Que reafirmen el fallo de inocencia del 18 de octubre en juicio a cinco destacados defensores del agua
San Salvador – El 28 de octubre, la Fiscalía General de la Republica de El Salvador optó por apelar el veredicto histórico en el juicio contra cinco destacados defensores ambientales en El Salvador, quienes fueron arrestados por cargos falsos en enero de 2023.
El 18 de octubre, el tribunal que presidió el juicio de los cinco defensores del agua salvadoreños dictaminó que los cinco son inocentes de los presuntos cargos de asesinato y asociaciones ilícitas de los que se les acusaban.
Lea la declaración oficial en español y traducida al inglés de la comunidad de Santa Marta, El Salvador, cuyos líderes comunitarios estaban entre los juzgados, en respuesta al anuncio de la apelación.
El comunicado denuncia el “intento de la Fiscalía General de la República salvadoreña de seguir utilizando el sistema judicial para perseguir el activismo ambiental y manipular la justicia restaurativa y transicional para criminalizar a los defensores ambientales que alertan sobre los graves peligros de la minería”.
El 1 de noviembre, 14 organizaciones internacionales que han jugado un papel clave en la campaña de solidaridad internacional para denunciar los cargos falsos, y que se pronunciaron sobre el veredicto del 18 de octubre, emitieron el siguiente comentario en respuesta al anuncio de la apelación:
Aplaudimos el veredicto del 18 de octubre del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que no encontró evidencia alguna de un delito y declaró inocentes a los cinco defensores del agua y los puso en libertad. Condenamos la apelación del Fiscalía del 28 de octubre de este veredicto. Instamos a la Cámara de Apelaciones de Cojutepeque a preservar la justicia y reafirmar la inocencia de los cinco defensores del agua salvadoreños.
El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque dictaminó que los fiscales no proporcionaron evidencia de la existencia de un delito, no pudieron vincular a los acusados con el presunto delito y que el presunto delito en sí no clasificaba como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra.
A pesar de esa clara resolución, que dictamina que no existe base legal para procesar el caso de los cinco y que no hay pruebas suficientes que establezcan la presencia un crimen, la Fiscalía persiste en su intento de perseguir injustamente a cinco destacados líderes comunitarios, que fueron actores fundamentales en promover la histórica ley de 2017 que prohíbe la minería metálica en El Salvador y que han seguido siendo clave en los esfuerzos para proteger a comunidades salvadoreñas y preservar los bienes naturales.
Esto subraya aún más nuestras preocupaciones de que la administración de Bukele esté tratando de retornar la minería al país, e incluso podría revocar la ley que prohíbe la minería a cambio de la inversión extranjera de corporaciones mineras transnacionales.
Es vital que la justicia siga prevaleciendo. Como organizaciones internacionales, nos unimos a la comunidad de Santa Marta para pedir a la Cámara de Apelaciones Cojutepeque que reafirme el fallo de inocencia del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
Ese fallo que puede ser cuidadosamente considerado como una señal positiva de la independencia judicial en El Salvador, y reafirmarlo sobre la misma base legal garantiza aún más que la ley se aplique de manera justa y en favor de la justicia, honrando y defendiendo los valores de un juicio justo. Alentamos a los administradores de justicia salvadoreños a fomentar una mayor independencia judicial e implementar políticas que defiendan el activismo ambiental en función de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos.
En lugar de insistir en prolongar más este proceso, la Fiscalía General de la República debería pedir disculpas a los cinco líderes y a la comunidad de Santa Marta, y dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres que se cometieron contra la comunidad de Santa Marta y otras comunidades. La comunidad de Santa Marta sufrió atrocidades brutales durante la Guerra Civil, y nos sumamos a los llamados para que se haga justicia real a las víctimas de esos crímenes de guerra.
Esta declaración la publican las siguientes 14 organizaciones, que publicaron una declaración el 18 de octubre después del veredicto del juicio: Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, Americas Policy Group/Groupe d’orientation politique pour les Amériques (APG-GOPA), the Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), Comité de Solidaridad con el Pueblo el El Salvador (CISPES), Fronteras Comunes, CoDevelopment Canada, Instituto de Estudios Políticos – Proyecto Minería y Comercio, InterPares, MiningWatch Canada, Pax Christi Internacional, Fundacion SHARE, Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Iglesia Unida de Canadá, Sociedad Ética de Washington.
Contactos:
- John Cavanagh, Instituto de Estudios Politicos (IPS): [email protected], +1 (202) 297-4823
- Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador: [email protected], + (503) 7498-4423
- Alexis Stoumbelis, Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), [email protected], +1 (202) 521-2510 ext. 205
- Olivia Alperstein, Instituto de Estudios Políticos (IPS): [email protected], +1 (202) 704-9011
- Viviana Herrera, MiningWatch Canada: [email protected], +1 (438) 993-1264
- Profesor Jorge Cuéllar, Miembro de la Delegation de Observación Internacional, [email protected]
- Profesor Bernie Hammond, Miembro de la Delegation de Observación Internacional, [email protected]