En el Día Internacional de los Derechos Humanos, defensoras y defensores ambientales colombianos y aliados internacionales cuestionan el silencio de las autoridades canadienses ante las graves amenazas a su seguridad que han ocurrido en el contexto de un proyecto minero de Aris Mining Corporation en Colombia. Desde su creación, el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán en Santander, Colombia, ha sido estigmatizado y criminalizado por trabajar en pro de la protección del páramo de Santurbán, ecosistema del que depende el suministro de agua dulce de más de dos millones de personas.
En el último año, el Comité ha sido protagonista de importantes victorias para la protección del Páramo. Organizó la gran marcha por la defensa del agua y Santurbán en la ciudad de Bucaramanga con la participación de 20 mil personas (es más, durante 16 años han realizado movilizaciones multitudinarias en la ciudad de Bucaramanga) y logró el reconocimiento de una parte del páramo como Zona de Reserva Temporal, lo que resultó en la suspensión por dos años de las actividades mineras a gran escala en el mismo. Estas victorias, sin embargo, han traído consigo un incremento de los ataques contra el Comité.
En diciembre de 2024, integrantes del Comité fueron señalados como «personas no gratas» en un panfleto difundido en redes sociales y por las autoridades locales, lo que les obligó a presentar una denuncia penal ante las autoridades colombianas. Los autores del panfleto se autodenominan “Comité Resistencia Soto Norte”. De conformidad con la denuncia, el panfleto fue difundido por personas con presuntos intereses o vínculos de afinidad con el proyecto Soto Norte, que busca explotar oro y otros minerales y cuyo manejo ha estado en manos de la Sociedad Minera de Santander S.A.S. (hoy en día Sociedad Proyecto Soto Norte S.A.S.) que a su vez ostenta un subcontrato con CALIMINEROS S.A.S. Cabe aclarar que el inversionista mayoritario del Proyecto Soto Norte S.A.S. es la empresa canadiense Aris Mining, que además anunció recientemente la adquisición del proyecto en su totalidad.
La histórica labor del Comité de alertar públicamente sobre los graves riesgos de las actividades de explotación para el Páramo y el agua de la región le ha costado persistentes amenazas y represalias, incluyendo las del panfleto. Como consecuencia de estas, integrantes del Comité han reportado que no pueden desplazarse libremente y con seguridad por los territorios, lo que limita su labor de defensa ambiental y viola diversas garantías constitucionales, incluidos sus derechos a la integridad personal, así como a la libertad de expresión y de circulación.
Tras estos hechos, el Comité, con apoyo de aliados internacionales, envió una carta a la embajada de Canadá en Colombia, al departamento de Asuntos Globales de Canadá y a diferentes instancias gubernamentales colombianas, con el fin de dar a conocer las amenazas y hostigamientos en contra de los integrantes del Comité y solicitar que tomaran las medidas necesarias para su protección. Previo a esto, el Comité presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Colombia y quejas disciplinarias contra funcionarios del Estado colombiano, quienes también habrían participado de los actos de estigmatización y hostigamiento.
En marzo de 2025, diferentes expertos de la ONU, incluyendo Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, se manifestaron al respecto. En una acción conjunta, los expertos enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia, Canadá y los EAU, así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, para solicitar información sobre el curso de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a los miembros del Comité. Al momento de esta publicación, solo el gobierno colombiano, Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC han respondido a los expertos de la ONU. Esta última se adhirió a la respuesta de Aris Mining, que niega cualquier participación en los hechos de intimidación contra los miembros del Comité.
Han pasado siete meses desde los pedidos de información de los expertos de la ONU y casi un año desde las comunicaciones con la embajada canadiense en Colombia. No obstante, la situación de inseguridad para las y los defensores del Comité de Santurbán se mantiene, las investigaciones por el aparato de justicia colombiano no han arrojado resultados concretos y Canadá, país en el que la empresa está basada, permanece indiferente.
Respuesta de Aris Mining
La comunicación de los expertos de la ONU a Aris Mining califica las amenazas recibidas por los integrantes del Comité de Santurbán como «preocupaciones serias».
Una de las alegaciones recogidas en la comunicación es que “entre quienes compartieron el panfleto se encontraba… un representante legal de la empresa minera CALIMINEROS, que tiene un subcontrato de formalización con la Sociedad Minera de Santander S.A.A. (MINESA), copropiedad de su empresa, Aris Mining, y de MDC Industry Holding Company LLC”. En la carta, además, se subraya que Aris Mining, su subsidiaria MINESA y todas las empresas de su cadena de suministro —como Calimineros— , asociadas al proyecto Soto Norte, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas defensoras del ambiente y del agua.
Así, la comunicación dirigida por los expertos de la ONU a Aris Mining afirma: “Sin querer prejuzgar la veracidad de la información recibida, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la supuesta intimidación de la Sra. López Carreño y el Sr. Morantes [integrantes del Comité de Santurbán] que tememos esté directamente relacionada con su labor de protección de los derechos humanos, incluidos los derechos al agua potable y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en el contexto del desarrollo del proyecto minero Soto Norte”.
