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(Toronto – ON) Con motivo de la Asamblea General Anual de 2026 de Barrick Mining Corporation (Barrick), las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa minera en América Latina, África y Asia-Pacífico están alzando la voz para denunciar las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales vinculados a los proyectos mineros globales de Barrick.

Desde repetidos derrames tóxicos en la mina Veladero en Argentina, hasta peticiones aún no resueltas de reasentamiento en la mina Pueblo Viejo en la República Dominicana, al igual que denuncias continuas de violencia y abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad en la mina de oro North Mara en Tanzania, y acusaciones de una creciente militarización y violencia contra los pueblos baluchis locales en el proyecto Reko Diq en Baluchistán, las comunidades continúan enfrentando graves riesgos asociados a la minería mientras exigen rendición de cuentas y reparación.

Argentina

La organización ciudadana Asamblea Jáchal No Se Toca lleva casi una década documentando y denunciando un patrón de derrames tóxicos e impactos ambientales vinculados a la mina Veladero de Barrick. Desde el ampliamente difundido derrame de cianuro de 2015, los miembros de la comunidad han expresado preocupación constante sobre la continúa contaminación del agua, las fallas regulatorias y la falta de transparencia tanto de la empresa como de las autoridades provinciales.

Estas preocupaciones se intensificaron tras un episodio de mortandad masiva de peces en noviembre de 2025 en el embalse de Cuesta del Viento, ubicado aguas abajo de la mina. Según miembros de la comunidad, miles de peces murieron en circunstancias aún no esclarecidas; sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una explicación pública clara de las causas.

«Instamos a Barrick a que publique los resultados de los análisis semanales del agua realizados durante 2025, especialmente los correspondientes a noviembre, así como el análisis de los peces muertos llevado a cabo por SGS, el laboratorio externo contratado por la empresa. Le preguntamos a Barrick si es cierto que niegan cualquier derrame posterior a 2017. Si reconocieran estos incidentes, estarían obligados a cerrar definitivamente la mina Veladero en virtud del artículo 264(e) del Código de Minería de Argentina, que establece que ‘en caso de tres (3) infracciones graves, se deberá proceder al cierre definitivo de la explotación’. ¿Es por eso que no han reconocido el derrame de noviembre de 2025, a pesar de la muerte masiva de peces río abajo?» « Saúl Zeballos, portavoz de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

República Dominicana

En la mina Pueblo Viejo, las comunidades ubicadas río abajo siguen expresando su profunda preocupación por los impactos de las operaciones mineras y los riesgos asociados al almacenamiento de residuos. Los residentes que viven cerca de la presa de relaves de El Llagal —una estructura de 114 metros que contiene residuos mineros tóxicos— llevan años exigiendo su reubicación, alegando riesgos para su seguridad, acceso limitado al agua potable y problemas de salud. A ello se suman pérdidas de ganado y cosechas provocadas por la contaminación, que agravan la inseguridad alimentaria. 

Mientras avanzan los planes de expansión —incluida la construcción de una segunda instalación de residuos, El Naranjo—, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil han presentado dos acciones de protección constitucional para solicitar la suspensión inmediata de la construcción. Barrick ha clasificado la instalación propuesta de El Naranjo, prevista para operar hasta 2049, como de riesgo «Extremo», lo que significa que una posible falla de la presa podría provocar más de 100 víctimas mortales.

Las comunidades locales y las organizaciones enviaron una carta ayer, instando a la empresa a garantizar el reasentamiento en un entorno seguro y saludable.

«El actual programa de reasentamiento asociado con la expansión sigue dejando a las 450 familias que viven debajo del muro de la presa de El Llagal sin la protección adecuada, pese a más de una década de reiterados llamados al reasentamiento. A medida que avanza la expansión, aumenta la preocupación por la seguridad de la comunidad. Reiteramos a Barrick y a sus accionistas que no queremos formar parte de las «más de 100 víctimas mortales» previstas en caso de una falla de la presa. Esta situación representa una grave preocupación en materia de derechos humanos y gestión de riesgos. Exigimos una reubicación inmediata para prevenir una tragedia previsible». Leoncia Ramos, portavoz del Comité Nuevo Renacer.

Baluchistán, Pakistán

El proyecto Reko Diq se encuentra en una zona de conflicto armado donde las organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian ataques sistemáticos contra activistas indígenas baluchis y los órganos de la ONU señalan amplias violaciones de los derechos humanos contra defensores de los derechos humanos. 

Según diversos informes, los proyectos extractivos de propiedad extranjera, y particularmente el proyecto Reko Diq, se han convertido en una creciente fuente de conflicto que afecta a las comunidades indígenas baluchis. El proyecto Reko Diq ha sido objeto de ataques violentos, lo que ha provocado una fuerte militarización de la zona. 

