Al cumplirse 5 años de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por su muerte. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ y adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente.
Al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
Al Gobierno del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam
Al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva
Al Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird
Al Ministro de Relaciones de Comercio Exterior, Ed Fast
Al Ministro de Justicia de Canadá, Peter MacKay
A la Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky
El 27 de noviembre de 2014 se cumple el quinto aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire, por los daños sociales y ambientales que se estaban generando en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México. Todos los detenidos y castigados por su muerte tenía una relación con la empresa minera canadiense Blackfire. Jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por su muerte. Blackfire también está bajo investigación por corrupción del presidente municipal por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal para que controle la creciente protesta social en contra de sus operaciones. La mina de Blackfire se clausuró después de apenas dos años de operación por daños ambientales.
Pese a que la Embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida de Mariano, ni para asegurar que la empresa canadiense no viole las leyes en México ni siquiera las leyes de Canadá – en particular la Acta en Contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA por sus siglas en ingles) – sino que se distanció de la investigación, defendió la reputación de la empresa y asesoró a la trasnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano a través del Capitulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto según el informe Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio, producto de una investigación exhaustiva hecha por tres organizaciones canadienses en 2013.
Los procesados por el asesinato de Mariano han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber sido involucrado en su asesinato nunca fueron investigados con cabalidad. Se señaló que por lo menos 13 personas – todas vinculadas con la empresa – deberían de haber sido incluidas en tal investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010, contra el entonces Presidente Municipal de Chicomuselo, por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino, no ha sido respondida.
En marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses interpusieron una queja bajo CFPOA y ante la policía federal de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. En julio de 2011 la policía federal canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), basado en la evidencia conclusiva presentada, allanó la oficina de Blackfire en Calgary. Pero después de tres años y media la investigación sigue abierta.
Ante esta situación, demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte del Sr. Mariano Abarca Roblero y por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ que canaliza 100% del cuerpo diplomático de Canadá para promover los intereses privados y que en su lugar se adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente. La RCMP tiene a mano todo lo necesario para concluir con la investigación de soborno por parte de Blackfire y para mandar sus conclusiones a la oficina del Fiscal de Canadá. Demandamos que esta oficina se pronuncie cuanto antes sobre el caso. Ambos países, Canadá como México, han suscrito instrumentos en materia de Derechos Humanos por lo que exigimos una respuesta de procuración de justicia.
Atentamente,
