El siguiente blog fue escrito por Viviana Herrera (MiningWatch Canadá) y Paulina Personius (Earthworks).
La mina Cobre Panamá está cerrada desde diciembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo de Panamá dictaminó que el contrato de explotación de la mina de propiedad canadiense era inconstitucional. Pero crece el temor de que la mina se reactive pronto. First Quantum Minerals, la propietaria canadiense de la mina, presentó una demanda de arbitraje de 20 000 millones de dólares (USD) en tribunales internacionales poco después de la cancelación del contrato, junto con su socio coreano KOMIR, su filial panameña y otras dos empresas de su cadena de suministro. A principios de este mes, First Quantum dijo a sus abogados que suspendieran el caso de arbitraje contra Panamá para «discutir la reapertura de la mina». El presidente de Panamá había declarado anteriormente que la empresa canadiense debía retirar el arbitraje contra Panamá como condición para negociar la reapertura de la mina.
En respuesta, cientos de panameños y panameñas han salido a las calles en la última semana para decir no a la reapertura de la mina Cobre Panamá y no a la criminalización de protesta pacífica reafirmando un mensaje claro y contundente: Panamá vale más sin minería. «La defensa del agua y el territorio sigue siendo una lucha urgente».
Las acciones de la última semana recuerdan a las protestas históricas de 2023 contra los impactos ambientales de la mina en una zona que forma parte de una región protegida conocida como el Corredor Biológico Mesoamericano.
El renovado repudio público a la mina Cobre Panamá se produjo mientras el gobierno panameño debatía el Proyecto de Ley 462, aprobado la semana pasada, que reforma la caja de seguridad social del país en detrimento de los derechos de los trabajadores, encontrando una fuerte oposición nacional. El presidente panameño, José Raúl Mulino, había declarado anteriormente que quería abordar las reformas de la seguridad social antes de discutir las cuestiones mineras en el país o cualquier siguiente paso con respecto a Cobre Panamá.
Tras las elecciones nacionales celebradas en mayo de 2024, el presidente Mulino planteó la idea de reabrir la mina para extraer más minerales y pagar el proceso de cierre. «Abrir para cerrar», tal y como propuso la administración de Mulino, ha sido ampliamente rechazada por los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades cercanas a la zona de concesión de la mina desde el principio. Como condición para negociar la reapertura de la mina, el presidente declaró que la empresa canadiense debía abandonar las demandas de arbitraje internacional contra Panamá.
La reapertura de la mina requeriría que el presidente anule la moratoria indefinida sobre nuevas concesiones mineras que el país puso en marcha en noviembre de 2023. La mina tampoco tiene un contrato para reanudar sus operaciones (la decisión de diciembre de 2023 fue la segunda vez que se revocaba el contrato de la empresa). Ni el gobierno actual ni la empresa minera han aclarado en qué se diferenciaría un nuevo contrato con los dos anteriores.
«Lo único que el gobierno y First Quantum deberían coordinar es un proceso de cierre seguro y transparente», dijo Lilian Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una de las más de 40 organizaciones que integran el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y una de las organizaciones que hacen parte del Comité Panameño - Mesa Técnica de Trabajo para el cierre de minas en Panamá.
El anuncio de un diálogo para una posible reapertura avanza a pesar de las históricas protestas nacionales contra las operaciones de la mina Cobre Panamá de First Quantum en 2023 y en medio de una oposición a gran escala por parte de la sociedad civil panameña. Según la última encuesta nacional, y a pesar de una campaña de relaciones públicas de la empresa, el 63,6 % de los encuestados se opone a la reactivación de la mina y «60% está en desacuerdo con siquiera una revisión del contrato entre First Quantum y el Estado panameño por parte del presidente Mulino».
Las demandas de arbitraje de First Quantum se presentaron a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) presente en el tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá. Los casos de ISDS suelen servir como una forma de retrasar o detener las reformas regulatorias que protegen a las comunidades o al medio ambiente de proyectos perjudiciales. La empresa ha utilizado este mecanismo para amenazar al gobierno panameño, primero en 2023, cuando los tribunales panameños anularon su contrato minero y, más tarde, como estrategia para presionar al gobierno para que reabriera la mina.
Múltiples organismos y expertos de la ONU han recomendado que el ISDS no se incluya en los nuevos acuerdos comerciales y que se elimine de los existentes, advirtiendo que el ISDS obstaculiza los esfuerzos de los Estados para combatir el cambio climático y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la suspensión de los casos de ISDS contra Panamá no debe ir en detrimento de la reactivación de la mina por parte de Panamá. En su lugar, deberían desestimarse estos casos, y First Quantum debería respetar el sistema jurídico de Panamá y la moratoria minera.
A finales del año pasado, la mina de First Quantum fue objeto de un nuevo escrutinio medioambiental cuando un informe de Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) reveló que la presa de relaves de la mina corre un riesgo muy grave e inminente de fallar debido a la mala supervisión y la erosión interna.
Carlos Cruz, integrante de Guerreros del Mar, una organización integrada por comunidades afectadas cercanas a la concesión minera, declaró que «nos preocupa la declaraciones del ministro de ambiente que indica que no hay contaminación. Miles de hectáreas de montañas, vírgenes devastadas son afectadas por miles de hectáreas utilizadas para tinas de relave en donde se vierte este material directamente al suelo que se filtran a la vez hacia el subsuelo donde corren las aguas subterráneas que se interconectan con ríos cabeceras que son el sustento de miles de habitantes del distrito de Donoso. Por el momento, el gobierno se mantiene ignorando el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en claro que el contrato minero con la empresa First Quantum Minerals era inconstitucional. Los Guerreros del Mar decimos no a la Minería, Si la vida y si a condiciones ambientales dignas para nuestras futuras generaciones».
Las comunidades indígenas y costeras cercanas a la mina Cobre Panamá han denunciado cómo «sus fuentes de agua han sido contaminadas provocando la desaparición de especies importantes, la destrucción de humedales y problemas de salud entre los residentes». Los pueblos indígenas también han experimentado «restricciones de movimiento y enfermedades y muerte» debido a la presencia de la mina.
El movimiento Panamá vale más sin minería se ha manifestado exigiendo más acciones nacionales en defensa de una Panamá libre de minería, ya que «recha[zan] la minería metálica y el manejo inadecuado del caso Minera Panamá, que vuelve a cernirse como una amenaza contra el Estado de Derecho, la convivencia ciudadana, la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones». Comunidades y organizaciones de la sociedad civil piden al gobierno que aplique un plan de cierre seguro y transparente, que aborde los graves problemas de estabilidad de los relaves y que trabaje con las comunidades de Donoso para construir economías alternativas y sostenibles.
Foto: Huelga del 21 de marzo 2025 en contra de la ley 462 y la reapertura de la mina Cobre Panamá. Crédito: Guerreros del Mar