Tras una solicitud de acceso a la información, los documentos dados a conocer por el Departamento Canadiense de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional (DFAIT) plantean serias preocupaciones respecto al comportamiento de la Embajada Canadiense en México. Con relación al conflicto suscitado a partir de las actividades mineras de la empresa Blackfire Exploration, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, que derivaron en el asesinato de un activista, y que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) iniciara una investigación por corrupción, todo parece indicar que la Embajada canadiense prestó apoyo fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la empresa minera en este país.
De los documentos difundidos se desprende que, en el caso de Blackfire, la Embajada efectivamente proporcionó apoyo incondicional a la empresa, a pesar del comportamiento de la misma y de estar informada de las tensiones asociadas en torno a la mina, porque desde una fase temprana del proceso, la Embajada tuvo conocimiento del conflicto entre Blackfire y las comunidades locales. Los documentos también demuestran que la Embajada sabía que Mariano Abarca era un destacado activista comunitario que se oponía al proyecto minero Payback. En julio de 2009, en presencia de funcionarios diplomáticos, Abarca pronunció un discurso ante la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Un mes después la Embajada reportó haber recibido 1,400 cartas sobre Abarca tras su detención, motivada por la queja interpuesta por un representante de Blackfire en México. Sin embargo, aún después del asesinato, de la clausura de la mina y de las denuncias por corrupción, la Embajada siguió defendiendo a la empresa ante funcionarios mexicanos, además de entregar información a la Blackfire que le permitiera demandar al estado de Chiapas por clausurar la mina, de acuerdo ello al marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El análisis de los documentos de DFAIT, así como de materiales adicionales, da credibilidad a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el apoyo activo e incuestionable brindado por la Embajada Canadiense a la empresa Blackfire, pudo haber desincentivado el interés de la empresa para acatar las leyes locales e internacionales. En segundo lugar, al actuar de esta manera, la Embajada incumplió las propias políticas de Canadá, además de las obligaciones internacionales del país para promover el respeto universal a los derechos humanos.