Un estudio, el primero de este tipo realizado hasta la fecha, pone de manifiesto cómo las embajadas canadienses dan prioridad a las empresas sobre los derechos humanos. 

(Toronto, Ottawa) En un contexto donde Canadá acoge la COP15, la conferencia más grande del mundo sobre biodiversidad, un nuevo informe revela que Canadá sigue dando prioridad a los intereses mineros a expensas de los derechos humanos y las y los defensores del medio ambiente.

Publicado en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, The Two Faces of Canadian Diplomacy: Undermining Human Rights and Environment Defenders to Support Canadian Mining (Las dos caras de la diplomacia canadiense: Socavando a las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente para apoyar a la minería canadiense) ofrece una visión única de cómo los funcionarios canadienses no aplican sus propias políticas de protección de defensores cuando hay intereses mineros canadienses de por medio. El reporte, elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), es el primer estudio de este tipo que evalúa la actuación de los diplomáticos canadienses en relación con la publicación Voices at Risk: Canada's guidelines on supporting human rights defenders (Voces en peligro: directrices canadienses de apoyo a los defensores de los derechos humanos). JCAP es una clínica jurídica nacional con sede en la Universidad de York y en la Universidad Thompson Rivers (TRU).

Como resultado de su trabajo, muchos defensores se enfrentan a la criminalización, amenazas, ataques e incluso asesinatos. Organismos de la ONU han reconocido que la escala de este problema a nivel mundial también está alcanzando proporciones críticas. Se trata de un problema especialmente canadiense en la conflictiva industria minera, dado que Canadá es "Estado de origen" de más de mil empresas mineras que operan en todo el mundo y desempeña un papel estratégico para facilitar sus inversiones en el extranjero.

"Los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente desempeñan un papel fundamental en todo el mundo protegiendo la biodiversidad y buscando soluciones a la crisis ecológica mundial", afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la TRU, coautora del informe e integrante de la junta directiva de JCAP. "Sin embargo, hay pruebas abrumadoras de que los funcionarios canadienses ignoran sistemáticamente las propias políticas de Canadá cuando se trata de responsabilidad corporativa y la protección de los defensores. En la práctica, estas políticas no significan nada".

Citando cientos de páginas de registros gubernamentales, el informe documenta cómo los funcionarios canadienses fracasaron rotundamente en mantener sus propias Directrices y en tomar medidas significativas para apoyar a la ciudadana canadiense y conocida defensora Jen Moore, que sigue enfrentando violaciones flagrantes y públicas de derechos humanos en relación con las operaciones de la canadiense Hudbay Minerals en Perú.

En abril de 2017, Moore trabajaba para MiningWatch Canadá y colaboraba con el documentalista John Dougherty y destacadas organizaciones peruanas, entre ellas Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco, para proyectar un documental entre las comunidades afectadas por la mina Constancia de Hudbay Minerals. La película, Flin Flon Flim Flam, incluye testimonios críticos de la comunidad y de expertos sobre las operaciones de Hudbay en todo el continente americano. Durante las actividades de proyección, las autoridades peruanas sometieron a Moore y Dougherty a vigilancia, a una detención sin cargos, prohibición de volver a entrar en el país y, en última instancia, a una declaración pública en la que los calificaba de amenaza para la seguridad nacional.  Desde entonces, los tribunales peruanos han declarado en repetidas ocasiones que estas acciones constituyeron graves violaciones de los derechos de Moore.

Hudbay es desafortunadamente famosa por su historial de presuntas violaciones de derechos humanos y daños medioambientales en múltiples países, y existen demandas civiles en curso contra la empresa en Canadá.  En particular, la mina de Constancia, en Perú, ha sido una fuente constante de conflictos locales. La preocupación por las repercusiones sociales y medioambientales y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades han dado lugar a protestas periódicas. JCAP identificó al menos una docena de protestas importantes y ampliamente difundidas relacionadas con Hudbay en Perú entre 2014 y 2021, que a menudo se cuentan por miles.  Los manifestantes se han enfrentado a menudo a la represión policial y la persecución legal a manos de la Policía Nacional de Perú, que ha operado en el ámbito de un contrato de servicios de seguridad con Hudbay. El Tribunal Constitucional de Perú ha declarado que este tipo de contratos deben limitarse estrictamente porque pueden contribuir a aumentar los conflictos sociales y a la violencia.

Las políticas de Canadá dictan, entre otras cosas, que los funcionarios canadienses deberían haber respondido a las peticiones de ayuda de Jen Moore, e incluso haber investigado la posible involucramiento de Hudbay en su criminalización pidiendo a las autoridades peruanas que acataran las órdenes judiciales y pusieran fin a la criminalización. Sin embargo,  y como ya lo ha admitido la misma Canadá, ésta no ha hecho absolutamente nada para apoyar de forma significativa a Moore. Más allá de la simple negligencia, los registros muestran que los funcionarios públicos canadienses tenían prejuicios políticos contra Moore; se negaron a reconocerla como defensora a pesar de las pruebas claras y las expresiones generalizadas de apoyo de la sociedad civil a su trabajo; e hicieron declaraciones a los organismos de la ONU que eran falsas y engañosas con respecto a lo que sabían sobre la posible implicación de Hudbay.

