Un nuevo capítulo ofrece una visión del papel que desempeñó la Embajada de Canadá en Guatemala cuando la mina Escobal, de propiedad canadiense, empezó a funcionar en 2013 en el sureste de Guatemala. Aunque Canadá intenta presentarse como líder mundial en la defensa de los derechos humanos, este capítulo ofrece una imagen clara y poco conocida del modus operandi de las embajadas canadienses en la promoción de los intereses económicos canadienses por encima de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Seguimos instando a Canadá a que, en sus decisiones de política exterior, dé prioridad a los derechos humanos y a la libre determinación de los pueblos indígenas, especialmente en lo que se refiere a los intereses mineros canadienses en el extranjero. Esto significa llamar a rendir cuentas a las empresas mineras canadienses de las violaciones de derechos humanos. Significa tomar medidas tangibles para prevenir los daños en primer lugar, proteger a los defensores amenazados por denunciar los proyectos canadienses y garantizar que se tomen medidas para proporcionar una reparación significativa y adecuada. También significa garantizar que los intereses económicos y políticos no prevalezcan sobre los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo.
Este capítulo ya está disponible en inglés y español y es un recurso vital para comprender el enfoque de Canadá en materia de diplomacia económica.
Foto: El embajador de Canadá en Guatemala, Hugues Rousseau, firma el acuerdo voluntario entre el gobierno de Guatemala y Tahoe Resources. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 29 de abril de 2013. (James Rodríguez, Mimundo.org)
Canadá se auto-califica como una “defensora de los derechos humanos en todo el mundo.” Este año, como parte de su candidatura a una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Canadá afirmó que la promoción de los “derechos humanos y el mejorar la equidad y la justicia para las personas en su país y en todo el mundo” es una de sus prioridades. Asimismo, sus embajadas, quienes son las encargadas de representar al Estado canadiense en el exterior, pintan una imagen de respeto por los derechos de los pueblos indígenas realizando foros de “mejores prácticas para la inclusión indígena.” Según la publicidad, en estos espacios se promociona la “autodeterminación” y la “defensa del territorio.”
Al mismo tiempo, las embajadas canadienses ofrecen apoyo político, económico y diplomático a las empresas canadienses en su búsqueda por nuevas oportunidades económicas en otros países.
Pero, ¿qué ocurre cuándo una comunidad indígena y/o campesina en su intento por defender su territorio denuncia a una empresa minera canadiense ante la embajada canadiense en su país?, ¿qué prima: la protección de los derechos humanos o los intereses económicos canadienses?
Una radiografía del actuar de la embajada canadiense en Guatemala: el caso de la mina canadiense Escobal
“Diplomacia económica, minería y racismo en torno a la mina Escobal en Guatemala”, de Caren Weisbart, Jennifer Moore y Charlotte Connolly, nos abre una ventana al mundo de las embajadas canadienses las cuales son cada vez más objeto de escrutinio, especialmente por el papel que ejercen en países del Sur Global promocionando empresas mineras canadienses y, en este proceso, negando los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El texto originalmente publicado en inglés, y ahora disponible en español, pone el foco en el apoyo casi que incondicional de la embajada de Canadá en Guatemala para la puesta en operación de la mina Escobal de Tahoe Resources (ahora en manos de la empresa Pan American Silver - ambas empresas canadienses) pese a la violencia asociada a las operaciones de la empresa en el territorio y a la oposición contundente y pública de las comunidades indígenas hacia el proyecto.
Desde 2011, un vasto movimiento indígena en el sureste de Guatemala liderado por el pueblo Xinka, así como campesinos, se ha organizado para oponerse pacíficamente a la mina de plata Escobal que fue impuesta sin su consentimiento. Cuando el pueblo Xinka comenzó su lucha contra la minería canadiense y el gobierno de su propio país, quizás no se imaginó que iba a haber otro actor detrás del proyecto, un actor no tan visible pero igual de importante e interesado en avanzar el proyecto: la embajada canadiense.
Las embajadas canadienses tienen prácticas diplomáticas muy problemáticas. Gracias a miles de páginas obtenidas a través de solicitudes de la Ley de Acceso a la Información, las autoras aportan su experiencia y su análisis crítico para analizar lo que se conoce como diplomacia económica. En el caso de la mina de Escobal, este concepto se ve reflejado en la influencia del cuerpo diplomático canadiense en el país centro americano para ayudar a Tahoe Resources superar los riesgos políticos y sociales en la tramitación de la licencia de explotación de su mina, en su puesta en operación y en la maximización de sus ganancias.
Uno de los momentos descritos en detalle es la ceremonia del 29 de abril de 2013 para la firma de un acuerdo voluntario para las regalías entre la empresa minera y el gobierno guatemalteco. Ceremonia atendida por el entonces embajador de Canadá en Guatemala y el presidente en ese momento del país, Otto Pérez Molina – conocido por su participación militar en el genocidio perpetrado contra la población indígena maya en la década de los 80 y por ser jefe de los servicios de inteligencia del ejército guatemalteco de 1992 a 1993. La ceremonia, cuyo objetivo era brindar legitimidad a la inversión minera canadiense, se dio en medio de violencia y represión en contra de una manifestación pacífica en la entrada de la mina que se movilizaba en contra de la licencia de explotación recién entregada a este proyecto.
Meses después, la embajada anuncia que la empresa ya no es elegible para recibir los servicios de Delegados Comerciales de Canadá, es decir ya no es elegible a recibir al apoyo del Estado canadiense. Sin embargo, esta decisión no se toma debido a la situación de derechos humanos y violencia relacionada con la mina sino por “los “mínimos” lazos económicos que mantenía la empresa con Canadá”, un apoyo que como lo demuestran las autoras en verdad nunca “cesó por completo.”
