciones les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país. Los defensores no fueron notificados, sino se enteraron de la decision dos meses después por otra vía.
El Cuatro Sala Penal Con Reos Libres de la Corte Superior de Lima verá el habeas corpus interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras - Cusco y Aporvidha en representación de Alerta Minera Canadá.
“Mientras ha habido cientos de casos de criminalización y represión de la protesta en Perú en los últimos años para silenciar los reclamos de las comunidades afectadas por la minería, este caso representa una tendencia hacia la criminalización de los periodistas y demás defensores del medio ambiente por compartir información y expresar opiniones sobre lo que está pasando en el país”, comentó Jaime Borda de Derechos Humanos Sin Fronteras - Cusco.
La privatización del aparato de seguridad pública en Perú podría haber facilitado este proceso de criminalización. Organizaciones de los derechos humanos han encontrado 118 contratos entre empresas energéticas y mineras con las fuerzas estatales para brindarles servicios de seguridad en Perú. Esta situación se repite con la empresa HudBay.
“De acuerdo a la información obtenido sobre estos contratos que privatizan a la PNP, es muy probable que este acoso, perseguimiento y detención de Moore y Dougherty se haya producido bajo el acuerdo contractual entre HudBay y la policía. Este tipo de convenios someten a la fuerza pública a las necesidades de las empresas, generando un conflicto de interés con su rol de proteger a la población, razón por la que es imperativo eliminar estos convenios”, constató Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos.
90 redes y organizaciones internacionales han enviado un carta a las autoridades peruanas el viernes pasado para que tomen todas las medidas necesarias para poner alto a este proceso de criminalización y para asegurar que no se repita, inclusive instaron a las autoridades peruanas a que eliminen la privatización de los servicios de la policía por facilitar la criminalización de la disidencia y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.
"Es altamente preocupante que empresas mineras como Hudbay podría estar usando la policía para tratar de cortar el acceso que tiene las comunidades a fuentes independientes de información y apoyo. Parece ser parte de una serie de esfuerzos parecidos para perseguir los que buscan respaldar comunidades afectadas por la minería en Peru. En 2011, por ejemplo, un cable de Wikileaks mostró como empresas mineras transnacionales en Perú buscó la ayuda de la diplomacia canadiense, estadounidense y otros en Lima para presionar las autoridades peruanas y impedir los esfuerzos de maestros, sacerdotes, partidos políticos, organizaciones campesinas y ONGs que trabajaba con comunidades afectadas por la minería. La criminalización de tales grupos han aumentado tremendamente desde ese entonces. Esto tiene que parar", comentó Jen Moore para MiningWatch Canada.
Más información:
- Jen Moore, Latin America Program Coordinator, MiningWatch Canada, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca