Esperanza Salazar se encuentra esta semana en Ottawa para anunciar una innovadora denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que aboga por la responsabilidad jurídica de Canadá por las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus empresas mineras en el extranjero. Esperanza es miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y ha estado luchando para que se haga justicia por el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente mexicano asesinado en 2009 mientras se manifestaba en contra de una mina canadiense. Junto con la familia de Mariano, REMA ha estado intentando que se investigue a la embajada de Canadá en México por poner en mayor riesgo la vida de Mariano al abogar a favor de la empresa canadiense para que avanzara sus operaciones. A continuación, se reproduce la declaración emitida por Esperanza durante una conferencia de prensa en Ottawa.
"Mariano Abarca fue un fundador de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y, desde su asesinato en 2009, la REMA ha acompañado a la familia en sus exigencias para la justicia tanto en México como aquí en Canadá. Lamentamos estar aquí de vuelta en Ottawa, habiendo agotado los recursos jurídicos sin haber logrado una investigación sobre el rol de la embajada canadiense en México. Pero ha sido un proceso revelador.
El asesinato de Mariano no significa algo inusual, aislado o accidental. Refleja fielmente un patrón de conducta que incorpora varios elementos de una política basada en el manejo y generación de los conflictos mineros. Esto incluye la criminalización, el hostigamiento, las amenazas y campañas de desprestigio, la represión y el asesinato en contra de las y los defensores de la vida y el medioambiente en los territorios afectados por esta actividad tan destructiva. Este patrón lleva años siendo aplicado en México y toda América Latina, en donde intervienen empresas, los tres niveles de gobierno, así también gobiernos como Canadá a través de su Embajada y su cuerpo diplomático para garantizar “la inversión”.
Contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, este caso demuestra el singular interés del gobierno de Canadá en promover y proteger el capital canadiense. En el curso de su revisión en las cortes de federales, el gobierno se defendió argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de los y las defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando preferencia al enriquecimiento principalmente a unos pocos empresarios a costa de la vida y de la naturaleza.
México ya es uno de los países más peligrosos para defender tierra y territorio. Pero la promoción incondicional del gobierno canadiense para sus empresas mineras, y el vacío en términos de prevención y procuración de justicia es especialmente grave ante la profundización de la violencia extrema en recientes años en México. En partes del país que han visto una escala tremenda de asesinatos, desapariciones, y desplazamiento forzado, se puede encontrar empresas mineras canadienses operando y expandiendo sus operaciones. En tal contexto, la promoción diplomática de la inversión minera por la embajada, el ministerio de relaciones exteriores o el mismo Primer Ministro, tal como hizo cuando durante su visita a México a inicios el año, magnifica nuestra impresión de que la vida en nuestros países del sur realmente no vale nada para el gobierno de Canadá mientras aún pueden seguir operando las empresas que se capitalizan en sus bolsas de valor.
Por todo esto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar con este proceso ahora que se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde esperamos lograr una respuesta que se dirigiría a algunos cambios de fondo que empiezan a remediar estas injusticias."