A través de este trabajo, las autoras hacen alusión a los hilos de violencia colonial que recorren el tejido de la historia minera de Canadá y a la manera en que éstos se juntan a las “suposiciones racistas y patriarcales dominantes” todavía presentes en la élite económica de Guatemala. Estas dinámicas son visibles cuando ambos actores deslegitiman la resistencia de las comunidades a la minería canadiense atribuyendo su lucha y exigencias a la manipulación e influencia de ONG internacionales.
Más concretamente, el texto proporciona un análisis crítico de la manera en que la embajada canadiense fomenta una noción neoliberal del “diálogo” para gestionar los riesgos que afrontan las inversiones canadienses. Una práctica que “hace eco a elementos centrales de la dinámica política del posconflicto en Guatemala… que tiende a caracterizar a la resistencia indígena y campesina [en Guatemala] como anti-desarrollo, irrazonable y subversiva” para así deslegitimar e ignorar su oposición a proyectos extractivos como la mina Escobal. La promoción del diálogo es una práctica insidiosa en el sentido que “desvía atención de la responsabilización de empresas canadienses por los abusos que cometen… en lugar de prevenir sus daños sociales y ambientales.”
El actuar de la embajada canadiense en Guatemala no es un caso aislado
Desde el 2016, Canadá cuenta con las Directrices de Canadá sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos. Las directrices “ofrecen consejos prácticos a los diplomáticos canadienses que trabajan en todo el mundo… para apoyar a los defensores de los derechos humanos que buscan ayuda.” Sin embargo, varios estudios rigurosos de expertos en responsabilidad corporativa continúan denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
Para citar algunos otros ejemplos en otros países tanto recientes como de hace una década, la embajada canadiense en Ecuador hizo caso omiso de llamados internacionales en 2021 para que brindara apoyo a la primera presidenta del Pueblo Shuar Arutam, en la Amazonía ecuatoriana, amenazada de muerte por una empresa canadiense minera. En México, la embajada de Canadá ha sido acusada de poner en peligro a Mariano Abarca, un líder comunitario en Chiapas y defensor de los derechos humanos asesinado con impunidad en el 2009 por denunciar la contaminación ambiental de una empresa canadiense. Se ha documentado que la embajada brindó apoyo a la empresa canadiense y no hizo nada para ayudar a proteger al líder ambiental después que ésta se enterara de que estaba en peligro. Este año el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) presentó una denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la familia de Mariano Abarca por este caso.
Ataque a los movimientos pro democracia en Guatemala
Esta versión del texto de Weisbart, Moore y Connolly en español llega en un momento crucial en el que la democracia en Guatemala está siendo atacada.
El candidato presidencial progresista Bernardo Arévalo ganó las elecciones nacionales de agosto con un amplio margen, pero desde entonces el Ministerio Público de Guatemala ha hecho todo lo posible por anular los resultados electorales. La plataforma anticorrupción de Arévalo supone un desafío directo a la élite política, que ha pasado los últimos años llenando el poder judicial guatemalteco de jueces y fiscales más enfocados en criminalizar a quienes denuncian la corrupción que en reprimirla. De hecho, decenas de jueces, abogados, periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos que han trabajado en los últimos años para luchar contra la impunidad en el país se encuentran ahora en el exilio, tras verse obligados a huir del país en los últimos años después de enfrentarse a procesos judiciales infundados.
Bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público ha utilizado este poder judicial corrupto para intentar despojar al partido Movimiento Semilla de Arévalo de su personalidad jurídica e impedir una transición pacífica del poder fijada para el 14 de enero de 2024. Esta situación ha desatado protestas masivas a favor de la democracia en todo el país, encabezadas por las autoridades ancestrales indígenas, incluido el Parlamento Xinka. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2023, la oficina de la fiscal general declaró nulos los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 - una decisión ampliamente denunciada por las organizaciones guatemaltecas e internacionales como un intento de golpe de Estado, y una táctica que la Organización de Estados Americanos ha llamado "típica de las dictaduras, no de las democracias."
El amplio apoyo que la embajada canadiense prestó a la cuestionada empresa minera canadiense - tanto públicamente como entre bastidores, según lo documentado por las autoras - está en fuerte contraste con la participación de Canadá cuando se trata de defender los principios más básicos de la democracia en Guatemala. Aunque reconoció los resultados de las elecciones de 2023 como legítimos y hace unos días añadió su nombre a una declaración de varias embajadas pidiendo una transición pacífica del poder, Canadá ha tenido poco que decir en los últimos meses sobre los esfuerzos públicos de la Fiscal General con el fin de anular los resultados de las elecciones.
Tal y como lo exponen las autoras en este un excelente documento, Canadá no siempre sigue su propio discurso de respeto y promoción de los derechos humanos. Por el contrario, Canadá tiende a promover y proteger a las empresas mineras canadienses en lugar de hacerlas rendir cuentas cuando violan los derechos humanos y de los pueblos indígenas o cuando causan desastres ambientales.
Este trabajo ofrece un relato riguroso sobre el modus operandi de la embajada canadiense en Guatemala que se asemeja mucho al de otros países. Por eso, nos parece importante que este relato esté disponible ahora en español para que las comunidades y sus aliados en países de América Latina y el Caribe que se enfrentan a las empresas mineras canadienses puedan entender mejor el tipo y el grado de apoyo concertado que las empresas canadienses reciben para poner en marcha sus proyectos mineros.