Este informe proporciona casos en profundidad para ejemplificar las cuatro tendencias destacadas en la carta abierta internacional "Solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores: en riesgo por la industria minera que busca aprovecharse de la pandemia". Estas tendencias representan una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de las comunidades y organizaciones que han estado luchando para defender la salud pública y sus entornos contra la destrucción y devastación del extractivismo minero durante décadas, así como para la seguridad de los trabajadores en el sector minero.

Este informe examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales - particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería - que afectan sus inversiones. El informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor. La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley.  

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y tomar de medidas localmente, regionalmente, nacionalmente, e internacionalmente, para resistir el asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

Este informe documenta las actividades actuales de la Fundación El Dorado, establecida originalmente por Pacific Rim Mining en El Salvador en 2005, y continuada en la actualidad por su sucesora, OceanaGold. Ambas compañías han buscado desarrollar un polémico proyecto de minería de oro en el Departamento de Cabañas, al noroeste de El Salvador, actualmente suspendido en la fase de exploración.