Además, las evaluaciones de impacto del proyecto no han reconocido al pueblo baluchi como pueblo indígena. Esta negación de la identidad indígena baluchi ha sido cuestionada por los Relatores Especiales de la ONU, poniendo en duda la idoneidad y legitimidad de las evaluaciones de impacto y de los procesos de consulta del proyecto, particularmente con respecto al cumplimiento normas internacionales  que exigen el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas. Las organizaciones de la sociedad civil han instado a los bancos de desarrollo que financian el proyecto Reko Diq a suspenderlo hasta que se hayan abordado adecuadamente las preocupaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente.

“Nuestros informes y los hechos indican que este proyecto no ha cumplido con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos a nivel internacional ni ha respetado los derechos fundamentales de la población local. Según se informa, el proyecto está agravando la opresión del pueblo baluchi a manos de las fuerzas de seguridad armadas de Pakistán. La falta de transparencia es una de las principales preocupaciones para la población de Baluchistán. Este proyecto no se puede desarrollar de manera responsable. Por lo tanto, instamos a Barrick a retirarse del proyecto y a los financiadores a suspender la financiación de Reko Diq». Lateef Johar Baloch, defensor de los derechos humanos

Tanzania

En los últimos años, los indígenas kuria de las aldeas situadas en los alrededores de la mina de oro North Mara, en Tanzania, han presentado cinco demandas alegando que miembros de la Fuerza Policial de Tanzania contratados para vigilar la mina los agredieron a ellos o a sus familiares mediante el uso excesivo de la fuerza.

En dos casos presentados en Canadá, un total de 29 demandantes alegan asesinatos, mutilaciones y torturas ocurridos entre 2021 y 2023. El 7 de abril de 2026, los casos fueron desestimados por el Tribunal de Apelación de Ontario, no sobre el fundamento de las denuncias, sino sobre la base de que Tanzania es el foro más apropiado para la acción judicial. Los demandantes solicitarán autorización para apelar el caso ante la Corte Suprema de Canadá.

«En lugar de seguir litigando estos casos en los tribunales, Barrick debería garantizar que las medidas de seguridad en la mina de North Mara no den lugar a nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de la mina, que han provocado asesinatos y mutilaciones de indígenas kuria, en cuyas tierras se construyó la mina.» Catherine Coumans, MiningWatch Canada.

Filipinas

Este año, los habitantes de la isla de Marinduque conmemoraron el 30.º aniversario del grave desastre minero que finalmente provocó el cierre de la mina Marcopper. La sombría conmemoración estuvo acompañada por una celebración, ya que el 3 de octubre de 2025 una demanda presentada en Filipinas concluyó con éxito en un acuerdo de 100 millones de dólares por parte de Barrick Mining.

Los fondos se distribuirán por etapas a lo largo de tres años. Los primeros 50 millones fueron depositados en una cuenta de garantía bloqueada en abril de 2026.

Véase el video del 24 de marzo de 2026: Mesa redonda sobre el 30.º aniversario del derrame del río Boac.

Papúa Nueva Guinea

En 2025, el líder de la Asociación de Propietarios Indígenas de Tierras de Ipili Porgera escribió al primer ministro de Papúa Nueva Guinea describiendo la situación desesperada de las personas que viven en los alrededores de la mina Porgera Joint Venture, y reafirmando la necesidad de reasentar a los propietarios originales de las tierras.

«Debo hablar en nombre de los propietarios tradicionales de Porgera, quienes, durante más de tres décadas, han soportado todo el peso de la minería en sus tierras, a menudo sin recibir prácticamente nada a cambio. (...) Nuestro pueblo sigue caminando durante horas para llegar a los centros de salud y acceder a los servicios básicos. El verdadero desarrollo no debe medirse en onzas de oro o kilómetros de carretera, sino en la condición humana. (...) Nuestra gente ya no tiene tierras donde cultivar alimentos. La seguridad alimentaria se está derrumbando y la desnutrición está aumentando. (...) El reasentamiento sigue siendo el problema más urgente y más ignorado al que se enfrentan hoy los propietarios de tierras de Porgera.» Mark Ekepa, presidente de la Asociación de Propietarios de Tierras de Porgera.

Más información

• Información general (en inglés) 

Para obtener más información y coordinar entrevistas, póngase en contacto con:

• Catherine Coumans, coordinadora de investigación, catherine@miningwatch.ca

• Miriam Shaftoe, coordinadora de comunicaciones miriam@miningwatch.ca