Se espera que un tribunal argentino dicte hoy sentencia en un caso contra ocho miembros de la comunidad de Chubut que participaron en el «Chubutazo» de 2021, una poderosa protesta provincial que logró detener los esfuerzos del Gobierno para imponer el proyecto minero Navidad, propiedad de una empresa canadiense, y permitir las actividades mineras industriales en algunas zonas de la provincia.
De los ocho, siete han sido acusados de robo y uno de incendio. Los abogados defensores subrayan que el caso carece de pruebas y que las penas solicitadas por la fiscalía son totalmente desproporcionadas en relación con los delitos. Hasta ahora, el juicio se ha caracterizado por la falta de transparencia, ya que ha sido difícil para los periodistas y el público acceder a las audiencias.
Las comunidades locales advierten de que los cargos tienen motivaciones políticas, ya que la provincia pretende reprimir las protestas con el fin de ampliar las actividades mineras. La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE dijeron en un comunicado: «exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense».
¡Chubutazo!
El 16 de diciembre de 2021, la legislatura provincial de Chubut, liderada por el entonces gobernador Mariano Arcioni, aprobó una ley para permitir la minería a cielo abierto en determinadas zonas de la provincia, dando así luz verde a la empresa minera Pan American Silver, con sede en Vancouver, para que comenzara a trabajar en su mina Navidad, valorada en 1000 millones de dólares.
Durante años, las operaciones de Navidad no habían avanzado debido a la fuerte oposición local, incluida la de las comunidades mapuche tehuelche. Más del 80 % de los residentes locales votaron en un referéndum popular celebrado en 2003 en contra del proyecto Navidad. Pero a pesar de esta oposición y de la legislación medioambiental vigente que prohíbe el uso de cianuro en las operaciones mineras a cielo abierto —lo que ha hecho inviable el proyecto Navidad durante años—, Pan American Silver adquirió el proyecto en 2010.
Tras el cambio de legislación en 2021, miles de personas en todo Chubut y Argentina salieron inmediatamente a las calles con pancartas en las que se leía «No es no» y «#FueraPanAmericanSilver» en los que se conoce como el Chubutazo. Además denunciaban los esfuerzos de la empresa canadiense para cambiar la legislación local. Aunque la fuerte oposición a la minería existía en la zona desde hacía décadas, el profesor y periodista Martín Ulacia, autor de «No Fue No», describe el Chubutazo como «uno de los acontecimientos más importantes de la lucha del pueblo chubutense contra el extractivismo minero».
Seis días después de su aprobación y tras protestas masivas, la ley fue derogada por el entonces gobernador Arcioni.
En ese momento hubo una avalancha de apoyo nacional e internacional durante las protestas contra la ley minera y la represión policial, incluida una carta de solidaridad firmada por 34 organizaciones internacionales en apoyo al pueblo de Chubut.
Un juicio político contra los residentes de Chubut
Cristina Agüero, integrante de No a la Mina Esquel, declaró a MiningWatch: «Se trata de un juicio político que restringe el acceso al público. Necesitan encontrar a alguien a quien culpar de esta gran revolución popular contra la minería transnacional a gran escala para intimidar a la gente e impedir que vuelva a salir a la calle y que se interese en la acción colectiva».
Lucas Espinoza, uno de los miembros de la comunidad que enfrenta a cargos, afirma: «El Gobierno busca exponer, criminalizar y condenar penalmente a ocho vecinos, incluyéndome a mi, por salir a las calles para defender nuestras aguas y nuestros ríos. Las pruebas son fotos sacadas por policías infiltrados donde se nos ve en la marcha pero no se nos ve cometiendo ningún delito”.
Espinoza es uno de los muchos residentes de Chubut que también han expresado su preocupación por la posible explotación minera de uranio en la provincia «[este proceso] busca que el pueblo no se involucre ni proteste a días para la aprobación en legislatura para la explotación de Uranio en nuestra provincia.». Y añade: «Las mineras son una amalgama de corrupción, contaminación y muerte. A la comunidad nacional e internacional sí les pido que nunca paren de salir a las calles a defender sus recursos naturales y sus derechos como ciudadanos».
La criminalización de estos miembros de la comunidad contrasta fuertemente con la falta de investigación sobre las acciones de las fuerzas de seguridad acusadas de usar violencia excesiva durante el Chubutazo. Como informó Amnistía Internacional Argentina en ese momento, «se utilizó fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes [y] siete personas fueron detenidas y más de 30 resultaron heridas». Pero ninguna de estas violencias estatales ha sido investigada, ni se ha responsabilizado a ningún actor estatal. Como afirma CAJE, «las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías.».
Argentina impulsa más minería durante la PDAC 2025
A pesar de que las y los defensores del medio ambiente locales se enfrentan a una criminalización flagrante, los funcionarios argentinos están promoviendo agresivamente el potencial minero de sus territorios ante los inversores en la escena internacional. El mes pasado, en la conferencia anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, altos funcionarios argentinos cortejaron a los inversores mineros canadienses durante el «Día de Argentina: Oportunidades de negocio en oro, plata, cobre y litio».
El nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del presidente argentino Javier Milei fue promocionado durante la PDAC 2025 como una medida que crea un clima favorable y estable para los inversores internacionales. El régimen reduce significativamente el impuesto sobre la renta de las empresas del 35 % al 25 %, al tiempo que permite el arbitraje internacional. Sin embargo, como señala la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el RIGI promueve la inversión a gran escala en proyectos extractivos de gran envergadura, como la minería, con una grave «falta de protección medioambiental». De hecho, los proyectos seguirán beneficiándose del RIGI «contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie.».
Mientras se erosionan aún más las protecciones medioambientales, se ignoran los referéndums comunitarios y se criminaliza a los defensores del medio ambiente, el consenso en la PDAC, según el Gobierno de Milei, fue que «este es un momento histórico para la minería».
MiningWatch Canadá se solidariza con los ocho ciudadanos de Chubut que actualmente están siendo procesados por protestar contra la minería a gran escala, incluida la inversión minera canadiense. Nos sumamos a los llamamientos para que se retiren los cargos y se respeten las demandas de los residentes de Chubut mientras continúan organizándose pacíficamente.
Crédito de la foto: Marco Antonio