Los expedientes revelan que estos fallos fueron sistémicos, persistieron en el tiempo e implicaron a docenas de funcionarios canadienses de todos los niveles, incluida la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. A la luz de estos fallos graves y sistémicos, este informe formula recomendaciones que atañen específicamente al caso de Moore y al conflicto en torno a la mina de Constancia, al tiempo que subraya la necesidad de introducir reformas fundamentales en la fallida política canadiense en materia de defensores.

Por su parte, Jen Moore afirma: "Este informe ilustra cómo el gobierno canadiense trata a empresas mineras como Hudbay como si fueran sus clientes, lo que crea un terrible conflicto de intereses. Esto es cierto en mi caso, y también es un problema para muchos otros defensores que luchan contra proyectos financiados por Canadá en toda América Latina, incluidos los miembros de la comunidad que están siendo perseguidos legalmente por protestar contra la mina Constancia de Hudbay. Si Canadá quiere respetar sus propios compromisos en materia de derechos humanos, la diplomacia económica canadiense hacia la industria extractiva debe terminar".

Jamie Kneen, de MiningWatch Canadá, afirma: "Ya estamos viendo a funcionarios canadienses asumir importantes compromisos en materia de protección de la biodiversidad durante la COP15. Pero este informe deja claro que Canadá no sigue sus propias políticas cuando se trata de apoyar a las mismas personas que dedican su vida a proteger el medio ambiente con gran riesgo personal".

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)-Cusco sigue trabajando directamente con las comunidades afectadas por Hudbay en la zona.  En un comunicado, DHSF afirma: " Si los funcionarios canadienses están dispuestos a ignorar a una defensora de  su nacionalidad que cuenta con el firme apoyo de organizaciones internacionales y organismos de la ONU. Ello evidencia que los defensores locales afectados por Hudbay no tienen ninguna esperanza de invocar las políticas canadienses para el respeto de sus derechos".

Contactos:

• Charis Kamphuis, integrante de la junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers: [email protected], 250-572-2625
• Jen Moore, investigadora asociada, Institute for Policy Studies-Programa de Economía Global: [email protected]
• Jamie Kneen, codirector del programa de Canadá, MiningWatch Canadá: [email protected], +1 (613) 761-2273

 
Más antecedentes:

En 2017, varios organismos de la ONU escribieron al Gobierno de Canadá solicitando información con respecto al apoyo ofrecido por Canadá a Jen Moore y la posible participación de Hudbay. Canadá se negó a proporcionar respuestas significativas a estos organismos de la ONU y no compartió lo que sabía sobre la posible implicación de Hudbay.

El 16 de mayo de 2017, poco después de la salida de Jennifer Moore de Perú, varios peticionarios presentaron una solicitud de hábeas corpus en su nombre. Hasta la fecha, los tribunales peruanos han emitido cuatro decisiones en el caso.

En 2019, 2020, 2021 y 2022, los tribunales peruanos determinaron que las acciones de Perú violaron los derechos humanos de Moore y que la decisión de prohibirle la salida del país fue arbitraria e ilegal, al carecer de base fáctica y autoridad. Los tribunales también concluyeron que la policía peruana actuó de manera sesgada con Moore, en parte debido a su contrato de servicios con Hudbay, y que los agentes implicados debían ser investigados.

En particular, el trato dado a Jennifer Moore en 2017 en Cusco, Perú, ha obstaculizado aún más el acceso de la sociedad civil a la región, contribuyendo a crear un clima de temor para los defensores de los derechos humanos. La criminalización de Moore tiene implicaciones negativas potencialmente más amplias para el trabajo de otros periodistas, cineastas, investigadores, estudiantes y trabajadores de derechos humanos.

Según Natural Resources Canada, desde el 2020, Perú se encuentra entre los cinco países con más activos mineros canadienses en el extranjero, con un 5,3%.

Perú también está repetidamente entre los diez primeros de la lista anual de Global Witness de países por asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. Estos informes no capturan los patrones más amplios de amenazas, ataques, criminalización y otras formas de acoso e intimidación que enfrentan las comunidades y organizaciones que se organizan para defender sus derechos.

En 2022, se filtraron documentos que revelaban que el ejército peruano había estado vigilando a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco, un colectivo de derechos humanos formado por investigadores y abogados que proporciona investigación y apoyo jurídico a las comunidades afectadas por Hudbay.