Las organizaciones internacionales abajo firmantes expresan su profunda preocupación por la reciente escalada de actos de intimidación, acoso y difamación contra el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (en adelante, el Comité). Esta creciente intimidación se produce tras la adopción de importantes medidas de protección ambiental por parte del Ministerio de Ambiente de Colombia en el mes de agosto, y representa un grave riesgo para las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos.
El Comité es una plataforma cívica integrada por más de cuarenta organizaciones sociales que, desde 2009, trabaja para proteger el páramo de Santurbán, sus ecosistemas interconectados, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera en la región.
Durante varios años hemos apoyado al Comité en su incansable labor por defender el páramo que garantiza el abastecimiento de agua a más de dos millones de personas. Asimismo, hemos respaldado su valiente labor de visibilizar las preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales del proyecto minero de oro y cobre Soto Norte, propiedad de la empresa canadiense Aris Mining.
Su importante labor ha expuesto persistentemente al Comité y a sus integrantes a graves riesgos para la seguridad que en 2025 culminaron con la presentación de diversas denuncias ante las autoridades colombianas y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, así como con el envío de comunicaciones a la embajada de Canadá en Colombia y a Asuntos Globales Canadá, sin que, hasta la fecha, se haya recibido respuesta alguna por parte del Gobierno canadiense.
El 15 de julio, el Ministerio de Ambiente de Colombia anunció una nueva metodología para la delimitación progresiva de los páramos y publicó para consulta pública tres proyectos de resolución relacionados con Santurbán. Estos proponían avanzar en la delimitación progresiva del páramo (Resolución 0992); extender por dos años, hasta marzo de 2029, la Zona de Reserva temporal establecida en el Macizo de Santurbán; (Resolución 0970); y declarar 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja como Reserva de Recursos Naturales Renovables definitiva (Resolución 0994). Esta última medida fue posteriormente revocada el 13 de agosto tras un fallo judicial que ordenó reiniciar el proceso para garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información y el debido proceso.
En este contexto, en los días y semanas posteriores al anuncio inicial de los tres proyectos, se intensificó una campaña de señalamientos y estigmatización en redes sociales contra el Comité, asociando falsamente a sus miembros con grupos armados ilegales, con actividades de minería ilegal en el páramo y otras actividades delictivas; señalandolos como “falsos ambientalistas”; e intentando desacreditar su legítimo derecho a participar en las decisiones relativas a la protección del agua y del páramo.
Nos preocupa profundamente que, además del daño a la reputación del Comité, estas acciones pongan en peligro la seguridad y la integridad física de sus integrantes, así como el ejercicio de su labor como personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos. Además, es motivo de preocupación para la sociedad civil y las personas que viven, dependen y defienden ecosistemas estratégicos la reciente derogación de las resoluciones que protegían el bioma de la Amazonía colombiana y el páramo de Santurbán y sus ecosistemas interconectados.
Reafirmamos nuestro respeto y admiración por la importante y valiente labor del Comité, así como nuestro compromiso de seguir trabajando en solidaridad para defender estas medidas de protección.
Nos sumamos al reciente llamado de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, a las autoridades colombianas para que investiguen estos hechos, garanticen la seguridad de las personas defensoras y reconozcan públicamente la legitimidad de su labor en la protección de los derechos humanos y del ambiente.
Asimismo, instamos al Estado colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección del Comité y de sus integrantes, y a responder de manera contundente y efectiva a la reciente intensificación de las campañas de estigmatización, intimidación y amenazas contra su seguridad.
FIRMANTES:
- Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA)
- Common Frontiers
- Institute for Policy Studies (IPS) – Global Economy Program
- MiningWatch Canada