Aris Mining contestó dos meses después del plazo establecido, el 28 de mayo, aludiendo a problemas con los correos electrónicos a los que las relatorías de la ONU habían enviado las comunicaciones. La empresa sostiene: “En respuesta a las acusaciones expuestas en su carta sobre la intimidación de la Sra. López Carreño y el Sr. Morantes, tanto en el panfleto digital como en otros medios, seguimos manteniendo nuestra afirmación de que no participamos ni hemos participado en la intimidación de ninguna persona, incluida la Sra. López Carreño y el Sr. Morantes, ni la toleramos”. Señala además que “no hemos participado de ninguna manera en la preparación o difusión del supuesto panfleto digital y no lo toleramos en modo alguno”.
La empresa también hace hincapié en que “[l]os esfuerzos de la Sra. López Carreño y el Sr. Morantes por proteger los derechos humanos, incluidos los derechos al agua potable y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, son totalmente coherentes con nuestra visión para todas las operaciones de Aris Mining, incluido el futuro proyecto Soto Norte”.
No obstante de lo anterior y en lugar de responder a las preguntas que planten los expertos de la ONU sobre las medidas implementadas por la empresa, sus filiales o subcontratistas para prevenir la violación de derechos de los defensores ambientales , Aris Mining evade el cuestionamiento y señala: “Creemos que una asociación con Calimineros … allanaría el camino para proteger los recursos hídricos de la región”.
A pesar de que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para defender el territorio y la naturaleza, tal como destaca Global Witness en su informe Raíces de resistencia del 2024, el director ejecutivo de Aris Mining, Neil Woodwyer, dirigiéndose a sus inversionistas, afirmó en enero del 2025 que “Hay una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Hay una historia cinematográfica asociada con Colombia que no nos beneficia mucho. Pero, en realidad, todavía hay algunas zonas del país en las que la mayoría de la población no está nada mal…. El país es muy estable a pesar de todo”.
Esta declaración desconoce que, en las zonas del país donde Aris Mining tiene actividades, en los departamentos de Antioquia, Caldas y Santander, operan grupos al margen de la ley que representan un riesgo constante para las personas defensoras, riesgo que se profundiza con episodios de estigmatización como el asociado al panfleto. Las graves amenazas a los integrantes del Comité ocurridas en el contexto del proyecto minero de Aris Mining en Santander ponen en tela de juicio que las inversiones de la empresa se desarrollen en un entorno seguro y respetuoso de los derechos humanos.
Silencio por parte de Canadá
Al ser Aris Mining una empresa canadiense, los expertos de la ONU también le enviaron una comunicación a Canadá. En esta le recuerdan sus obligaciones internacionales y le piden rendir cuentas sobre qué mecanismos ha activado para proteger a los defensores ambientales, entre ellos las Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos: Voces en riesgo.
El gobierno de Canadá ha afirmado que “Promover el respeto de los derechos humanos es un elemento fundamental del compromiso internacional de Canadá”. Además, ha enfatizado que: “El Gobierno de Canadá reconoce el papel clave que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del estado de derecho, a menudo con gran riesgo para ellos mismos, sus familias y sus comunidades.”
Pese al discurso que Canadá promueve y a haber tenido casi un año para responder a las comunicaciones del Comité de Santurbán y a los expertos de la ONU, hasta el momento no lo ha hecho.
Mientras que la embajada permanece en silencio acerca de las “medidas adoptadas por Canadá para comunicarse con Aris Mining en lo que respecta a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones, incluidos los derechos de los defensores de los derechos humanos en el departamento de Santander”, el departamento de Asuntos Globales y la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, según reporta la empresa, se han reunido al menos en dos oportunidades con esta última durante este año. En agosto de 2025, la empresa escribió en su cuenta de X: “Aris Mining tuvo el honor de reunirse con el secretario de Estado de Canadá, el honorable Randeep Sarai, y la embajadora Elizabeth Williams en la Embajada de Canadá en Colombia para mantener un diálogo significativo y productivo sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Canadá y Colombia”.
En otra publicación de este año con la embajadora Williams, la empresa dice: “Aris Mining valora la colaboración continua entre Canadá y Colombia y agradece el papel de la Embajada en el fomento de la cooperación y de las oportunidades en todos los sectores”.
La falta de respuesta por parte de Canadá deja claro que su orientación principal se dirige a la protección de los intereses de las empresas mineras canadienses —incluso cuando estas preocupaciones provienen de expertos de la ONU.
Casi un año después de estas comunicaciones, las amenazas y los señalamientos en contra del Comité persisten y las autoridades no han tomado las acciones necesarias para brindar protección al Comité.
Por lo tanto, Common Frontiers Canadá, el Center for International Environmental Law (CIEL), el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, el Instituto de Estudios Políticos - Programa de Economía Global, y Mining Watch Canada reiteramos el llamado de los expertos de la ONU a los gobiernos de Canadá, Colombia y Emiratos Árabes para que (i) salvaguarden la vida e integridad de quienes integran el Comité, implementen medidas efectivas de protección e investiguen a los responsables con el fin de que estos actos no queden en la impunidad y no se repitan. Asimismo, de acuerdo con los expertos, insistimos en su llamado a MDC Industry Holding Company LLC, Aris Mining, sus filiales y subcontratistas para que (ii) respeten sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y rindan cuentas sobre qué medidas han implementado para prevenir, identificar y remediar cualquier impacto negativo sobre los derechos humanos de sus actividades, en particular sobre los derechos de las personas defensoras del ambiente.